El tema lo presentó el Centro Europa-Tercer Mundo (Cetim, por sus siglas en francés) ante la reunión de agrupaciones reconocidas por el Consejo como entidades consultivas, bajo el punto titulado "Derechos humanos y empresas transnacionales extractivas".
En el documento se hace un recuento de las acciones indolentes de la transnacional petrolera durante años de explotación en el país sudamericano, de 1964 a 1992.
Más de 400 mil hectáreas en las provincias de Orellana y Sucumbíos, habitadas por las nacionalidades Secoya, Waorani, Shuar, Quichua, Cofán y Tetete, fueron contaminadas por hidrocarburos y productos químicos, entre ellos benceno y tolueno, así como metales pesados y anticorrosivos, tales como el mercurio y el cromo.
Una de las zonas más ricas en biodiversidad del planeta fue prácticamente destruida y se afectaron las condiciones de vida y subsistencia de la población, que sufrió un súbito aumento de casos de cáncer y otros graves problemas de salud, reveló Cetim.
La organización calcula que más de 16 mil millones de galones de aguas tóxicas se vertieron en los ríos, se perforaron 880 fosas de deshechos a cielo abierto y se quemaron libremente 235 millones de pies cúbicos de gas natural.
La Chevron tenía los medios técnicos para evitar o limitar los daños por estas prácticas, pero prefirió no hacerlo con el objetivo de ahorrar gastos e incrementar sus utilidades.
De acuerdo con la denuncia, el impacto ambiental y humano es enorme y cita como ejemplo que el pueblo Cofán bajó de cinco mil a casi 800 miembros y el Tetete desapareció por completo en esa región.
Tras dos décadas de lucha judicial, las víctimas consiguieron que el 14 de febrero de 2011 la Corte del departamento de Sucumbíos emitiera una sentencia contra la Chevron, condenándola a pagar casi nueve mil millones de dólares para la recuperación de los suelos y el agua contaminada y atender a las personas enfermas.
La poderosa corporación estadounidense, sin embargo, se negó a acatar el fallo y en lugar de ello inició una campaña internacional para desacreditar a los demandantes, sus abogados y al Estado ecuatoriano.
Ante esta situación, el Centro Europa-Tercer Mundo pidió al Consejo de Derechos Humanos establecer un grupo de trabajo intergubernamental para desarrollar normas obligatorias, que pongan límites a las actividades de las empresas transnacionales de carácter extractivo.
También demandó a todos los gobiernos, y en particular al de Estados Unidos, facilitar el acceso a la justicia para las víctimas de la Chevron en Ecuador y cooperar para la ejecución plena de la sentencia de las cortes de ese país.
Representantes de los más de 30 mil afectados por la petrolera y sus abogados realizarán a lo largo de la semana numerosas actividades en Ginebra para dar a conocer el caso e incrementar la solidaridad internacional con su lucha.
ro/ami
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