El
gobierno instaura la política de los tiempos cortos. Transitamos o nos
hacen transitar de la amenaza de cierre total del país por quince días a
la ampliación real del horario de movilización, sin que el Ejecutivo se
digne a justificar las razones de una y otra medida.
Hace
muy poco estábamos derrotando la pandemia (3 de mayo, Vamos bien,
Giammattei dixit) y hoy empezamos el inicio del ascenso del ciclo de
crecimiento acelerado (o algo así) sin que oficialmente se informe, se
explique, se debata sobre los impactos, los sacrificios que exige esta
etapa, las medidas necesarias (no las que se anuncian en cadena
nacional), el tiempo que va a durar esta fase en la que no sabemos si
estamos: no importa, dos semanas, un mes, un año, de todas formas
vivimos desde marzo en el día de la marmota, y lo que viene es otro día
igual (como parece gustar a los gobernantes.
Así estamos,
sin estrategias de salud y estrategias sociales que indiquen cómo
responder a la crisis derivada del COVID-19 y cómo atenuar la crisis
social y económica, que el momento de la pandemia multiplica.
Esta
falta de horizonte devela incompetencia técnica e incapacidad de
gestión, que existen y en alto grado: por ejemplo, el presupuesto para
salud y ayuda social (aunque escaso) no se ejecuta ni llega a la
población. Pero la carencia de ruta de amortiguamiento o salida de la
crisis revela sobre todo la sujeción de las políticas a las demandas del
sector empresarial organizado, que finalmente impone sus criterios
economicistas frente al incremento de casos de enfermedad y el número de
muertos. Recordemos las presiones insistentes de las cámaras
empresariales para reiniciar actividades económicas todavía suspendidas
parcialmente, como los centros comerciales (no esenciales) y la
construcción de grandes edificios (actividad no esencial, puesto que las
viviendas construidas son destinadas sobre todo a sectores económicos
de alto nivel adquisitivo.
La política de los tiempos
cortos es funcional a la política del beneficio y la ganancia inmediata,
que acelera una nueva normalidad igual de excluyente e injusta que la
anterior. Es hija del individualismo y la insolidaridad, devenidas en
conductas sociales y políticas públicas. Se opera magistralmente a
través del ocultamiento de información o la tergiversación de la misma
(muertes reportadas por el Ministerio de Salud versus muertes reportadas
por el Hospital Roosevelt), la centralización de la toma de decisiones,
la exclusión de la población en la definición de políticas.
La
apelación imposible a la responsabilidad individual (quédese en casa,
lávese las manos, guarde la distancia social) queda como la única medida
consistente, a la vez que incoherente, para sobrevivir en este desorden
autorizado y controlado. Consistente porque se repite desde el inicio
de la propagación de la pandemia. Incoherente porque no tiene en cuenta
la realidad social mayoritaria: la necesidad de salir cada día a buscar
el sustento, la inexistencia de condiciones para el aislamiento
(hacinamiento) en los hogares, la falta de agua y condiciones para la
higiene adecuada en muchos hogares. Lo dice el Censo 2018:
•44% de los hogares cuenta solo con 1 dormitorio.
•28% de los hogares cuenta solo con un cuarto para todas sus actividades.
•15 % de los hogares obtiene agua a través de tubería fuera de la vivienda.
•11 % de los hogares comparte el servicio sanitario con otras familias.
La
pandemia hegemónica agudiza la crisis estructural. Vivimos en la
incertidumbre, la inacción, la mentira, el show mediático, a las puertas
de un inminente colapso:
•del sistema de salud (colapso total insostenible, en palabras de médicos del Hospital San Juan de Dios),
•económico y social, por el incremento de la pobreza y el hambre,
•de
la institucionalidad y el régimen político, que actúa siempre a
espaldas de las demandas y problemáticas sociales. El Estado en general,
la clase política y el sector empresarial insisten en mantener los tics
autoritarios y excluyentes que definen la historia de este empobrecido
país, aunque esta linealidad puede interrumpirse con estallidos sociales
espontáneos y diversos, y el incremento de la acción social organizada.
Los
tiempos cortos generan incertidumbre y vulnerabilidad social:
provocadas, hasta que se les revierta en forma de hartazgo y estalle en
los hocicos institucionales. En este momento es especialmente evidente
un Estado omnipresente, incluso en su voluntad reguladora del espacio y
las decisiones en el ámbito privado, a la vez que ausente e ineficaz en
su papel de regulador de la convivencia y garantía de derechos básicos.
Los
tiempos cortos tienen que ser respondidos con tiempos largos, aquellos
que tienen en cuenta la multicausalidad que multiplica los focos de
combustión social (a pesar de la lluvia) y a todos los actores
involucrados, no solamente a las élites históricas. Planificación,
propuestas integrales, participación social y comunitaria, con acciones
construidas a partir de la búsqueda del bien común y el fortalecimiento
de los derechos básicos colectivos: miradas y acciones en el corto y
largo plazo, que vinculan la crisis coyuntural con la crisis
estructural.
https://www.alainet.org/es/articulo/206963
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