Entrevista a Alfredo Baltazar Pedro, representante del Gobierno Plurinacional de la zona norte de Huehuetenango (Guatemala)
Alfredo Baltazar Pedro representa al autogobierno de cuatro naciones mayas (Akateka, Chuj, Popti y Q’Anjob’Al) además de otras poblaciones no indígenas, en la zona norte del departamento de Huehetenango (Guatemala). Asegura que la implantación de los proyectos de las transnacionales supondría, si se consumara, “un nuevo despojo de las poblaciones”. Las compañías, en connivencia con el gobierno, utilizan diferentes estrategias: cooptación de líderes, división de las comunidades y, en caso de que la intimidación no dé resultado, se puede llegar a los asesinatos. El gobierno plurinacional y las comunidades indígenas emprenden la resistencia a los megaproyectos, que amenazan un territorio rico en agua, petróleo, oro, plata, zinc y níquel. Alfredo Baltazar Pedro ha explicado los conflictos que se viven en la zona norte de Huehuetenango en un acto organizado en Valencia por CEDSALA y Perifèries.
-Es conocida la codicia de las empresas transnacionales y cómo han puesto la mirada en países como Guatemala. ¿Cuándo se inicia el proceso?
Los Acuerdos de Paz de 1996, con el gobierno de Álvaro Arzú, fueron realmente un engaño a los pueblos. Empieza entonces el proceso de venta de nuestros recursos naturales a las multinacionales. En 2003-2004, los pueblos mayas del área norte de Huehuetenango advertimos que se habían otorgado licencias de exploración sobre nuestro territorio. La primera empresa que quiso entrar fue la canadiense GoldCorp, dedicada a la extracción minera, y que actualmente opera en el departamento de San Marcos, donde hay pruebas de que por la contaminación están naciendo niños con defectos en el cerebro. Debido a la resistencia popular, esta empresa no entró finalmente en nuestro territorio, aunque la licencia continúa vigente.
-¿Qué interés tiene la zona norte de Huehuetenango para las transnacionales?
El territorio donde vivimos no es grande, pero es rico en recursos como agua, minerales, oro, plata, zinc, níquel, petróleo. Hay concedidas actualmente 21 licencias de exploración para hidroeléctricas y 19 de explotación minera a cielo abierto. Las empresas transnacionales, ante las denuncias, se presentan a través de filiales guatemaltecas (incluso con socios del país). Tenemos hoy fundamentalmente la amenaza de cuatro grandes proyectos, para la construcción de hidroeléctricas.
-¿Qué supondría para las poblaciones autóctonas la implantación de estos megaproyectos?
Implicaría el exterminio de nuestra población. Sería un nuevo despojo. Tendríamos que abandonar el territorio. Pero lo peor es que engañan a nuestros líderes. Las empresas les ponen “películas” de otros países más desarrollados, con casas bonitas, buenas calles y carreteras. Y nos dicen: “miren, así van a vivir en el futuro si aceptan los megaproyectos”. Hay gente que se lo cree, e incluso tratan de convencer a otras personas
-En cuanto a la resistencia popular, ¿cómo se organiza la población para frenar los proyectos?
A partir de 2005, surgen organizaciones de salud, educación, pequeños comerciantes y diferentes iglesias, entre otros, hasta formarse un movimiento social. Decidimos impulsar las consultas de buena fe, un sistema ancestral de los pueblos indígenas para decidir sobre los asuntos que nos afectan. En agosto de 2006, se convoca una consulta en el municipio de Santa Eulalia (la segunda consulta comunitaria celebrada en Guatemala), que después se extienden por otros municipios de Huehuetenango. Se entregaron los resultados al presidente, al Congreso de la República y a la Procuradoría General de Derechos Humanos, pero se nos respondió que las consultas no son vinculantes. Después de 2006, la multinacional española Hidralia intenta penetrar en Santa Eulalia, municipio en el que posee terrenos, pero la resistencia de la gente lo impide. Por esta razón, trasladan sus objetivos a un municipio vecino, Santa Cruz Barillas. Y empieza la “bulla” de empresas. En 2009, la italiana Enel…
-¿Y cuál es la respuesta del gobierno?
Con la llegada al poder en 2012 del actual presidente, Otto Pérez Molina, se observa muy claramente la estrategia de represión policial y militar. En mayo de 2012 “revienta” la situación, con la declaración del estado de sitio y las órdenes de captura de compañeros que no son más que defensores del territorio y de la vida. Ése es nuestro crimen. Durante el estado de sitio la gente tuvo que abandonar sus casas y salir a la montaña o a otros municipios. Por otra parte, el gobierno presiona a las comunidades y nos criminaliza. A los líderes campesinos se nos llama “terroristas” en Guatemala, se dice que formamos parte de una “asociación ilícita”. Hay compañeros que acumulan hasta 25 denuncias por parte de las empresas. Además, en nuestro territorio permanecen detenidos tres líderes; otros ocho estuvieron en la cárcel durante ocho meses, sin haber cometido ningún delito, sólo por los cargos que se inventó la empresa. Finalmente los jueces, y gracias en buena medida al acompañamiento internacional, decidió absolverlos. Posiblemente ahora se cursen nuevas órdenes de captura sobre más líderes. Por decir la verdad.
