Somos un Colectivo que produce programas en español en CFRU 93.3 FM, radio de la Universidad de Guelph en Ontario, Canadá, comprometidos con la difusión de nuestras culturas, la situación social y política de nuestros pueblos y la defensa de los Derechos Humanos.

sábado, 30 de junio de 2018

En Guatemala la vida se ha vuelto una prueba de resistencia contra adversidades.

Zona de desastre
Por Carolina Vásquez Araya

Al clausurar la zona devastada por las recientes erupciones del volcán de Fuego por ser de alto riesgo, las autoridades guatemaltecas ponen un sello a la búsqueda de víctimas y con ello impiden a los deudos cerrar su duelo. La tragedia, por lo tanto, continuará para cientos de familias sumidas en la incertidumbre y el dolor de haber perdido no solo sus hogares sino también a familiares, vecinos y amigos. Para quienes no hemos experimentado una pérdida semejante resulta imposible comprender la dimensión del drama de estas personas quienes, además de quedar a la deriva, se enfrentan a la dura realidad de depender de un Estado incapaz de ofrecer el apoyo mínimo que corresponde en estos casos.
Guatemala se ha convertido en zona de desastre y no alrededor de un volcán, sino alrededor de un congreso y un palacio de gobierno. Los extremos de ineptitud, indolencia y rapacidad (literal: adicto al robo y la rapiña) de sus autoridades han socavado las bases mismas de la institucionalidad y transformado al Estado en un monumento a la perfidia política. Hoy es imposible remontar hacia una ejecución transparente del presupuesto nacional o a la hipotética implementación de políticas públicas favorables al desarrollo de los sectores más necesitados. Quienes claman por un giro de timón de un presidente ausente e incapaz saben de antemano que no hay salida digna para esta administración, más que una renuncia en masa.
Para hacer el cuadro más ilustrativo del estado de la Nación hay que echar un vistazo al sector justicia, un pilar fundamental para la sostenibilidad del estado de Derecho en cualquier país del mundo. Las presiones descaradas contra los pocos jueces probos e incorruptibles dan testimonio del pánico presente entre los empresarios y políticos cuyas acciones han llevado al país al extremo de inestabilidad en el cual se encuentra. El avance de los procesos contra ex gobernantes, militares y miembros prominentes del sector empresarial ha sido torpedeado con recursos legales pero ilegítimos gracias a las trampas pergeñadas por los congresistas desde ya hace muchas décadas.
El acoso descarado de los magistrados de la Sala Tercera contra la jueza Erika Aifán, quien tiene a su cargo casos paradigmáticos contra la impunidad y la corrupción, demuestra sin lugar a dudas el nivel de pánico de quienes se ven afectados por el desempeño ético y probo de una representante del poder judicial y es una prueba contundente de los extremos a los cuales es capaz de llegar un pacto de corruptos cuyo único propósito es apoderarse de todos los estamentos del Estado y eliminar cualquier posibilidad de recuperación de la integridad institucional.
En Guatemala se habla de colapso del Estado, pero la realidad es una ausencia de Estado en toda su extensión. Es como si este hubiera sido reemplazado por una estructura paralela con intereses totalmente ajenos y opuestos al bienestar de la población, enseñando claramente cuáles son sus planes para la apropiación total de cualquier espacio de poder político y económico. La catástrofe no se avecina, ya está presente en el país y cualquier posibilidad de reversión de las malas decisiones ha sido bloqueada nada menos que desde las más altas instancias del gobierno. Se podría formular una ecuación matemática con los componentes actuales del poder (gobierno militar con careta civil) y desde ahí calcular las perspectivas de salir de la crisis actual sin perder del todo las oportunidades de consolidar un sistema democrático ya medio ausente del escenario. La crisis no viene, ya está instalada y solo queda buscarle la salida.

Las fumarolas anuncian desastre desde las instituciones mismas del Estado.
www.carolinavasquezaraya.com

elquintopatio@gmail.com

El suplicio de ser haitiano o descendiente de haitianos en República Dominicana

Ilka Oliva Corado.
Dos países hermanos, afros descendientes con una mezcla de la inmensa cantidad de esclavos traídos por los reinos de Francia, España y los corsarios holandeses y anglos durante cinco siglos. Dos países que comparten una isla en medio del mar, con el mismo tejido social y con la mínima diferencia del idioma: en República Dominicana se habla el castellano y en Haití el creole. 

Ambos países empobrecidos, invadidos, asaltados y dominados por mafias que han tomado los gobiernos durante décadas. Oligarquías que reproducen el odio, el racismo y la exclusión a su conveniencia. Que esclavizan y expulsan. 

No hay mucha diferencia cultural entre Haití y República Dominicana, tampoco de explotación pues en ambos países como en el resto de América Latina las dictaduras se han hecho presentes durante décadas, cortando el desarrollo de los pueblos y obligándolos a la miseria y a las migraciones forzadas. 

República Dominicana y Haití comparten el mismo gusto por la comida y la música caribeña, como (Cuba y Puerto Rico) el color de piel y la raíz africana, tal vez siendo un poco más oscuros los haitianos, tonalidad que les crea enorme conflicto al pisar tierra dominicana pues son discriminados por las autoridades gubernamentales, policiales y la sociedad en general. Como sucede con los africanos en Europa y los latinos en Estados Unidos. 

Es duro migrar hacia República Dominicana en esas condiciones, país hermano, hijo de la misma matriz. Aunque no es nueva la migración de haitianos hacia el país vecino y tampoco los conflictos políticos entre ambas naciones; porque una discriminación sistemática establecida desde el gobierno del dictador Trujillo menosprecia a todo haitiano y lo cataloga como haragán, ladrón, sucio e ignorante. Táctica que lo benefició durante décadas, (y beneficia hasta la fecha a las oligarquías) no suficiente se propuso cortar de raíz con la migración haitiana y realizó una limpia por el territorio fronterizo en la que también se perdieron vidas de dominicanos pobres, de piel oscura. 

Fue en 1937 cuando ordenó la Masacre del Perejil, mandando a matar a 30 mil haitianos entre hombres, mujeres, niños y niñas que vivían en pobreza extrema y con trabajos poco remunerados, prácticamente en condición de esclavitud. Migración a la que él llamó el “problema haitiano” y consideró una “invasión” que suponía un eminente peligro para República Dominicana en el factor sociopolítico y cultural. 

Fuerzas militares y policiales se dedicaron a ir casa por casa pidiéndoles pronunciar la palabra perejil, que los haitianos en su poco español (pues hablan creole) no sabían pronunciar muy bien y eso los evidenciaba, y así fue como los masacraron con machetes, hachas , chuchillos, palos y pistolas; los cuerpos fueron lanzados al río Dajabón de 55 kilómetros que separa a Haití de República Dominicana desde el año 1976. A partir de esa masacre y la sangre que lo tiñó lo llaman río Masacre. 

Aunque pareciera que aquello quedó en el pasado, que es parte de la historia y que se aprendió de ésta, la desmemoria el clasismo y el racismo lo repite con diferentes métodos pero con el mismo fin: expulsar a los haitianos de República Dominicana. Dos consignas prevalecen: “el tema haitiano y la invasión”. Mismas que son utilizadas estratégicamente cuando los gobiernos han querido desviar la atención y algo grande se cocina debajo de la mesa. 

Los haitianos son utilizados como carne de cañón y los exponen como la peste que ha tomado a República Dominicana. El tema de la ilegalidad, como la denominan las fascistas, que buscan convertir al ser humano pobre y sin derechos en un objeto explotable y desechable. El sueño de Trujillo y de muchos presidentes que vinieron después de él, se ha hecho realidad en el 2013. 

Con la sentencia 168-13 el Tribunal Constitucional de República Dominicana dictaminó que los niños nacidos en el país de personas que no son ciudadanas no pueden ser considerados dominicanos porque sus papás eran migrantes en tránsito. Esta decisión retroactiva dejó sin status legal a personas que las convirtió prácticamente en apátridas. Es una segregación, un Apartheid. 

Fue una puñalada por la espalda a miles de migrantes haitianos que llegaron en 1949 como braceros a trabajar en el corte de caña de azúcar, en un programa autorizado por ambos gobiernos. (Justo como el Programa Bracero entre Estados Unidos y México, que Estados Unidos después de utilizar la mano de obra de estas personas las deportó y no pagó derecho laboral alguno ni mucho menos les dio la residencia como prometieron.)

La medida se aplica a todas las personas nacidas en el país desde el año 1929 al 2013. Es decir, el Estado le quitó nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registradas como dominicanas lo cual quita los derechos fundamentales tales como: el derecho a la personalidad, al nombre, a la nacionalidad, a la familia y al trabajo. 

Sin duda es un golpe contra la inmigración haitiana pues en República Dominicana se calcula que viven de 700 mil a un millón de haitianos de forma indocumentada y convierte a los dominicanos hijos de haitianos en ciudadanos de segunda categoría y representa el abuso y la explotación gubernamental al frenar su acceso: a la educación, a trabajos dignos y formales, a beneficios de la seguridad social y al sistema de justicia. Esto viene a ser un complemento del genocidio cometido por Trujillo, sin duda alguna. 

