La calidad de una sociedad se refleja en gran medida en el trato que da a mujeres, niñas y niños. Se aprecia también en sus actitudes y prácticas hacia las personas extranjeras, en particular hacia las y los migrantes que viven en su territorio o lo atraviesan. La conducta de muchos gobiernos y de las propias sociedades hacia las mujeres durante esta cuarentena ha corroborado que las transformaciones impulsadas por el feminismo desde el siglo XX no han bastado para contrarrestar la misoginia social e institucional.
En México, la ausencia de políticas públicas para prevenir la violencia machista o garantizar el desarrollo y la autonomía de las mujeres es responsabilidad de este gobierno principalmente pero es también una falla social añeja. Las medidas hacia la población migrante, tomadas o ignoradas, por los gobiernos de nuestro país y del continente americano, por otra parte, confirman a su vez que la xenofobia y el racismo no son fallas circunstanciales sino parte integrante de políticas públicas y de actitudes sociales excluyentes que las crisis agudizan, con altos costos para quienes las padecen.
Los padecimientos de las poblaciones migrantes, que suelen agravarse en épocas de crisis, han quedado en la invisibilidad para la mayoría de las sociedades, donde muchos tienen que preocuparse por su propio bienestar, su salud y su vida y las de sus familias. Esta indiferencia social, consciente o no, ha favorecido las tendencias autoritarias y excluyentes que caracterizan a muchos de los gobiernos de nuestra región, y no sólo a Estados Unidos o El Salvador, como parecería desprenderse de las coberturas mediáticas.
De ahí la importancia de la iniciativa (IN) MOVILIDAD EN LAS AMÉRICAS, impulsada por 30 especialistas de diversos países para “mapear” las consecuencias del COVID-19 sobre las poblaciones migrantes, en un sentido amplio, con el fin de mostrar “los espacios ocultos”, los “conflictos latentes” que solemos ignorar; entre ellos la tensión entre el control social que impone in-movilidad o expulsión a las poblaciones transmigrantes (www.inmovilidadamericas.org).
Así, por ejemplo, este proyecto también en actualización constante, documenta cómo desde el inicio de la cuarentena en marzo, distintos gobiernos de las Américas fueron cerrando sus fronteras, sin avisar a las poblaciones binacionales o transfronterizas, sin tomar en cuenta lazos familiares, condiciones de vulnerabilidad o peligro para quienes quedaban atrapadas en un país extranjero, con o sin papeles, expuestas a las políticas del país de residencia o tránsito. Como si la pandemia hubiera tomado a todos por sorpresa, no hubo un acuerdo continental ni regional para garantizar la protección de las poblaciones migrantes. Así cientos de miles o millones de personas han quedado varadas en un territorio, sin apoyo ni protección, o han sido deportadas o encerradas, muchas veces a riesgo de su salud y de su vida, según la buena o mala voluntad de cada gobierno.
Alguno, como Estados Unidos, ha seguido deportando a migrantes “irregulares”, incluso enfermos de COVID-19, lo que viola su Derecho Humano a la salud. Brasil, en contraste, otorgó a la población migrante un apoyo económico por varios meses para sobrellevar la pandemia. México, como sabemos, deportó o sacó de las estaciones migratorias a muchos, sigue recibiendo a personas deportadas de Estados Unidos pero carece de una visión integral o de una política humanitaria hacia las miles de personas que han quedado atrapadas, sobre todo en la frontera norte.
En contraste con la falta de acuerdo explícito para garantizar la vida y la salud de millones de migrantes en el continente, se han dado coincidencias ominosas en las prácticas gubernamentales autoritarias: además del cierre de frontera, la desposesión de derechos, la anulación del derecho de asilo y de refugio, la promoción del miedo, el trato despreciativo hacia trabajadores “sin documentos” aun cuando su mano de obra sea indispensable, maltrato e invisibilización de niñas, niños y adolescentes, y otras políticas de marginación y precarización que causan sufrimiento y que, al devaluar la vida de unos, devalúan la convivencia y la vida de todos nosotros. Ignorar o tolerar esta exclusión nos hace corresponsables de ella y nos expone a ser un día también entes invisibilizados y “desechables”.
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