Operaciones de la oligarquía usando a su intelectualidad y sus medios de desinformación
En Prensa Libre de Guatemala del 11 de junio de 2014, se publicó a dos páginas (2 y 3), un esbozo del estudio realizado por parte del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN): La Amenaza de los Pactos Colectivos del Sector Público, en el cual se señala directamente a las organizaciones de trabajadores del Estado, como parte de los culpables de la debacle financiera del gobierno. Esta culpabilidad es remarcada a su vez, por el editorial del medio que publica ese estudio ese mismo día (Prensa Libre), estableciendo no solo una visión distorsionada y lacerante contra un segmento poblacional que mantiene funcionando un aparato estatal que si bien no cumple con la finalidad de subsidiariedad y bienestar para con su pueblo a quien se debe, en cuya inoperancia nada tienen que ver los trabajadores y sus organizaciones, sino las máximas autoridades del país quienes siguen a pie juntillas las recetas de entes supranacionales (FMI, BM) en el diseño de la política a seguir por el Estado y sus instituciones.
En el caso actual del país, es la política neoliberal la adoptada. Ésta, a pesar de su fracaso a escala mundial en su promesa de generar riqueza para todos, solo, como es su naturaleza, ha generado beneficios a unos cuantos –oligarquía, transnacionales y altos funcionarios locales y extranjeros que manejan y se benefician de los negocios en y con el Estado-. Ello, ha incidido en el enriquecimiento fácil y acelerado de dichos actores sumiendo en la miseria a amplios sectores poblacionales entre los que ahora se cuenta la clase media. Aunando a ese insulto y abuso dicha visión genera toda clase de vicios y corruptelas de los cuales el CIEN y Prensa Libre hacen caso omiso.
Asegura dicho estudio que los beneficios que otorgan los Pactos Colectivos a los trabajadores afectan cada vez más a la gestión pública debido a la falta de fondos para pagar los aumentos salariales y soportar los excesivos descansos concedidos. Sin embargo, ese mismo estudio es incapaz de establecer el impacto de la carga de los trabajadores 022 y 029 pues dichos pactos no los cubren sino solo a los ubicados en el renglón 011. Pareciera que el estudio de marras trata de dinamitar un puntal de la estabilidad laboral de los trabajadores, resabio de los Estados de Bienestar de antaño para, en consonancia con esa receta neoliberal mencionada, dar por concluido el capítulo del pasivo laboral, la seguridad social y la jubilación. Tres conquistas de los trabajadores que han sido obtenidas a costa de grandes sacrificios para los trabajadores, incluyendo la vida de muchos de ellos.
Por supuesto, se debe ser consciente del nefasto papel que juegan algunos líderes sindicales que abusando de su condición han pisoteado los objetivos, fines e ideales de la representación sindical para los que fueron electos, al pasar a trabajar al servicio de los funcionarios corruptos que pululan en el Estado guatemalteco. Todo por unas migajas del gran pastel terminando sus días conformando las quintas columnas del movimiento genuino de los sindicatos del Estado, de lo cual tampoco se ocupan el CIEN ni Prensa Libre.
Las conquistas que se han obtenido, más por la lucha de los trabajadores que por conciencia de los funcionarios a cargo de las instituciones, no pueden considerarse de un peso agobiante pues se han basado en proyecciones presupuestarias obtenidas en las propias negociaciones; no como las que provocan intempestiva y abruptamente el fruto de las corruptelas y los sobrecostos. Y, para completar esa descomunal carga, el gran ejército de contratados bajo los renglones 029 y 022, creados como alternativa infecta de los gobiernos neoliberales, para ubicar a familiares, amigos y simpatizantes de los diversos funcionarios pertenecientes a los partidos que se han hecho con el poder del Estado por años y que cada cuatro renuevan parte de las plantillas de la burocracia estatal, para premiar, agenciarse de más ingresos a través del llamado diezmo político y/o para pagar facturas hacia sus financistas, de cuyo peso el CIEN debiera darnos una cuantificación exacta.
Nosotros por nuestra cuenta nos atrevemos a sugerir que este ejército debe llegar a la mitad del aparato burocrático o un poco más. Empero, eso que es un gran impacto no es lo fundamental, sino la representada por sus salarios que en muchos casos rebasan a los que se pagan a los trabajadores permanentes sin respetar capacidad profesional, antigüedad ni experiencia.