La reacción inmediata de organismos internacionales en Derechos Humanos hizo que el gobierno en el 2014 creara el “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación migratoria irregular en la República Dominicana”, que permite que las personas nacidas en Haití puedan recibir su residencia legal si pueden comprobar fehacientemente que han vivido en República Dominicana desde antes del 2011, muchos no pudieron y se regresaron por propia voluntad o fueron deportadas. 

Esta ley segregó a las personas afectadas en dos grupos: el Grupo A, consistente en personas nacidas en República Dominicana y asentadas en el registro civil dominicano como tales, y el Grupo B, consistente en personas nacidas en República Dominicana que nunca fueron registradas en el registro civil.

Dentro de este Plan de Regularización existe la posibilidad de un permiso de residencia llamando Residencia Temporal Ordinaria que es algo parecido a un TPS que es renovable cada 18 meses. 

Pero 4 años han pasado y siguen las denuncias de ciudadanos que ingresaron toda su papelería y que están estancados porque quienes ejercen la autoridad migratoria realizan anomalías para atrasar los trámites y que las personas no obtengan su ciudadanía o su residencia. 

Se multiplican las denuncias de abuso de autoridad e insultos xenófobos y racistas por parte de las mismas hacia la comunidad haitiana e hijos de haitianos nacidos en República Dominicana. 

La sentencia 168 y la ley 169 ha hecho que el país se divida en quienes apoyan la estadía y la legalización de dominicanos de ascendencia haitiana y en quienes exigen su inmediata deportación. Idéntico como en Estados Unidos con la comunidad latinoamericana indocumentada. No hay gran diferencia entre los racistas anglos y los afros dominicanos, ¿o sí?

Este trato de menosprecio y exclusión, el abuso y los insultos racistas ha hecho que los mismos haitianos e hijos de haitianos se auto excluyan para evitar cualquier problema con las autoridades que los coloque en situación de deportación. 

Como en Estados Unidos, en República Dominicana realizan puestos de requisas y suben a los autobuses a pedir documentos y quien no los tenga es deportado a la brevedad; inclusive teniéndolos en orden muchos haitianos o hijos de estos se sienten en peligro porque saben muy bien que el racismo puede hacer que una autoridad los deporte con cualquier excusa. 

Y por otro lado, tristemente cientos de dominicanos salen huyendo de su país y se avientan al mar en yolas, pequeñas embarcaciones artesanales para buscar llegar a Estados Unidos vía Puerto Rico, y si no son interceptados por la Guardia Costera de su país y regresados lo son por la Guardia Costera de Puerto Rico que los deporta. 

Si la pobreza extrema que vive República Dominicana hace emigrar de esa forma a su pueblo (que ahora busca para Chile y Perú tal como el haitiano) imaginemos el trato que reciben los haitianos en aquel país. 

República Dominicana es ante los ojos del mundo el paraíso de playas tropicales y turismo sexual. Claro está que este último no tan expuesto como el primero, pues lo manejan los mismos que manejan las leyes migratorias del país: las grandes mafias criminales desde la oligarquía. 

Por inverosímil que parezca República Dominicana que le quitó la nacionalidad a sus propios hijos, solo por ser de ascendencia haitiana. 

¿Ya ven cómo el racismo, la homofobia y el clasismo son mal de la humanidad y no de un país? 

Y la pregunta del millón: ¿Y nosotros cómo tratamos a los migrantes indocumentados en nuestros países de origen? ¿Ofrecemos alguna día para la residencia y la ciudadanía o solo tiramos la piedra y escondemos la mano?

@ilkaolivacorado 
24 de junio de 2018, Estados Unidos.

Pence: otra gira monroísta

Ángel Guerra Cabrera
La tercera gira latinoamericana de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, está dirigida principalmente a acabar con el gobierno constitucional de Venezuela. No es ningún secreto. Los voceros oficiales estadunidenses han reiterado que uno de los propósitos del periplo es fortalecer el aislamiento de Caracas y ya sabemos cómo traducirlo.  Por cierto, el presidente Nicolás Maduro ha sido electo por un porcentaje superior de votos que la mayoría de los mandatarios del Grupo de Lima, deleznable coalición imperialista antivenezolana.  Otro objetivo del viaje es el intento de apaciguar los ánimos en la región ante la cruel separación de los niños migrantes de sus padres y, en general, la política de tolerancia cero, repudiada internacionalmente. Lo que explica su reunión con los presidentes de Honduras, El Salvador y Guatemala, países más afectados por dicha medida.
Pero aparte de ese tema, el enviado de Trump ha viajado a algo más que supervisar y fortalecer la conspiración contra la patria de Bolívar. No es casual que su primera visita fuera al gobierno golpista de Brasil. Allí existe el máximo interés de Washington en mantener a Lula, candidato puntero, en la cárcel para impedir a toda costa que gane la presidencia en las elecciones del año próximo. Imaginemos el revés que significaría para el imperio un nuevo gobierno de Lula en Brasil el año próximo, unido a la inminente elección de Andrés Manuel López Obrador en México, dos gigantes geoeconómicos y geopolíticos, que con gobiernos populares, pueden inclinar mucho la balanza de poder en América Latina y el Caribe hacia los intereses de los pueblos. 
Ese desenlace constituiría una verdadera pesadilla para Washington después del enorme esfuerzo que ha realizado para arrasar por distintas formas con los gobiernos progresistas y revolucionarios de la región. Sea mediante golpes de Estado contra los presidentes Manuel Zelaya (Honduras), Fernando Lugo (Paraguay) y Dilma Rousseff (Brasil). Más los intentos frustrados de derrocar a Hugo Chávez y Nicolás Maduro en Venezuela, donde, en vista de sus fracasos, el Comando Sur y la CIA experimentan el golpecontinuado, preludio de la invasión militar con la que ha amenazado el presidente Donald Trump. Asimismo, los golpes frustrados y la subversión permanente contra los presidentes Evo Morales y Rafael Correa (este último hasta cumplir su mandato). Sin olvidar la feroz campaña mediática e intentos subversivos contra Cristina Fernández de Kirchner, que mucho dificultaron su ejercicio del gobierno. El paquete, claro, incluye el reforzamiento del bloqueo y la subversión contra Cuba.
Unamos esto a la descomposición de los regímenes neoliberales, como se aprecia en la gigantesca impopularidad de Temer y la ascendente de Macri, o el histórico avance de la izquierda en Colombia con Gustavo Petro.  Ello, sumado a la resistencia cada día mayor en esos países y, en general, nuestra América, contra el despojo, la criminalización de la protesta social y la degradación ambiental ocasionados por el neoliberalismo.
Es fácil comprender por qué Pence va por su tercera gira conspirativa, además de las que han hecho otros funcionarios, como el ex secretario de Estado Rex Tillerson, quien confesó la devoción de la administración de Trump por la expansionista Doctrina Monroe.  Debe subrayarse también la febril actividad golpista e intervencionista contra Venezuela de los legisladores cubanoestadunidenses, muy especialmente Marco Rubio, especie de escudero antilatinoamericano de Trump. Igualmente, las tácticas de guerra de cuarta generación que prepararon en Nicaragua desde hace años, éste y otros legisladores de la misma mafia.  La ley conocida como Nica Act, para privar de créditos a la patria de Sandino, es obra principalmente de la legisladora miamense de origen cubano Ileana Ross-Lehtinen.
En resumidas cuentas, el viaje del vicepresidente Pence confirma la tenaz voluntad de Washington de liquidar los actuales y futuros gobiernos populares en nuestra región. Mucho más cuando la hegemonía yanqui se resquebraja ante la emergencia de China y Rusia y los exitosos esfuerzos de éstas por crear una gran zona de cooperación asiática y una unión de países opuestos al hegemonismo y a la guerra.
En nuestra América continúa la lucha por la democracia, la independencia y la justicia social, aunque suframos retrocesos, y los acontecimientos que estamos viendo nos indican que la victoria será de nuestros pueblos. Métaselo en la cabeza Mr. Pence.
Twitter: @aguerraguerra

México: el pueblo tiene que estar despierto y alerta

Ilka Oliva Corado

Desde el gobierno de Calderón se está ejecutando en México con todas las estrategias renovadas el Plan Cóndor, algo a lo que llamaron “guerra contra el narcotráfico” para encubrir el genocidio que realiza el gobierno mexicano contra la población más golpeada sistemáticamente y a todo aquella que se atreva a denunciar y a levantar la voz defendiendo el ecosistema o los Derechos Humanos. 

Es por esa razón que diariamente son asesinadas, torturadas y desparecidas en México, docenas de personas de las cuales los medios de comunicación corporativos jamás informarán a la sociedad, o tergiversarán la información para ensuciar sus nombres y favorecer a las clicas que trafican desde los altos mandos del gobierno. 

Pueblos enteros están siendo eliminados en esos falsos enfrentamientos que presentan los medios como enfrenamientos entre narcotraficantes contra policías o ejército. Es al revés, la policía y el ejército entran a estos pueblos para violar niños, niñas, adolescentes y mujeres mientras torturan a los hombres, para después asesinarlos a todos y desaparecerlos en las fosas clandestinas. 

Son miles de casos de denuncias en el Ministerio Público, de padres de familia que exigen que aparezcan con vida sus hijos que fueron levantados por la policía y el ejército. Son cientos de cuerpos los que aparecen diariamente en fosas clandestinas: desmembrados con señales de tortura. Y son encontrados porque familiares no han desistido de buscarlos estado por estado, pueblo por pueblo. 