-Además de sufrir la represión, ¿habéis mantenido diálogos con el ejecutivo?
Hasta el momento hemos mantenido luchas pacíficas. No queremos una nueva guerra. El 30 de octubre de 2013 intentamos entablar diálogo con el presidente, después de la última captura de un dirigente. La población se levantó en todos los municipios y cortó las grandes carreteras. El 1 de noviembre pudimos conversar con el Ministro de Gobernación sobre tres puntos: el cese de la criminalización de líderes, la cancelación de las licencias y el fin de la presencia de los militares en el territorio. El ministro firmó el acta, y nos dijo que sobre las licencias no tenía competencia. Por eso nos dirigimos al presidente, con el que tuvimos dos conversaciones, pero finalmente no se hizo nada. En Guatemala hay un sistema de diálogo nacional. Pero cooptado por las empresas. Los diálogos no dan resultado. Se llega a un acuerdo en una mesa, ahora bien, como el presidente maneja un doble discurso, después no cumple los acuerdos.
-En cuanto a las empresas, ¿qué estrategias utilizan para penetrar en los territorios indígenas?
Las transnacionales llegan a una comunidad y, durante el periodo de exploración, buscan a los líderes y al alcalde para cooptarlos y ganárselos como aliados. Cuando el líder no se “vende”, lo provocan. Si cae en la trampa, presentan la denuncia ante el Ministerio Público. Pero puede que el líder no se deje provocar. En ese caso lo intimidan, por ejemplo, con amenazas anónimas por teléfono. De hecho, esto es lo que ocurrió con Daniel Pedro Mateo, dirigente de Santa Eulalia. Lo trataron de cooptar, lo provocaron, lo intimidaron y finalmente, dado que se mantuvo firme, lo secuestraron, torturaron y asesinaron en abril de 2013. Así es como actúan las empresas en Guatemala. También asesinaron a Andrés Francisco Miguel, de Santa Cruz Barillas, básicamente por negarse a vender su terreno. Lo mató un agente de seguridad de la empresa. Las compañías, que cuentan con todo el soporte del gobierno, entran por las buenas o por las malas.
-¿Qué otras estrategias ponen en marcha las transnacionales, además de los crímenes que mencionas?
Las empresas nos “polarizan”. Hay problemas en las familias, en las comunidades e incluso en las iglesias. Se dan choques en las familias porque el hijo está de acuerdo con la empresa, mientras que su padre la rechaza. Además, compran a líderes para que afirmen que los proyectos son “buenos”, pero otros dirigentes rechazan estos megaproyectos. En cada reunión hay discusiones, enfrentamientos y acusaciones. Otra práctica de las empresas es comprar a testigos “falsos” para que declaren ante el juez. También realizan compras forzadas de terrenos y sobornan a alcaldes mayas. En el municipio de San Mateo Ixtatán (Huehuetenango), donde impulsa un megaproyecto Hidroeléctrica PDH, se han extraído numerosos objetos sagrados del pueblo maya que después se han llevado en helicóptero no sabemos dónde.
-¿Viven las poblaciones con la presión del ejército en su día a día?
La presencia de la policía y el ejército es permanente. Desde la zona militar de San Mateo Ixtatán el ejército intimida a la población, que se ve obligada a refugiarse en México. En San Mateo, durante la “guerra interna” que vivió Guatemala, se dieron muchos casos de tortura. Obligaban al hijo, por ejemplo, a que torturara o matara a sus padres. Actualmente, con la llegada del ejército, la gente está recordando el pasado. Y abandonan las comunidades por la presión de los militares y las empresas.
-Por último, ¿Cuál es el papel del Gobierno Plurinacional de las Naciones Akateka, Chuj, Mopti, Q’Anjob’Al y otros pueblos no indígenas?
Una de las metas del Gobierno Plurinacional es “sacar” a las empresas del territorio. Hemos organizado manifestaciones, hecho comunicados, hemos ido a la Procuradoría de Derechos Humanos, nos hemos dirigido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al alto Comisionado de Naciones Unidas…Pero ni aún así se puede por el momento ganar la batalla. Las presiones de la comunidad internacional es lo que más nos ayuda en estos momentos, por ejemplo, la oposición que los españoles puedan plantearle a Hidralia. La segunda cuestión es que el Gobierno trata de imponer su modelo de desarrollo, mientras que nosotros, como mayas, estamos construyendo uno alternativo al occidental. No necesitamos construir tantos edificios, ni arruinar el planeta… Sentimos que la madre tierra es nuestra casa y la que nos protege. Hablamos con ella. En cambio ellos, en Santa Cruz Barillas, ponen un cerco y dinamitan la tierra. Tenemos en proyecto, también, la creación de una universidad maya así como exportar nuestros productos. Pero las empresas no nos dejan en paz.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
No hay comentarios:
Publicar un comentario