El CIEN podría haber investigado cuántas plazas con sueldos mayores a la media de las plazas permanentes son ocupadas por personas que no tienen el estudio ni la experiencia apropiada y con ello, haber encontrado una forma que adopta la sangría. Por ejemplo, revisando simplemente algunas páginas web de las instituciones nos hemos encontrado con plazas 029 designadas como chofer con salario de Q. 12,000.00 mensuales. Cantidad que en la misma institución, gana un profesional 011 con colegiado activo a nivel de Dirección. Misma cantidad que no alcanza a ganar un profesional 011 de la misma institución con colegiado activo en un puesto técnico con más de 10 años de antigüedad. Y así, encontramos también, personal 029 en puestos de secretarias o técnicos con salarios que oscilan entre 10 a 35 mil quetzales que ya sumados en las distintas instituciones que forman el Estado se convierten en un flujo descomunal y constante al erario público. Lo más triste de eso es que muchos de estos empleados duplican funciones que realizan los trabajadores permanentes convirtiendo un proceso sistemático en un conjunto de varias operaciones demasiado simples no solo por la poca capacidad que en su mayoría estos tienen para asumir mayores complejidades sino porque al dividirse en cuatro o cinco la plaza, se logra multiplicar el pago a la factura política o el favor.
Además de ello, otra situación que resulta en una verdadera hemorragia para el Estado es el uso indiscriminado e irracional de los recursos estatales (vehículos, gasolina, viáticos, dietas, gastos confidenciales, equipo de cómputo y de otra naturaleza de las instituciones, etcétera). Así como, los negocios de los altos funcionarios en contubernio con la iniciativa privada que, en ese caso concreto, no repara en la ética y la transparencia cuando suman jugosas ganancias, pero sí ataca al Estado cuando le conviene minimizar su labor subsidiaria hacia las mayorías.
Por si esto fuera poco, la incapacidad y corrupción de los funcionarios de este gobierno ha dado como resultado que una gran parte de esos negocios no sean rentables para el Estado por su elevado costo y su pésima calidad, lo que redunda en menores tiempos de vida de las obras al no cumplir con los estándares de insumos y materias primas del fabricante lo que desemboca en gigantescas pérdidas para el Estado y que derivan a su vez, en catástrofes ambientales y humanas. Obras nuevas y con supuestos criterios de fabricación avanzados son destruidas por fenómenos meteorológicos normales, no digamos extraordinarios, pero que no han podido con las de antaño. Incluso con las prehispánicas y las del período colonial.
La historia nos ha demostrado en innumerables ocasiones que cuando las crisis son inmanejables, la elite dominante, corrupta, ladrona y nepotista, fincada en el sector público para tener el control absoluto del Estado, en contubernio con las que dominan el sector privado, culpan a la clase trabajadora como estrategia para cubrir sus corruptelas, desbarajustes y robos. Las organizaciones de los trabajadores pasan a ser su chivo expiatorio ante la opinión pública y, por supuesto, ante las masas. Para eso sirven estudios como el mencionado y los medios de propaganda a su servicio.
Entonces, la pregunta obligada para el CIEN y Prensa Libre es: ¿Qué peso, medido en dinero, será mayor para el erario público? El proveniente de las negociaciones legales y legítimas entre trabajadores y patronos que han concluido en Pactos Colectivos, o el de la corrupción de los funcionarios públicos al meter a familiares, amigos y simpatizantes a la administración pública con el mecanismo de la contratación en el renglón 029 y 022 con estratosféricos sueldos, los negocios multimillonarios que se fraguan entre el Estado y la iniciativa privada corrompida y el uso indiscriminado e irracional de los recursos del Estado, así como el uso discrecional de las Ley de Contrataciones del Estado.
Y, eso que en esa medida no se menciona el impacto social que dicho sangrado y pudrición provocan en la población que en vez de desarrollar integralmente sus expectativas de vida retroceden cuantitativa y cualitativamente a ese respecto y en relación a tiempos anteriores. Si no que lo digan los pomposos Pacto Hambre Cero, Pacto de Seguridad y Pacto Fiscal y de Competitividad cuyas metas no se cumplirán según propios funcionarios que están a su cargo. Pero esos rotundos fracasos merecen análisis aparte.
COLECTIVO LA GOTERA
Guatemala, junio de 2014
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