La agenda de Estados Unidos y los medios que manipulan la información movilizan las temáticas hacia Venezuela para ocultar el genocidio que vive México. Mediáticamente han creado un monstruo de nombre Maduro para que lo odie la sociedad y teman convertirse en otra Venezuela, en la Venezuela que les dibujan en calco con todo programado para la manipulación en masas; pero mientras tanto en esos países con gobiernos neoliberales se realizan los desfalcos más grandes de las últimas décadas: ecocidios, desapariciones forzadas y en el caso de México el genocidio migrante y el genocidio de la población mexicana, es el país donde más feminicidios se realizan en Latinoamérica. 

Han sido más de 10 de años de exterminación indígena en México. Diez años asesinado por canastadas a cuanta persona se niega a dejarse arrancar la dignidad. La fachada de la guerra contra el narcotráfico les ha funcionado muy bien. El Plan Mérida y el Plan Frontera Sur ha instalado el terror en la población, con esto el gobierno dirigido por las oligarquías e injerencistas como Estados Unidos han tomado el control de todo el país. 

Una guerra contra el narcotráfico que ayuda a ocultar todo lo que sucede a puerta cerrada en el gobierno. Un guerra que es la excusa perfecta para intimidar a la población y no tenga reaccionar ante los desfalcos, las ventas de tierra, la eliminación de recursos en educación, salud, infraestructura y cultura. Mafias que han empobrecido más al país que obliga a las migraciones forzadas. 

México es el gigante de América Latina, es el hermano mayor de todos, para su desgracia está a la par de Estados Unidos a quien le resulta tan fácil menospreciarlo, utilizarlo y saquearlo. Las oligarquías fieles a su origen colaboran facilitando las estrategias y ejecutando todo lo que Estados Unidos les ordena. Ponen títeres de presidentes y establecen con marca registrada las propagandas que idiotizan a las masas, porque saben explotar muy bien: su racismo, clasismo, homofobia y doble moral. 

Pero no todo está perdido, en México han existido milenariamente pueblos que se resisten al abuso y al olvido, y siguen en pie luchando por sus derechos y sus tierras. Por la justicia. Estos pueblos están con Manuel López Obrador, quien les ha ofrecido un cambio radical en el país. Las oligarquías saben el poder que tiene un pueblo despierto y que no se deja engañar. En unos días se realizarán elecciones en el país y las mafias harán hasta lo imposible por arrebatárselas a López Obrador. 

El pueblo tiene que estar despierto y alerta. México se merece una oportunidad. López Obrador les puede fallar y si eso sucede tendrán cómo enfrentarlo, si siguen luchando, pero si las grandes mafias siguen en el control del poder, en México sin lugar a dudas seguirán los ríos de sangre y las versiones renovadas de la famosa y solapada guerra contra el narcotráfico. 

@ilkaolivacorado
28 de junio de 2018, Estados Unidos.

La fortuna de la banca privada en América Latina


La fortuna de la banca privada en América Latina
8 min. lectura
El patrimonio total de la banca en Latinoamérica alcanzó los 378 mil millones de dólares en 2017. La cifra es un 6,2 por ciento más elevada respecto del 2016, cuando la banca acumulaba una fortuna de 355 mil millones de dólares, y un 7,4 por ciento mayor en relación con 2015, cuando el monto era de 352 mil millones.
La riqueza de los bancos en América Latina sigue en aumento a pesar de las carencias de su servicio. En la última década, las entidades duplicaron la cantidad de tarjetas de crédito y débito en circulación pero no avanzaron al mismo ritmo en la apertura de nuevas sucursales o en la incorporación de puestos de trabajo.
Los datos sobre los niveles de inclusión financiera en la región, es decir, la cantidad de individuos con cuenta bancaria tradicional, indican que el 50 por ciento de la población adulta continúa sin tener acceso al sistema. La banca no tiene interés en incorporar a los individuos de menores recursos y con elevado riesgo crediticio.

Los activos y las utilidades netas del negocio bancario.

El patrimonio de las entidades muestra el esplendor de la banca en la región, pero no es el único dato relevante. La tarea de entender el poder de los bancos en Latinoamérica requiere mirar en detalle otros números centrales del sector.
El volumen de los activos bancarios (sin descontar el pasivo de las entidades) alcanzó, el año pasado, unos 4 billones de dólares (4.000.000.000.000 dólares). El otro dato notable es el de las utilidades netas (ganancias) acumuladas cada año por el conjunto del sistema financiero. En 2017, la cifra fue de 51 mil millones de dólares con un incremento del 10,8 por ciento respecto del año anterior. Cinco países concentraron el año pasado el 90 por ciento de estas ganancias netas: Brasil (embolsó 29 mil millones de dólares), México (7 mil millones), Argentina (5 mil millones), Chile (4 mil millones) y Colombia (3 mil millones).

Detalle de utilidades netas en Latinoamérica,
en millones de dólares

20162017Var i.a. %
Brasil$ 23.538$ 28.83923
México$ 5.218$ 7.01834
Argentina$ 4.701$ 4.578-3
Chile$ 2.906$ 3.63625
Colombia$ 3.782$ 2.545-33
Panamá$ 1.240$ 1.50521
Guatemala$ 498$ 57415
República Dominicana$ 480$ 4820
Paraguay$ 373$ 43517
Ecuador$ 222$ 39678
Uruguay$ 81$ 356340
Bolivia$ 304$ 298-2
Costa Rica$ 434$ 297-32
Honduras$ 217$ 2201
Nicaragua$ 167$ 1712
El Salvador$ 140$ 1529
Total$ 46.453$ 51.50211
Fuente: Elaboración propia en base a datos del mercado.

El gran negocio de las tarjetas de crédito y de débito

El trabajo de elaborar series estadísticas homogéneas para conocer cuáles son los principales rubros de beneficio de la banca a nivel regional no es sencilla, porque los balances contables de los bancos incluyen muchas particularidades locales. Esto no implica que no puedan encontrarse fuentes de ganancia similares para los bancos en todos los países, entre las que se destaca el negocio de las entidades con las tarjetas de crédito y débito. CELAG realizó la estimación de las ganancias a nivel regional que genera este segmento.
Tarjeta de crédito y de débito en circulación,
en América Latina

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Felaban.
El primer dato relevante para estimar los beneficios embolsados por los bancos en el negocio de las tarjetas es la cantidad de los plásticos en circulación. Los datos de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban) indican que existen cerca de 892 millones de tarjetas emitidas en la región, de las cuales unas 604 millones son de débito y otras 288 millones de crédito. Solo en Brasil, la economía de mayor peso de la región, circulan unas 340 millones de tarjetas de débito y otras 173 millones de crédito.
El otro dato importante es el monto de las operaciones realizadas al año con estas tarjetas. En promedio, cada tarjeta de débito de la región registra transacciones por 733 dólares al año, en tanto que cada tarjeta de crédito registra 1.149 dólares. Esto implica que, al año, el negocio de las tarjetas mueve pagos totales por 774 mil millones de dólares.
Los analistas del sector aseguran que la banca embolsa, en un escenario moderado, en torno al 1 por ciento de este volumen de transacciones a través de distintos mecanismos (comisiones directas sobre las transacciones negociadas con los procesadores de pagos, cobro por emisión y renovación de los plásticos, costo de resumen de cuentas, entre otros). El resultado es que el negocio de las tarjetas de crédito genera más de 7 mil millones de dólares al año para la banca regional, una cifra cercana al 15 por ciento de las utilidades netas del sector.
Estimación de montos operados con tarjetas
en América Latina

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Felaban.

Los bancos que más ganan

La banca privada en Latinoamérica es la que consigue apropiarse de los mayores beneficios en el sistema financiero. Las consultoras del mercado realizan estimaciones año a año para ver cuáles son las entidades que reportaron mayor utilidad, incluyendo bancos públicos, privados locales y privados extranjeros.
En la región la banca que opera en el mercado de Brasil presenta los montos más elevados de ganancias, en una lista en la que le siguen México y Chile. Los primeros dos países son las economías más grandes de Latinoamérica, en tanto que Chile se destaca por su elevado nivel de profundidad financiera, lo cual permite a los bancos apuntalar sus balances contables.
En el listado que sigue se enumeran los 20 bancos con más activos de la región en función del mercado en el que operan y su propiedad: Banco do Brasil (opera en el mercado brasileño y es de propiedad estatal), Banco Itaú (brasileño y privado local), Caixa Económica Federal (brasileño y estatal), Bradesco (brasileño y privado local), Santander Brasil (brasileño y privado extranjero), BBVA Bancomer (mexicano y privado extranjero), Santander México (mexicano y privado extranjero), Banamex (mexicano y privado extranjero), Banorte (mexicano y privado local), Estado (chileno y estatal), Santander Chile (chileno y privado extranjero), De Chile (chileno y privado local), BCI (chileno y privado local), Bancolombia (colombiano y privado local), Safra (brasileño y privado local), Itaú Corporación Banca (chileno y privado extranjero), BTG Pactual (brasileño y privado local), Crédito (peruano y privado local), Nación Argentina (argentino y estatal) y HSBC México (mexicano y privado extranjero). Gran parte de estas entidades son privadas locales y extranjeras. El Estado debería recuperar un rol activo en el sistema financiero regional con bancos de desarrollo y entidades estatales que apuesten por las nuevas tecnologías.

