Guatemala
La institución del
Procurador de los Derechos Humanos (PDH) ha constituido uno de los
principales pilares en la búsqueda de garantizar un Estado que respete
los derechos de toda la ciudadanía guatemalteca.
Fue instituida
constitucionalmente con el objeto de defender los derechos humanos
establecidos en la Carta Magna y, por consiguiente, en el ordenamiento
internacional correspondiente. A partir de 1986 se convirtió en un
factor fundamental que contribuyó a mermar las políticas violatorias de
derechos humanos que desde el Estado se implementaron durante el
conflicto armado. Siendo que las violaciones de los derechos humanos
persisten, es una institución vigente y necesaria.
La
investigación, el seguimiento y la sanción ética del PDH han sido
fundamentales para lograr mayores garantías sociales y políticas, en
especial tratándose de sectores sociales vulnerables que, en busca de
resolver problemas históricamente postergados y de frenar la persecución
y los crímenes políticos, recurren a la organización, protesta y
participación propositiva. En ese sentido, en el cumplimiento de sus
funciones, la institución del PDH ha enfrentado a grupos de poder
político, económico y militar comprometidos con violaciones de derechos
humanos. Esa ha sido la causa por la cual instituciones y funcionarios
pertenecientes a tales grupos comprometidos con violaciones en el pasado
y en el presente o controlados por estos mantienen una política
constante de desprestigio, ataque y bloqueo hacia dicha institución y
sus funcionarios.
El caso más grave ha sido protagonizado por el
Congreso de la República. En el afán de defenderse de señalamientos
certeros sobre prácticas reñidas con los parámetros democráticos y de
probidad —así como sobre casos de investigación que fundamentó la
Cicig—, quienes han dirigido dicho organismo en los últimos años han
llegado al extremo de bloquear asignaciones presupuestarias al PDH, con
lo cual han atentado contra los derechos de los trabajadores y las
trabajadoras que allí laboran. Contrario a la búsqueda de fortalecer el
ente constitucional, quienes han dirigido el Congreso han llevado al
organismo a desplegar una política atentatoria de las funciones del PDH,
incluso desobedeciendo resoluciones de la Corte de Constitucionalidad
al respecto.
Durante el gobierno de Jimmy Morales, el ataque y
bloqueo al PDH constituyó parte de la estrategia de la extrema derecha,
que, en su afán de mantenerse en el poder y de evitar la investigación y
el procesamiento judicial de corruptos y mafiosos, ha pretendido copar
toda institución estatal y ciudadana que le resulte contraria a sus
intereses y a su imaginario conservador in extremis . Su
capacidad para controlar organismos del Estado, medios de comunicación
masiva, etcétera, ha sido esencial para el crecimiento de una corriente
de pensamiento simple y maniqueo que considera a la institución del PDH
como defensora de delincuentes.
Sin duda, la idea que se expresa en la fórmula derechos humanos es igual a defensa de delincuentes
procede de grupos de poder y se reproduce en segmentos ciudadanos que
evidencian su vulnerabilidad ante la manipulación de estos, en su
ignorancia sobre el carácter de la institución del PDH y en el
significado de los derechos humanos mismos. Son segmentos que carecen de
consideración sobre su calidad de sujetos de derechos humanos y sobre
cómo sus ataques discursivos o institucionales contra el PDH contribuyen
a vulnerar sus propios derechos como ciudadanos y ciudadanas.
En
el peor de los casos, la difusión de esa idea errónea sobre el PDH es
muestra de demagogia y de un compromiso con grupos que en el pasado y en
la actualidad han estado y están comprometidos con violaciones de
derechos humanos, que se sienten evidenciados por la sanción ética del
PDH en el ejercicio de sus cargos como servidores públicos o que están
vinculados a casos de corrupción e impunidad.
Está por verse si
el nuevo gobierno y la nueva dirección legislativa garantizarán la
función de una institución tan necesaria en nuestro país, dada la
continuidad en la violación de los derechos humanos o su falta de
vigencia, o si, contrariamente, darán continuidad a la política
retrógrada que impulsaron las anteriores autoridades de tales
organismos.
En cualquier caso, es menester que la ciudadanía
informada, crítica y democrática defienda los derechos humanos y la
institución encargada de su defensa, ya que esto significa defender
nuestros derechos, los derechos comunes, los derechos de todos los
guatemaltecos.
Blog del autor: www.plazapublica.com.gt
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