Observatorio Ciudadano
Recientemente
el presidente de la Comunidad Agrícola Diaguita Huascoaltinos, Sergio
Campusano, junto a la abogada y co–directora del Observatorio
Ciudadano, Nancy Yáñez, asistieron a la 40ª sesión del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) –realizada del 29 de mayo al 01 de
junio en Montreal, Canadá- donde denunciaron a la empresa minera
canadiense Barrick Gold por vulnerar los derechos políticos y
territoriales de esta comunidad indígena del norte de Chile con su
proyecto Pascua Lama.
La sesión, que por primera vez se desarrolló
en esa ciudad, tuvo por temática central determinar la responsabilidad
de las industrias mineras canadienses en la violación sistemática de
derechos humanos en América Latina, lo que ha sido denunciado desde
diversos países.
Con esta denuncia buscan un pronunciamiento
del Tribunal, pues “Barrick Gold ha vulnerado los derechos políticos y
territoriales de los Huascoaltinos y no cuenta para la ejecución del
proyecto con el consentimiento de los legítimos titulares del
territorio, por lo que esperan que el TPP se pronuncie, e inste a los
gobiernos de Chile y Canadá para que adopten las medidas sancionatoria
y regulatorias que correspondan”, aclaró Nancy Yáñez.
Vulneración del derecho al agua y a la libre determinación
El caso Pascua Lama fue identificado como emblemático en cuanto a la
violación de derechos fundamentales por parte de una empresa canadiense
como es Barrick Gold, “por la magnitud del proyecto y la violación a
los derechos territoriales de los Huascoaltinos, en particular respecto
al territorio de propiedad ancestral y a las aguas, específicamente los
glaciares que suministran este recurso a todo el sistema hidrológico
que conforma la parte alta del valle del Rio Huasco”, afirmó la abogada
experta en derechos de pueblos indígenas.
Agrega que
entregaron evidencia al Tribunal de los daños ambientales generados por
el proyecto. “Básicamente la violación de la existencia de tratamiento
de drenajes ácidos a fin de evitar contaminación de las aguas, no
dándose cumplimiento a las normas legales en la materia”, aseguró.
Tampoco se “ha cumplido con el plan de gestión de glaciares, y a pesar
de que no se ha sacado ni un gramo de mineral, ya se encuentran
irreversiblemente dañados”, explicó la profesional.
Nancy
Yáñez entregó un informe pericial centrado en dos aspectos: la
vulneración del derecho al agua y la violación del derecho a la libre
determinación, por haber otorgado la licencia ambiental al proyecto sin
el consentimiento de la comunidad Diaguita de los Huascoaltinos que es
la titular de este territorio desde tiempos inmemoriales hasta la
fecha.
Consultada por las consecuencias y efectos de la
resolución del Tribunal, Yáñez explicó que se trata de un tribunal
ético cuyo fallo tiene incidencia política y no jurídica, por lo tanto
no es vinculante para los estados. Sin embargo, constituye una figura a
través de la cual la sociedad civil en ejercicio de sus derechos
fundamentales representa ante la comunidad internacional la situación
de violación de derechos cometidos por los estados, “lo que
evidentemente compromete su legitimidad y credibilidad pública”,
afirmó.
Cuestionamiento de acuerdo de algunos sectores diaguitas con la empresa
Frente a la pregunta de cómo se vio el anuncio de un posible acuerdo de
la empresa con algunos sectores de la zona del Huasco, la abogada
comenta que la información constituyó para ambos una evidente sorpresa
mientras participaban en Montreal, pues la comunidad Diaguita de los
Huascoaltinos no ha tenido ningún acercamiento con la empresa que
permitiera decir que hay posibilidades de que el proyecto tenga
licencia social.
También denunciaron ante el Tribunal de los
Pueblos la proliferación de organizaciones indígenas en la zona, entre
las cuales se encuentran las que mantienen esta interlocución. “La
práctica de tratar de levantar organizaciones paralelas a la
organización tradicional es común en todos los proyectos mineros,
precisamente para debilitar su función política y los derechos
demandados, los que finalmente terminan siendo disputados por estos
grupos paralelos y funcionales a los intereses empresariales”, aclaró
Nancy Yáñez..
Por su parte el representante de la Comunidad
Agrícola Diaguita Huascoaltinos, Sergio Campusano, destacó el buen
trato y acogida del tribunal sus requerimientos como miembro de un
“Pueblo Originario”, afectado e invadido por la minería.
Empresas de mala reputación y TPP
Las empresas canadienses de minería son mundialmente conocidas por los
conflictos y perjuicios ambientales que causan en los países donde se
asientan, en especial en América Latina. Durante la sesión del TPP se
analizaron algunos casos paradigmáticos, como los proyectos Pascua Lama
(empresa Barrick Gold), en Chile y Argentina; Escobal (empresa Tahoe
Resources), en Guatemala; San Martín (Goldcorp), en Honduras; además de
Payback (Black fire Exploration) y Platosa (ExcellonResources), en
México. En ella participaron representantes de pueblos afectados,
activistas ambientales y especialistas.
El Tribunal
Permanente de los Pueblos fue fundado en 1979 en Italia, por el abogado
y senador Lelio Basso, y esta es la primera vez que sesiona en Canadá.
El país fue elegido pues en él se agrupa el 75% de la industria minera
mundial, siendo los megaproyectos de esta industria responsables de
numerosos conflictos en países donde actúan empresas canadienses. En
América Latina, el 90% de los conflictos sociales involucran a empresas
de ese país.
"El Tribunal se propone ser un lugar de investigación, una tribuna y un
espacio de intercambio para las personas y colectividades afectadas por
la industria minera en Canadá y en el mundo. Testigos y especialistas
son invitados a atestiguar, trasmitir experiencias e historias ante un
tribunal de jueces compuesto por personalidades públicas de diferentes
países”, destaca el TPP-Canadá.
Con sede en la Fundación
Lelio y Lisli Basso, es un órgano independiente nacido de los pueblos,
para examinar violaciones sistemáticas de derechos. Se interesa
particularmente de las situaciones dónde la justicia nacional e
internacional se muestra incapaz de asegurar el respeto de los derechos
humanos.
Ver programa de la sesión:
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