Poca inversión, menos empleo y muchos desafíos para la banca

El sistema financiero incrementó en forma notable sus negocios en los últimos años pero no acompañó estos beneficios con inversiones de peso ni generación de puestos de trabajo. La comparación entre 2009 y 2016 muestra que, en la mayoría de los países de la región, la cantidad de empleados del sector respecto a la cantidad de adultos de la economía se mantuvo en niveles muy similares. Una de las excepciones fue Panamá, país que después de la crisis de 2008 retomó su impulso como paraíso fiscal.
Empleados del sector bancario cada 100 mil adultos,
en 16 países de la región

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Felaban.
En términos agregados puede detallarse que en 2016 se registraron 385 empleos en los bancos por cada 100.000 latinoamericanos adultos. Esto equivale a 1.450.000 personas trabajando en el sistema financiero en 2016. Se trató de una caída del 0,8 por ciento del empleo respecto del 2015. La tendencia sobre los niveles de empleo en el sector quedará más clara cuando se informen los datos agregados para 2017. Pero entre los documentos de investigación sectorial elaborados por los propios bancos ya se defienden por la caída de los puestos de trabajo asegurando que la tendencia global en todas las actividades es que la tecnología reemplace a las tareas manuales.
Estos análisis resultan poco relevantes si se tiene en cuenta que los bancos en Latinoamérica siguen sin alcanzar con cuentas bancarias a más de la mitad de la población. ¿Cómo puede ser que la banca no genere nuevo empleo si todavía le falta la mitad de su trabajo por hacer?
Los bancos tienen una enorme deuda pendiente con los sectores vulnerables debido a la falta de inclusión financiera. El 50 por ciento de los adultos mayores que no tienen una cuenta bancaria deben recurrir a préstamos de financieras con tasas de usurarias para acceder al crédito. Los Estados deberían potenciar el compromiso para revertir esta situación y conseguir que la banca reinvierta parte de sus beneficios extraordinarios para atender las necesidades de los segmentos de menores recursos.
La innovación en el sector avanza a pasos acelerados y ya existen tecnologías suficientes para que el conjunto de la población tenga la posibilidad de hacer pagos digitales, refinanciar sus créditos con tasas de mercado (y no con los costos de usura de las financieras) y acceder a nuevos canales de ahorro. El monopolio de la banca no debería limitar su masificación.

viernes, 29 de junio de 2018

Israel ayudó a los escuadrones de la muerte en América Latina (I)

Monitor de Oriente
La embajadora estadounidense en la ONU, Nikki Haley, anunció el miércoles pasado que su país se retira del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU. Haley, nombrada por Trump, acusó al consejo de ser “una cloaca de prejuicios políticos” y de ser “hostil hacia Israel.”
También criticó a ACNUR por no considerar ninguna resolución contra Venezuela u otros países que Washington considera sus enemigos oficiales. No es de extrañar que Venezuela y otros gobiernos de izquierdas latinoamericanos hayan criticado a menudo los abusos contra los derechos humanos perpetrados por Israel.
Esto se debe a diversos factores, incluido el gran número de población palestina refugiada y de la diáspora que vive en Sudamérica, y el hecho de que el pueblo de Latinoamérica ha sufrido muchas veces el imperialismo estadounidense, al igual que los ciudadanos del mundo árabe. Sin embargo, existe otro factor muy relacionado con este último. Israel cuenta con décadas de historial de apoyo militar, político y de inteligencia a las dictaduras más derechistas, represivas y asesinas de América Latina. De nuevo, no es de extrañar que estos regímenes asesinos hayan operado a menudo coordinados con Estados Unidos.
Este hecho dota de una ironía amarga al sermón hipócrita de Haley acerca de los “abusadores contra los derechos humanos” a los que, según ella, protege ACNUR. Uno de los mejores libros que hay sobre este tema fue publicado en 1991 y escrito por Alexander y Leslie Cockburn: Dangerous Liaison, “La historia del interior de la relación encubierta entre Estados Unidos e Israel y las actividades internacionales que ha servido para esconder.”
La conexión de Israel con las dictaduras más brutales de América Latina alcanzó su auge en los 80, cuando el país estaba gobernado por políticos de derechas como Menachem Begin y Ariel Sharon. También prosperó bajo los auspicios de los supuestos políticos sionistas “de izquierdas”, como David Ben-Gurion y el ganador del premio Novel Shimon Peres, quien, como escribí en mi última columna en MEMO, justificó el armamiento de una dictadura en República Dominicana citando descaradamente principios mercenarios.
De hecho, la conexión es más antigua que el propio Estado de Israel. Allá por 1939, la Haganá – la milicia sionista pre estatal que lideró después la limpieza étnica de Palestina en 1948 y se transformó en las Fuerzas de Defensa de Israel – estableció vínculos con el general Anastasio Somoza García, el dictador que entonces gobernaba Nicaragua. El hijo de García, Anastasio Somoza Debayle, también gobernó después el país con puño de hierro.
Somoza padre era un hombre tan cruel que se dice que el presidente estadounidense Franklin Roosevelt dijo sobre él que “puede que sea un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta.”
Este líder del régimen de tortura nicaragüense ayudó a contrabandear armas para las milicias sionistas ilegales durante la ocupación del Mandato Británico en Palestina. También ayudó a los agentes de la Haganá proporcionándoles pasaportes y ayudándoles a colar armas durante la limpieza étnica del pueblo de Palestina en 1958.
Décadas después, el terrible historial de abusos contra los derechos humanos de Somoza hijo demostró ser demasiado vergonzoso incluso para su principal partidario en la Casa Blanca. La administración del presidente Jimmy Carter le abandonó debido a los bombardeos, torturas y ejecuciones indiscriminadas de su régimen. Rápidamente, las empresas israelíes saltaron a llenar el vacío dejado por Washington. La ayuda del anciano Somoza a la causa sionista en el 40 se cita a menudo como justificación por este nuevo suministro de armas al terrible gobierno de Nicaragua.
Después de que Somoza hijo fuera expulsado por la revolución de izquierdas sandinista de 1979, Estados Unidos, gobernado por Ronald Reagan, se negó a aceptar la pérdida de este aliado. Con ayuda de Israel, Reagan intentó expulsar al gobierno sandinista.
La Agencia Central de Inteligencia (CIA) estadounidense lo hizo al crear un ejército cuya mayoría de reclutas eran torturadores y asesinos que formaron parte de las antiguas fuerzas armadas de la dictadura de Somoza. Estos escuadrones de la muerte fueron apodados los Contras, por la contrarrevolución, ya que luchaban contra el gobierno revolucionario de izquierdas.
En Estados Unidos, Reagan hizo propaganda de los Contras como “luchadores por la libertad” en contra del comunismo, pero la mayoría de la gente no se lo creyó. El Congreso prohibió a la Casa Blanca proporcionar más armas a los Contras, citando preocupaciones respecto a sus historial de abusos contra los derechos humanos, que incluía tortura, violaciones y ejecuciones.
Una de las formas en las que la CIA evadió estas restricciones fue empleando la ayuda de Israel como un “atajo” para ayudar ilegalmente a los Contras. Los israelíes usaron varios medios para ello; uno de los más irónicos fue el envío de antiguas armas de la OLP a los Contras.
En 1982, Israel invadía Líbano para acabar con la Organización para la Liberación Palestina, el organismo político y militar líder del pueblo palestino. El ala armada de la OLP resistió firmemente, y el avance israelí hacia la capital libanesa, Beirut, fue lenta. Sin embargo, al final Estados Unidos negoció la salida de la OLP del país. Esto resultó en la infame masacre de 3.000 refugiados palestinos indefensos en los campamentos de refugiados de Sabra y Shatila, en los suburbios del sur de Beirut, ejecutados a sangre fría por milicias cristianas aliadas de y ayudadas por Israel.
Asa Winstanley. Editor asociado con The Electronic Intifada, periodista de investigación que vive en Londres y que visita Palestina regularmente desde 2004

El reportero Max Blumenthal destapa el financiamiento del NED-USAID para ejecutar un golpe en Nicaragua



Blog Resistencia 2.0
El reconocido escritor y bloguero norteamericano, Max Blumenthal, publicó recientemente un amplio reportaje donde destapa el plan de financiamiento del organismo National Endowment for Democracy (NED), para ejecutar el golpe de Estado en Nicaragua, a través del Movimiento Estudiantil 19 de Abril (M-19), el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP ) y la llamada Alianza Cívica por la Democracia.
A continuación el reportaje de Bluementhal
Mientras que algunos medios de comunicación corporativos han retratado al violento movimiento de protesta que atrapa a Nicaragua como una corriente progresista de base, los propios estudiantes del país han dejado ver todo lo contrario.
A principios de junio, un reducido grupo de activistas opositores de Nicaragua fueron a reunirse a Washington, DC, con la cabeza del grupo derechista de defensa del Estado estadounidense Freedom House. El grupo opositor, conocido como M19, estaba allí para suplicar a Donald Trump y otros funcionarios de derecha del gobierno de los Estados Unidos que los ayudaran en su lucha contra el presidente nicaragüense Daniel Ortega.
En una gira a la capital de EE. UU., los dirigentes del M19 posaron para las fotos con algunos de los neoconservadores más notorios del Congreso de los EE. UU .: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio y la representante Ileana Ros-Lehtinen. Los M19 también fueron guiados a las reuniones con altos funcionarios del Departamento de Estado y la organización de poder bélico USAID. Allí, se les aseguró que contarían con el apoyo rotundo de Washington.
Un mes antes de las reuniones del M19 con legisladores ultraconservadores en Washington, una publicación financiada por el brazo de cambio de régimen del gobierno de Estados Unidos, National Endowment for Democracy (NED), afirmó sin rodeos que las organizaciones respaldadas por NED han pasado años y millones de dólares "sentando las bases para la insurrección" en Nicaragua.
 

