Reyes es sindicado por asesinato y delitos contra los deberes de humanidad, mientras que Valdez es imputado por desaparición forzada por los hechos ocurridos en Sepur Zarco, El Estor, en el nororiental departamento de Izabal entre 1982 y 1983, precisó la fuente oficial, indicó el Ministerio Público en un comunicado.
De acuerdo con la fuente judicial, ambos deberán exponer ante el Juzgado de Primera Instancia de Mayor Riesgo B por las violaciones que les señalan.
A Reyes, capturado en esta capital, se le acusa de que bajo su mando como comandante del Ejército en el destacamento de Sepur Zarco se detuvieron y ejecutaron a una madre y sus tres hijas, según las investigaciones de la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público.
Mientras que Valdez, aprehendido en Alta Verapaz, participó como comisionado militar en una operación realizada el 25 de agosto de 1982, cuando apresaron y desaparecieron a 18 personas.
Entre 1982 y 1983, 15 mujeres fueron víctimas de servidumbre y violencia sexual en el destacamento de Sepur Zarco, las cuales ya declararon en anticipo de prueba.
Mediante exhumaciones se logró recuperar la osamenta de una dama y dos vestimentas de niñas, quienes de acuerdo con las pesquisas resultaron ultimadas bajo el mando del oficial Reyes.
Al menos 200 mil personas perecieron y otras 45 mil desaparecieron durante los 36 años de guerra en este país centroamericano, la inmensa mayoría a manos de fuerzas militares o paramilitares, acorde con el informe de la Memoria Histórica presentado por Naciones Unidas en 1999.
El mes pasado el Congreso emitió un punto resolutivo en el cual se niega que en Guatemala se hubiera cometido genocidio.
Tal moción del Parlamento se aprobó un año después de que el expresidente golpista, Efraín Ríos Montt, fuera condenado a 80 años de prisión por delitos de genocidio y lesa humanidad.
Durante el juicio, el Tribunal de Primera Instancia de Mayor Riesgo A recibió pruebas y testimonios que responsabilizaban a Ríos Montt por la muerte de mil 771 indígenas ixiles a manos uniformados del Ejército guatemalteco durante su mandato de marzo de 1982 a agosto de 1983.
Sin embargo, aquella sentencia fue anulada días después por la Corte de Constitucionalidad, por lo que el exdictador permanece hoy en arresto domiciliario a la espera del comienzo de un nuevo juicio programado para enero de 2015.
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