El pedido fue dado a conocer por el comisionado presidencial para el Diálogo Nacional, Miguel Ángel Balcárcel, y se basa en un texto presentado por el FNL durante la jornada de protestas pacíficas celebradas la víspera.
En declaraciones a emisorasunidas.com, Balcárcel dijo que el FNL señala que esa mesa de diálogo sería para desarrollar una democracia real, funcional y participativa, conceptos incluidos en los Acuerdos de Paz de 1996.
El funcionario señaló que el pedido del FNL será atendido y que el Ejecutivo analizará la petición, ya que se tiene que ver cuál es la agenda posible.
En tanto, el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, aseguró que a nivel nacional la víspera se realizaron 23 movilizaciones masivas.
También precisó que en las áreas donde más se concentraron los manifestantes fueron en Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Chimaltenango.
Asimismo indicó que no se registraron incidentes violentos, aunque las fuerzas de seguridad tuvieron que intervenir en cuatro bloqueos.
El Frente, por su parte, informó que para demandar respeto hacia sus comunidades y mostrar su rechazo a los proyectos mineros e hidroeléctricos, se efectuaron la víspera 29 marchas pacíficas de campesinos y bloqueos parciales.
Las acciones fueron convocadas por el Consejo de Pueblos Mayas de Occidente y contó con el apoyo de sindicalistas del sector salud, agrupados en el FNL, quienes aprovecharon para pronunciarse sobre problemas que aquejan al país.
Los manifestantes criticaron la situación de pobreza y el alto costo de las tarifas eléctricas, y demandaron el derecho de las comunidades indígenas a participar en el otorgamiento de licencias para proyectos mineros o hidroeléctricos.
A nombre de los movimientos sociales, Luis Lara, secretario general del FNL, pidió además al Gobierno crear políticas favorables a las comunidades, solucionar las ineficiencias del transporte público y cumplir los pactos colectivos con los trabajadores.
Según un estudio reciente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, hay focos de conflictividad en el 78 por ciento de los municipios guatemaltecos con alta concentración de licencias mineras.
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