Este artículo que se jacta abiertamente de la intromisión de los Estados Unidos se publicó en el sitio web de noticias enfocado en América Latina, Global Americans, y fue escrito por el académico estadounidense Benjamin Waddell , director académico de la Escuela de Capacitación Internacional en Nicaragua. Después de la publicación de este artículo, Global Americans reemplazó el término "insurrección" con la palabra más inocua "cambio". Sin embargo, el título original aún se puede ver en la URL del artículo.
A pesar de la alteración cosmética, el artículo de Waddell ofrece una evaluación notablemente sincera del impacto de las inversiones sostenidas de National Endowment for Democracy en la sociedad civil nicaragüense. Las conclusiones del autor se hicieron eco inadvertidamente de las del presidente nicaragüense Daniel Ortega y sus partidarios, que han enmarcado las protestas como una trama cuidadosamente montada respaldada hasta los dientes por Washington.
"La prensa internacional describió la rápida escalada de disturbios civiles en Nicaragua como una explosión espontánea de descontento colectivo, desencadenada por los cambios del gobierno al sistema de seguridad social". Waddell escribió que "cada vez es más claro que el apoyo de los Estados Unidos ha ayudado a desempeñar un papel en el fomento de los levantamientos actuales".
En otro pasaje llamativo, concluyó Waddell, "la participación actual de la NED en nutrir a los grupos de la sociedad civil en Nicaragua arroja luz sobre el poder del financiamiento transnacional para influir en los resultados políticos en el siglo XXI".
Una historia de intromisión
El NED es un agente líder del poder blando de Estados Unidos que se ha metido en asuntos de otros países desde su fundación en el apogeo de la Guerra Fría en 1983. Su primer éxito tuvo lugar en Nicaragua, donde incubó trajes anti sandinistas como el diario La Prensa a través de un recorte, PRODEMCA, que también fue financiado encubiertamente por aliados de Oliver North.
En 1990, los sandinistas fueron derrotados en las urnas por la candidata derechista Violeta Chamorro, cuya familia era dueña de La Prensa. La victoria de Chamorro representó la culminación de casi $ 16 millones de dólares en subvenciones de NED a partidos políticos y medios de comunicación antisandinistas.
"Mucho de lo que hacemos hoy fue hecho encubiertamente hace 25 años por la CIA", comentó Allen Weinstein, fundador de la NED, en 1991.
En los años que siguieron, la NED y sus socios han ayudado a impulsar las elecciones para los candidatos neoliberales de derecha en Rusia y Mongolia en 1996; fomentó un golpe que expulsó del poder al presidente democráticamente electo de Haití , Jean Bertrand Aristide; y dirigió a millones hacia el desmantelamiento del gobierno socialista de Venezuela, un esfuerzo continuo complementado por aplastamiento de las sanciones de Estados Unidos.
Las protestas que han estallado en Nicaragua han vuelto a enfocar la influencia del NED. Según Waddell, la NED ha gastado $ 4,1 millones en el país desde 2014, ayudando a que 54 grupos se conviertan en actores importantes en la escena política y "sentando las bases para la insurrección".
La red respaldada por Estados Unidos detrás de las protestas
Los disturbios que paralizaron a Nicaragua fueron provocados por el anuncio de reformas al sistema de seguridad social. El Fondo Monetario Internacional y un grupo paraguas de empresas locales insistieron en cambios que elevarían la edad de jubilación y privatizaron gradualmente las clínicas de salud, amenazando algunas de las ganancias más importantes de la revolución sandinista.
Cuando Ortega respondió con una propuesta que habría exigido una mayor contribución al sistema por parte de las empresas y los jubilados, con los dueños de negocios pagando la mayor parte, un sector del público explotó con indignación.
Las caras más visibles del movimiento anti Ortega no han sido los jubilados afectados por las reformas de la seguridad social, sino los estudiantes urbanos, políticamente no afiliados, que buscan una victoria total y han forjado una alianza con los opositores de la derecha.
Mientras tanto, hombres enmascarados con morteros y armas de fuego han formado la primera línea de los bloqueos viales que ya han drenado la economía de Nicaragua de unos $ 250 millones en ingresos. Hasta la fecha, unas 170 personas han sido asesinadas en el caos. A medida que aumenta el número de muertos en ambos lados, hablar de una nueva guerra civil parece una posibilidad más que remota.
Desde que comenzaron los disturbios, la NED tomó medidas para ocultar los nombres de los grupos que financia en Nicaragua con el argumento de que podrían enfrentar represalias del gobierno. Pero los principales receptores de respaldo de Washington ya eran bien conocidos en el país.
Hagamos Democracia , o Let's Make Democracy, es el mayor receptor de fondos NED, cosechando más de $ 525,000 en subvenciones desde 2014. El presidente del grupo, Luciano García, que supervisa una red de reporteros y activistas, ha declarado que Ortega ha convertido a Nicaragua en un "Estado fallido "y exigió su renuncia inmediata.
El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas ( IEEPP ) de Managua, cuyo presidente es Félix Maradiaga, recibió al menos $ 260,000 del NED desde 2014. Las subvenciones se destinaron para apoyar el trabajo del IEEPP en la capacitación de activistas para "fomentar el debate y generar información sobre seguridad y violencia. "El financiamiento también cubrió los esfuerzos para monitorear la "mayor presencia de Rusia y China en la región", una prioridad obvia para Washington.
Tan pronto como se iniciaron las violentas protestas contra Ortega, el director de IEEPP, Félix Mariadiaga, sacó a la luz su agenda. Ex líder global del Young World Forum educado en Yale y Harvard, fue elogiado por La Prensa por "sudar, sangrar y llorar junto a los jóvenes estudiantes que han encabezado las protestas en Nicaragua que continúan desde abril hasta finales de mayo".
Cuando La Prensa le preguntó si había alguna forma de salir de la violencia sin un cambio de régimen, Mariadaga fue franco: "No puedo imaginar una salida en este momento que no incluya una transición a la democracia sin Daniel Ortega".
"Nos hemos dado una imagen terrible"
Este junio, Mariadaga dirigió una delegación de oposición a Washington para denunciar el gobierno de Ortega ante la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. A él se unió Anibal Toruno, director de Radio Darío, otro receptor de apoyo desde hace mucho tiempo de NED ( PDF ) y uno de los centros clave de los medios anti Ortega en la ciudad nicaragüense de León.
Mientras Mariadaga estaba en Washington, la policía nicaragüense lo acusó de supervisar una red criminal organizada que ha asesinado a varias personas durante los violentos disturbios que se han apoderado del país. Mariadaga criticó las acusaciones como una "persecución política" y una "acusación ridícula", pero pospuso su regreso a Nicaragua. El Departamento de Estado de EE. UU. lo respaldó con una declaración de apoyo vehemente.
Al mismo tiempo, un grupo de manifestantes de las protestas contra Ortega estaban en Washington para presionar al gobierno de Trump en busca de ayuda para derrocar al líder de su país.
Entre los funcionarios de EE. UU. que recibieron a los estudiantes figura el director de USAID, Mark Green. "Necesitamos apoyar a aquellos que defienden las cosas en las que debemos creer", dijo Green sobre los estudiantes, en una entrevista con McClatchy .
Además de NED, USAID ha sido el promotor más activo del cambio de régimen contra los gobiernos de orientación socialista en América Latina. En Nicaragua, el presupuesto de USAID superó los $ 5.2 millones en 2018, con la mayoría de los fondos destinados a la capacitación de la sociedad civil y las organizaciones de medios.
 
El viaje de los estudiantes nicaragüenses a Washington fue financiado por Freedom House , un socio de NED financiado por el gobierno de Estados Unidos cuya agenda típicamente se alinea con el ala neoconservadora del establecimiento de la política exterior estadounidense.
Freedom House elaboró un itinerario para los estudiantes que culminó con una sesión fotográfica con algunos de los republicanos más belicosos de Washington: los senadores Ted Cruz y Marco Rubio, y la representante Ileana Ros-Lehtinen.
De regreso en Managua, otra prominente líder estudiantil, Harley Morales, se tambaleó con disgusto ante la aparición de sus compañeros en el Capitolio. "Fue terrible", dijo Morales al periódico El Faro. "Ellos (Cruz, Rubio y Ros-Lehtinen) son la derecha republicana extrema. Estamos muy descontentos con este viaje; fueron pagados por los Estados Unidos y se les impuso una agenda. Nos hemos dado una imagen terrible”.
Aunque esperaba "un plan de corrección de errores", Morales admitió que el control de poderosos intereses externos sobre los manifestantes estudiantiles era cada vez más estricto. "Todos los movimientos ahora tienen asesores", se lamentó. "Motores y agitadores. Hijos de políticos, empresarios... Tienen una línea política muy clara ".
 

