Los medios de comunicación y los políticos culpan de la situación a los padres de los menores y a las políticas de Obama, pero no reconocen el papel de los Estados Unidos en la avalancha de migración que condujo a esta crisis.
DESINFORMÉMONOS
México. Más de mil
menores de edad migrantes permanecen encerrados en un centro de
detención en Nogales, Arizona, Estados Unidos, en condiciones
calificadas como “deplorables” y de “crisis humanitaria” por quienes
han logrado entrar.
Provenientes en su mayoría de Centroamérica y
detenidos sin compañía de su familia, fueron enviados por las
autoridades estadunidenses de migración desde el sur de Texas, y serán
enviados luego a instalaciones militares antes de enfrentar el proceso
legal que definirá si son deportados.
Las leyes estadunidenses prohíben al
Departamento de Seguridad Nacional deportar inmediatamente a niños y
niñas que no son de México o Canadá. Se les pone bajo custodia
gubernamental y se llama a que sus parientes tomen contacto, lo que
pocas veces sucede.
La periodista Kate Randall, en World Socialist Web Site,
informa que la Patrulla Fronteriza detuvo o a más de 48 mil niños que
cruzan la frontera con Texas en tan sólo un año. Las autoridades
texanas argumentan que están “sobrepasadas” por el número de menores
detenidos y por eso los envían a Arizona.
Randall denuncia que los niños –que
fueron transportados en autobuses de pasajeros sin ningún logotipo-
están encerrados en condiciones deplorables, y señala que el cónsul
hondureño Tony Banegas, que logró entrar a las instalaciones, informó
que duermen en contenedores de plástico, que algunos llevan más de 10
días sin poderse bañar y hay incluso enfermos de diarrea. También se
denunció que eran alimentados solamente con “burritos” fríos (tacos
hechos con tortilla de trigo). Las instalaciones de Arizona tienen
capacidad para mil 500 personas, y para el 13 de junio, activistas
reportaron ya mil 144 menores detenidos.
La fuerza encargada de aduanas y
fronteras, la ICE, solamente tiene un centro para menores en
Pensilvania. De las instalaciones de Arizona, informa Randall, los
niños serán trasladados a instalaciones militares en Oxnard,
California; San Antonio, Texas; y Fort Sill, Oklahoma. El cónsul
salvadoreño José Joaquín Chacón señaló que se intentará contactar a los
familiares de los menores; cuando no se logre, serán enviados a centros
temporales de internamiento mientras se define su reunificación
familiar.
Una vez que salen de la custodia de las
instituciones, los menores deben enfrentar al sistema legal que
decidirá sobre su permanencia en Estados Unidos, la mayoría de las
veces sin abogados, denuncia el reportero Jason Margolis en Pri. Son pocos los que lograrán acceder a un estatus especial para jóvenes en riesgo que les permita quedarse.
El voluntario Daniel Wilson declaró al
periodista Miguel Otarola que “esto es una crisis humanitaria. La
respuesta de los Estados Unidos a ella es militar”. El joven de 26
años, que atiende a migrantes en Tucson, advirtió: “No me imagino cómo
vive esto un niño pequeño sin el apoyo de sus padres”.
El blog del Programa de las Américas
señala que los medios de comunicación solamente cuentan la mitad de la
historia de los menores detenidos: concluyen que los padres promueven
por conveniencia la migración de sus hijos y que las políticas del
presidente Barak Obama hacen que los migrantes piensen que podrán
permanecer en Estados Unidos aunque sean capturados. Aunque mencionan
la pobreza en la que viven los migrantes en sus países, acusa el
Programa, no hablan del papel de los Estados Unidos en esta pobreza que
fuerza a migrar a los menores y sus familias.
“El resultado predecible de avalancha
de artículos sobre niños migrantes es la llamada a construir más
centros de detención (lo que son buenas noticias para la industria
privada de las prisiones) y a detener las liberaciones”, expone el
blog, especializado en asuntos políticos y sociales en América Latina y
Estados Unidos.
Los niños no están solos, argumenta el
Programa. Los padres deben pagar fuertes sumas a los “polleros” para
que los reúnan con sus hijas e hijos, producto de la creciente
vigilancia en la frontera. “En tanto se incrementó el costo de cruzar
por la frontera, el crimen organizado reconoció en ello una fuente de
negocio nueva y reemplazó a los viejos coyotes independientes y a los
familiares que cruzaban gente por la frontera”.
El 3 de junio, Obama se refirió a la
situación como “crisis humanitaria” y llamó a la creación de un grupo
de coordinación para hacerse cargo de la situación; además, pidió mil
400 millones de dólares para construir infraestructura para los niños
detenidos.
La alternativa a culpar a las víctimas,
señala el Programa, es aceptar que los tratados de libre comercio con
América Latina dejaron a millares de jóvenes sin oportunidades
económicas, y que la guerra contra las drogas y las “ayudas” que
proporciona para ello Estados Unidos agravaron la violencia en los
países de origen.
“La campaña que conciencia que
necesitamos”, define el Programa, “es una que diga a los ciudadanos
estadunidenses y al Congreso los impactos de las políticas económicas y
de seguridad en los vecinos del sur, especialmente en los niños”.
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