Nueva gira conspirativa de EEUU contra Nuestra América



El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, aterrizó este martes en Brasil, primera escala de su tercera gira conspirativa contra Nuestra América, que además incluirá Ecuador y Guatemala, y que tiene el clarísimo propósito de restaurar el dominio de Washington en la región que siempre ha considerado su patio trasero. 
El recorrido de Pence ocurre tras ponerse en vigor por el actual inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, la denominada política de “tolerancia cero”, que separa a los hijos de los migrantes latinoamericanos en territorio norteamericano, y los confina en centros de hacinamiento y hasta enjaulados. 
Esa cruel y racista medida del magnate Trump ha generado una ola de rechazo en este hemisferio y en toda la comunidad internacional, al ser considerada una flagrante violación de los derechos humanos de los infantes y de sus padres. 
Precisamente el más reciente periplo del Vicepresidente de EEUU por la Patria Grande tiene entre sus “misiones” aplacar las reacciones contrarias a la postura antiinmigrante de “tolerancia cero” que daña a los ciudadanos de la mayoría de las naciones de Nuestra América. 
Sin embargo, el objetivo cardinal de sus visitas a Brasilia, Quito y Guatemala es alentar la política de asedio y agresiones del Pentágono y la Casa Blanca contra la Venezuela Bolivariana, e incitar la subversión y la desestabilización en la Nicaragua Sandinista, y la Bolivia de Evo. 
Venezuela y el recién reelecto democráticamente mandatario Nicolás Maduro continúan siendo las “presas más preciadas del águila imperial” para, según el plan perverso diseñado por Washington, acabar definitivamente con los gobiernos populares en la Patria Grande. 
Le siguen los líderes de Nicaragua, Daniel Ortega, y de Bolivia, Evo Morales, lo que explica los hechos violentos que desde hace dos meses protagonizan delincuentes financiados por la derecha en el país centroamericano, y las frecuentes campañas mediáticas y acciones sediciosas contra el proceso de cambio en la nación andina. 
Por supuesto que Pence en la agenda de esta gira por América Latina lleva como otra prioridad impedir a toda costa que el expresidente de Brasil Lula Da Silva sea excarcelado y participe como candidato en las elecciones de este año en el gigante sudamericano. 
La Casa Blanca sabe muy bien que Lula puede vencer en la consulta popular de octubre venidero en Brasil, lo que evidentemente cambiaría la correlación de fuerzas en Nuestra América, luego de un eventual triunfo de Manuel López Obrador en los comicios del próximo domingo 1 de julio en México. 
Washington anda muy apresurado frente a lo que puede ser un regreso al progresismo y de facto otro revés para sus enfermizos intereses de dominación en la Patria Grande. No por gusto Pence realiza por estos días su tercer recorrido conspirativo por la región.

“Para liberar a Lula se necesitan lanzar grandes y permanentes movilizaciones populares”

Entrevista a Gilmar Mauro, dirigente del Movimiento de los Sin Tierra

Brasil vive, como otros países del continente una coyuntura difícil. Con Lula encarcelado y las encuestas señalando que es el candidato con más expectativa de voto, una gran parte del pueblo se pregunta cuando recuperará la libertad y volverá a agitar calles y pueblos en aras de cambiar este gobierno ultra reaccionario. En Sao Paulo pudimos entrevistar a Gilmar Mauro, miembro de la dirección del Movimiento de los Sin Tierra, y con él hablamos de cuál es la actual situación de la batalla por liberar a Lula de la prisión injusta y vengativa a la que lo ha condenado el gobierno de Temer. Esto es lo que nos respondió el referente campesino:
Gilmar Mauro.– Es una situación que todavía no se decide. Hubo señales bien positivas recientemente cuando aconteció el juzgamiento de la presidenta nacional del PT Lezie Jofman, la segunda turma del STF juzgó que ella no cometió crimen. Con eso abrió la puerta para que este martes 26 se decidiera en el marco del juzgamiento de Lula, la posibilidad para que saliera de la cárcel. Nuevamente hay que tener en cuenta que el poder judicial brasilero, siempre estuvo al lado del gran capital y es por eso que hay una decisión política de que Lula no sea candidato.
En los últimos días esta posible definición se había cambiado con la situación de la lucha social, hay una situación de que Lula crece en la opinión pública, y que los candidatos derechistas no logran ese objetivo. Con eso se crea una situación de una inestabilidad política muy grande en Brasil. De lo mismo puede derivarse el hecho de que Lula fuera liberado. De nuevo el tribunal TF4 que es el tribunal regional federal de Río Grande do Sul se apresuró a hacer el juzgamiento de un recurso que retenían desde hace bastante tiempo sin juzgar. Ahora ellos resolvieron juzgar ese recurso negando los pedidos de los abogados de Lula. Con eso abre puertas en el ST que las otras veces ya se mostró contrario a Lula.
Carlos Aznárez.– Si el Tribunal vuelve a postergar el juicio y Lula sigue preso, ¿cuál sería la fórmula a aplicar para apurar su liberación?
Gilmar Mauro.– Es una batalla jurídica- política, evidentemente que se prolongará por algún tiempo. Eso sólo se decidirá si de hecho logramos realizar grandes movilizaciones de masas en Brasil. Hay una campaña internacional, hay solidaridad, crece en la población brasileña la idea de que Lula deba disputar las elecciones, pero una parte significativa del poder económico y del poder judicial brasileño no quieren que eso ocurran y van a jugar para que eso no ocurra. A nuestro juicio eso se alterará si nosotros logramos hacer movilizaciones grandes, lo que tampoco estamos logrando,. No hay grandes manifestaciones protagonizadas por el movimiento sindical brasileño, y lo mismo ocurre, aunque en menor medida, en los movimientos sociales. Pero hay un movimiento importante de intelectuales y artistas que está siendo motorizado por Chico Buarque y que tiende a reunir grandes artistas e intelectuales con una participación bastante significativa de la sociedad. Si eso se cordina con luchas de clases creo que creará una situación favorable a la salida de Lula.
Carlos Aznárez.– ¿No es extraño que pesar de las duras medidas ofensivas del gobierno de Temer no haya mayores respuesta de la población?
Gilmar Mauro.– Si, eso nos provoca una larga reflexión. Hay un problema histórico en la izquierda brasileña, principalmente lo que dice respecto a la estrategia política del último período que fue pensada para a través de los movimientos populares y sociales se transformara en fuerza y en disputa del poder institucional. Llegamos a la presidencia con Lula y la idea era que el poder institucional lograra fortalecer el poder popular. Una perspectiva de construcción de poder popular. Eso no ocurrió. Hubo en el último período un proceso de despolitización cuando el gobierno de Dilma, pero de alguna forma también con Lula. Se dijo que una parte significativa de la sociedad había llegado a pertenecer a otra clase. Cuando se pierde esa dimensión de clase, o más que eso, se maniobra en el sentido de que la identidad de clase no sea afirmada, se contribuye a un proceso de despolitización del proceso. Es verdad que en los gobiernos de Lula y Dilma la clase trabajadora ganó. Eso provocó una situación en que cuanto mejor fuera la situación económica la clase obrera vive mejor. Es también una disputa de clase económica. Pero eso no se articuló con un proceso de formación y politización. Dos: nuestras organizaciones en general, y no solamente en Brasil, en el mundo, fueron construidas para un tiempo histórico que ya no existe más. Son organizaciones, en general, defensivas. El movimiento sindical bastante articulado en el aspecto económico se transformó en un movimiento puramente economicista dejando de lado gran parte de la lucha política y el proceso de formación política. Algunos partidos, separándose de la vida real, se transformaron también en burocracia. A mi juicio no se puede separar la lucha económica de la lucha política así como no se separa el presente y el futuro, ni la teoría de la practica. Son movimientos dialécticos. Porque el sujeto en la lucha económica hoy puede ser el sujeto político mañana si la organización lo forma para eso. Entonces son organizaciones que se acomodaron de alguna forma con los beneficios que el gobierno de Lula trajo. Y cuando hubo el reverso de eso no estaban preparados y no estaban en condiciones de resistir desde el punto de vista político de clase. Había gente del movimiento sindical o de partidos de izquierda que decían que la lucha de clases era antigua que ya no se aplicaba al tiempo actual. Bueno ahora están dándose cuenta que la vieja lucha de clase está ahí y seguirá mientras haya clases sociales antagónicas. Entonces, esa situación creó una dificultad grande de movilización en grandes cantidades de gente en el último período. No es que no hubieran luchas. Además, estamos en un período de construcción de una unidad de un frente amplio para más allá de los procesos electorales.
Carlos Aznárez.– ¿El Frente Brasil Popular (FBP) puede ser una base de eso?
Gilmar Mauro.– Es una semilla interesante. Porque tuvimos en Brasil varios frentes pero marcadamente frentes en periodos electorales. Y ahora estamos construyendo algo a través del FBP que llamamos el Congreso del Pueblo que es un nuevo trabajo de base, que es un debate con la población para que el Pueblo indique cuáles son sus problemas y sus dificultades. A través de esos procesos también se estimule la participación popular para desarrollar una conciencia política para en el mediano y largo plazo poder efectivamente defender un proyecto unificado de país que sea un proyecto que discuta las cuestiones de fondo en Brasil, no solamente reformas periféricas.
Carlos Aznárez.– ¿Consideran importante el cuestionamiento a la actual democracia burguesa y su forma de construir?
Gilmar Mauro.– Nosotros siempre vemos las elecciones como una táctica de lucha, y hay que disputarlas. Pero no es solamente eso. Creo que la izquierda centró en eso la disputa más estratégica. Creemos nosotros que más allá de las elecciones existen un conjunto de tareas, de otras formas organizativas y de lucha que debemos emprender, avanzar sobre cosas nuevas. Si los movimientos están en una fase defensiva, coincido con el análisis de István Mészáros, en el sentido de que las organizaciones fueron construidas para un tiempo histórico que no existe más. Hubo un tiempo que el desarrollo del capitalismo permitía conquistas a la clase trabajadora. En el propio desarrollo de la democracia burgues. hubo luchas inmensas, se perdieron vidas en defensa de la democracia, pero permitían conquistas. Hoy el sistema del capital no permite más conquistas, al contrario, estamos asistiendo a derrotas en todo el mundo, son reformas al contrario, incluso en Europa, en los estados de bienestar social. Dos, hay una crisis politica grave del Estado, incluso porque la propia lógica del Estado nacional permite eventualmente aquí o en otros sitios que alguien de izquierda gane para el capital, ya no interesa eso, hay un dominio económico internacional pero el mismo tiene que transformarse en un dominio político más absoluto. Tres, la gente tampoco cree en estas instituciones. No cree en el Parlamento, no cree en el poder judicial, no cree en el ejecutivo. Yo me agarro del ejemplo de lo ocurrido en Grecia. Se elige alguien de izquierda dice que no va a pagar nada. Hace un plebiscito. Reafirma eso y después tiene que ceder al capital financiero. Entonces cómo pedir a los griegos que voten nuevamente. Entonces se deriva en una crisis grave. Así como en América Latina vemos situaciones muy complicadas y que la gente ya no cree en eso. Pero también es un momento peligroso en cierto sentido porque las crisis abre puertas a la izquierda porque las contradicciones del capital se quedan más explícitas pero no es sinónimo de que avanzaremos. En otros momentos de crisis vivimos fascismos y guerras. Ahora estamos lidiando con guerras e ideas fascistas y de derecha que se retoman en todo el mundo. Por eso es un momento de disputa política. Por eso en nuestro caso pensamos que la elección cumple un papel importante pero no basta quedarse en las elecciones, hay que construir otras cosa. Yo soy un hombre de organización. Creo en la idea de organizarse y reivindicar la memoria histórica. La lucha no nació con nosotros ni terminará con nosotros. Otros lucharon como ustedes y como tantos otros en el mundo pero es necesario pensar la formación de cuadros, es necesario pensar formas de participación popular, células de poder popular, es necesario pensar la conspiración política contra los enemigos nuestros y de la humanidad. Por eso hay que fortalecer las organizaciones existentes y crear nuevas formas rescatando toda la experiencia histórica. Eso es algo fundamental en este momento histórico.

Niños y niñas en guerra: un drama que se multiplica


La Jornada 

La inadmisible participación de niños en los conflictos armados viene siendo motivo de inquietud en diversos países y regiones del mundo, porque el problema, con su trágica numeralia de víctimas, muestra una constante tendencia al alza. El más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas sobre el tema se encarga de potenciar esa justificada inquietud: de acuerdo con el organismo internacional, este año se ha incrementado notablemente el número de incidentes violentos que involucran a menores de edad en entornos de conflicto, sin que las partes protagónicas de éstos se preocupen por la integridad del sector más vulnerable de sus respectivas sociedades. Tal parece que en la mecánica demencial de los contendientes está incluido el sufrimiento y el exterminio de quienes no sólo tienen derechos naturales y legales plasmados en decenas de acuerdos, tratados, declaraciones y diversos documentos vinculantes, sino que son los encargados y encargadas de seguir garantizando la continuidad de nuestra especie.
Son varios los países (especialmente de África y Asia, pero también de Europa y América Latina) donde niños y niñas padecen, por efecto de guerras tácitas o explícitas, exclusión social, desintegración familiar, abandono, hambre, desarraigo, falta de educación, abusos de distinta índole –los sexuales incluidos–, lesiones, heridas y en no pocos casos la muerte. Generalmente separados de su familia, los niños de la guerra frecuentemente también encarnan el doloroso doble papel de víctimas y victimarios, utilizados como económica mano de obra combatiente por alguno o todos los bandos involucrados en la pugna.
A pesar de la crecida cantidad de organizaciones civiles o gubernamentales de alcance regional o internacional que denuncian las diferentes situaciones bélicas en donde resultan afectados los niños (y es difícil encontrar alguna donde no lo sean), el fenómeno, lejos de remitir, crece y se repite año con año. Organizaciones especializadas en esta cuestión coinciden en estimar que durante el decenio anterior más de un millón de niños y niñas han muerto en conflictos armados, y un número muy superior ha recibido serias heridas físicas, a las que se suman secuelas sicológicas difíciles de medir a corto plazo pero en todo caso tan graves como lamentables.
Tan extendida es la participación de los menores de edad en los escenarios de guerra, que los especialistas en el tema han llegado a crear una verdadera taxonomía sobre el particular. Así, clasifican a los pequeños en heridos, mutilados y discapacitados; explotados (obligados a realizar trabajos forzados o explotados sexualmente; encarcelados (por su presunta o probada vinculación con alguna de las fuerzas en conflicto); huérfanos (que muchas veces pertenecen también a alguna de las otras categorías) y desplazados, que han dejado atrás, con frecuencia sin compañía ninguna, la tierra donde nacieron y el entorno en el cual deberían haberse desarrollado.
Hacer una reseña de la barbarie y la crueldad a las que son sometidos niños y niñas involucrados en luchas que no iniciaron y ni siquiera entienden, es una tarea que realizan organismos que en general se muestran preocupados por el problema y las consecuencias que el mismo puede tener para el futuro de la humanidad, y que sin duda resulta meritoria. Pero si esa tarea no va seguida de medidas para acabar con la aberración que representa los niños de la guerra, y que deben llevar a cabo en primer lugar los gobiernos de los países donde tienen lugar las pugnas, pero también todas las naciones y organizaciones multinacionales capaces de incidir desde fuera en los conflictos, el trabajo corre el riesgo de quedar como un mero inventario de atrocidades.

Violencia armada en Nicaragua: un producto importado


 (investigación)

La manera en que las fuerzas de desestabilización han venido manifestándose en Nicaragua durante los últimos meses, debe enmarcarse en una región donde la violencia armada y paracriminal representada en bandas como la Mara Salvatrucha (MS-13) y la Calle 18 (M18), que han mutado de bandas callejeras a desempeñarse en niveles medios del crimen organizado, sirven de peones en la defensa de la industria internacional del narcotráfico. Ganar el territorio nicaragüense, ajeno al control paramilitar de sus instituciones, a la causa del narcotráfico y sus derivados criminales, se convierte en parte de los móviles para presionar por el cambio de régimen en el país.

Origen transnacional de las pandillas centroamericanas

Las pandillas en Guatemala, Honduras y El Salvador, naciones ubicadas en lo que se conoce como el Triángulo del Norte, son el resultado de países alterados por el destino de repúblicas bananeras que Estados Unidos determinó en función de alimentar su estatus de superpotencia.
Durante los conflictos armados de los años 70 y 80, más de 1 millón de personas emigraron producto de las cruentas guerras en Centroamérica, donde Estados Unidos tuvo un papel clave en el financiamiento de grupos mercenarios; recordemos a los Contra, para evitar la llegada al poder, o la consolidación en el caso de Nicaragua, de gobiernos alternativos. Esa es la causa principal que determinaría el grueso de la historia contemporánea de Centroamérica, allí donde la violencia de los años 70 se une, en un mismo trayecto, en un mismo plan, con la terrible ola de violencia que actualmente azota a Nicaragua.
Volviendo a la emigración forzada. Los que tomaron como destino el norte del continente americano, obligados a la clandestinización, se formaron en las prácticas de crimen común, vandalismo y el narcotráfico como respuesta de sobrevivencia a la violencia cotidiana. En el año 1996 se implementó en Estados Unidos la deportación masiva de inmigrantes. Como consecuencia, 200 mil ciudadanos, la cuarta parte de ellos presos por estar relacionados a la cultura pandillera, fueron trasladados a Honduras, Guatemala y El Salvador.
Allí comienza la transnacionalización de las Maras, una de las formas sociales más famosas de un amplio espectro de criminalidad. Los grupos violentos absorvieron a las pandillas locales e importaron los códigos de un nivel de violencia criminal más organizado, con el aditivo de un flujo de armas adquiridas ilegalmente en los estados fronterizos de Estados Unidos.
En ese contexto, se ubica el triunfo y desarrollo de la revolución sandinista, que enfrenta su propia condición, o fatalidad, según se vea, a nivel geopolítico: estar en el corredor de tráfico de drogas que viaja desde los Andes con destino a los grandes mercados de las urbes norteamericanas. El enfoque ideológico con que Nicaragua aborda la penetración de bandas criminales es contrastable con las soluciones presionadas por la Agencia de Control de Drogas (DEA) y aplicadas en los países del Triángulo del Norte, diezmado por el MS-13 y el M18.
El Estado nicaragüense ha confrontado a pandillas locales menos violentas, a través de una articulación entre las fuerzas de seguridad nacional y la ciudadanía, conformando grupos de vigilancia comunitaria y logrando la identificación y desmovilización temprana de agentes del caos en barrios y localidades, con el fin de desescalar la violencia en el país. El resultado es tan evidente que ni organizaciones mundiales han podido negar la excepcionalidad con sus vecinos fronterizos: Nicaragua es conocido como el país más seguro del planeta.
Sin embargo, el fortalecimiento de las Maras en las débiles estructuras estatales del Triángulo del Norte, que se profesionalizaron, expandiendo su participación a actividades de extorsión, crimen organizado y el tráfico de drogas y personas, ha intensificado en el país la importación de células ligadas al pandillaje regional. Lugareños de Soto y San Lucas, poblaciones fronterizas con Honduras, sufren la intervención de estas bandas en su cotidianidad.
El arresto en 2017 de Sergio Umaña, presunto líder del MS-13, acusado de lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, es el antecedente más destacado de una serie de detenciones en departamentos fronterizos de Nicaragua que confirman la adquisición de propiedades y recursos logísticos, así como las intensiones de establecer células de la organización en ese país.

Torturas, incendios y asesinatos: emulación de células paramilitares

Ahora, con el surgimiento de las manifestaciones aparentemente pacíficas en abril de 2018, utilizando el modelo de revolución de color como línea de acción para forzar un cambio de régimen, se fija el enlace de los operadores intelectuales con grupos paramilitares que escalen el conflicto a un nivel mayor de violencia política. Mientras que toman y aseguran territorios valiéndose del caos, la campaña mediática inicial de cubrir con el manto cívico a los grupos violentos blanquea a los involucrados en los hechos y se los adjudican al gobierno de Daniel Ortega.
En Venezuela, por ejemplo, el plan de golpe de color se gestionó con el apoyo del paramilitarismo colombiano, sobre todo en los puntos candentes de la guarimba en los estados fronterizos como Táchira y Zulia. En Nicaragua, son las pandillas y Maras constituidas en los países vecinos las que acuden al llamado de los intereses transnacionales. Justamente es su forma de operar, la que sugiere su autoría en el rastro de horror de las más de 170 víctimas fatales que ha saldado la guerra irregular en curso.
Las similitudes en las formas de actuar de las agrupaciones criminales en el desarrollo del conflicto nicaragüense y las células pandilleras en regiones fronterizas, se observan en el uso de asesinatos selectivos, la extorsión, saqueos de negocios, control de las vías de comunicación y extorsión a la ciudadanía. El modus operandi que los indentifica.
Las denuncias hechas desde la cuenta de Twitter de la periodista Madelein García, son testimonios de las formas de tortura que grupos violentos utilizan para inflingir daño en la población.
Secuestrar y amordazar a las víctimas para golpearlas, amenazarlas de muerte y grabar las acciones que luego difunden en redes sociales, evocan las tácticas de terror que bandas paramilitares aplican en otros países. A finales del año pasado, miembros del MS-13 grabaron y luego publicaron en redes sociales la tortura y posterior asesinato de una menor de edad, un caso que no sólo impactó a la opinión pública sino que sirvió de propaganda para que el MS-13 se proyectara por encima de la capacidad policial de la autoridades salvadoreñas.
En distintos departamentos, que sufren el acoso de estos agentes ajenos a la comunidad, han delatado a estos grupos que, con la indulgencia de representantes de la oposición política, organismos no gubernamentales y la Iglesia católica, toman control de las vías de comunicación, imponen un estado de sitio, saquean negocios pequeños y extorsionan a los habitantes.
En León, departamento noroccidental de Nicaragua, ha registrado presencia de grupos encapuchados y armados, que aparecen en las protestas convocadas y abren fuego contra los manifestantes.
La imposición de los paros nacionales como medida de presión fue una estrategia empleada por las pandillas en 2015 contra el gobierno salvadoreño, que obligó a un paro de transporte, amenazando con matar a cualquiera que los desafiara. Asimismo ha funcionado en Nicaragua los llamados a trancar las calles y armar barricadas. En Madriz, el FSLN denuncia que actores extremistas y asociados a la dirigencia opositora han amenazado y extorsionado a la población con armas de fuego ante la negativa de sumarse a las barricadas para paralizar al país.
La intimidación, incorporando lenguaje de guerra en el entorno de los nicaragüenses, se ejecuta en la insercción en el territorio de estos ejércitos no regulares abocados al cambio del poder político.
Producir confusión entre atacantes y detonantes del conflicto también es parte de las tareas del paramilitarismo en la municipalidad de Yalaguina. Detuvieron a tres hombres armados que merodeaban un tranque realizado por opositores, uno de ellos de nacionalidad hondureña y que posiblemente está relacionado a la Mara en su país.
El asesinato selectivo de personas que alimenten la confrontación de los grupos opositores y el desprestigio de los procesos de diálogo convocados por el Estado nicaragüense se alternan con el mantenimiento del vandalismo interno que contenga, por medio de la instauración del terror, a la organización de las comunidades que han reestablecido la normalidad en sus localidades.
Es el caso de Mayasa, departamento del oeste que estuvo bajo asedio de las bandas armadas durante dos meses, y que hoy, liberadas de estas, relatan los vecinos del sitio.
Los focos de violencia, mayores en las regiones centrales y del norte del país, aumentaron vertiginosamente en el mes de junio, con un incremento en los sicariatos a miembros de los cuerpos de seguridad, dirigentes de movimientos políticos, instituciones públicas y organizaciones sociales, así como en los casos de incendios a hogares, escuelas y centros hospitalarios.
El cénit de los ataques se concentró en el este de la capital de Managua, cuando en un mismo día se registró el fallecimiento de 7 personas, entre ellas dos menores de edad, producto del incendio de una vivienda familiar causado en la madrugada del 16 de junio por grupos violentos, y el asesinato durante el día de Francisco Ramón Araúz Pineda y Antonio Fernández, que intentaban atravesar una barricada.
Araúz fue, además, incinerado por los terroristas mientras grababan la acción. Al 21 de junio, el Cuerpo de Bomberos Unificados, contabilizaba en 54 los incendios estructurales, 30 de ellos provocados por vándalos encapuchados.

Intereses bajo cuerda en el escenario internacional

Los medios privados, que conduce los eventos a la victimización de los operadores violentos, difundiendo acusaciones sin pruebas claras y aprovechándose de la fatalidad terrorista, apela a la ignorancia de sus espectadores internacionales para posicionar la narrativa de la violación de derechos humanos en el país por parte de las instituciones gubernamentales. Pero la mínima inmersión a la cadena de eventos que deterioraron a una región ejemplar en el área de seguridad nacional, hace imposible asociar al gobierno que dirigió las políticas para aislar la criminalización del país que Estados Unidos impuso en Centroamérica.
Ese estado de horror permanente, que en Nicaragua abre paréntesis a la normalidad que movimientos sociales sandinistas iniciaron en la década de los 90 en su territorio, es el azote diario de las naciones que la bordean, y que propagandistas de la democracia occidental omiten.
La violencia política de los 70 y 80 se transformó en la violencia criminal de las pandillas bajo el amparo o el desinterés de sectores corrompidos de los Estados. 52 asesinatos en un solo día fue la cifra más letal de El Salvador en 2015. 7 mil 172 homicidios fueron el saldo anual de 2012 en Honduras. Un día histórico para Guatemala, que tiene una tasa de 75 homicidios por cada 100 mil habitantes (el triple que el promedio anual de la región), es que pasen 24 horas sin que ocurra ningún asesinato. Transferir la configuración criminal de este triángulo, para contribuir al derrocamiento de Daniel Ortega, es cuestión de financiamiento a los vasallos adecuados.
Vuelven a la memoria Siria y Libia, remotas en distancia, pero cercanas en las intenciones del poder fáctico por desmantelar a los Estados de los países periféricos, un proyecto político que no conoce de fronteras y que se adapta a las características territoriales y culturales del sitio al que ataca. Las fichas, llámese Estado Islámico o Mara Salvatrucha, construidas en zonas balcanizadas, son funcionales a la caotización de territorios y tienen el potencial para fungir como actores no estatales en la pretenciones cada vez más urgentes, y menos eficaces, del orden mundial occidental por instaurar un estado de excepción global.
Justamente, con la deportación masiva de los años 90, el sincretismo con la violencia criminal en Estados Unidos, la mega plaza del narcotráfico que se consolidaba en Los Ángeles con su respectivo cordón umbilical en Centroamérica y la transformación del centroamericano precarizado por el conflicto armado en un obrero de la industria del narcotráfico, se sentaron los pilares para descabezar, en el momento indicado, a los países que aún se resisten a ser una maquila o que coloquen diques a las rutas del narcotráfico del cual depende Estados Unidos, tanto su gobierno como su enferma y destruida población.