Sobre el informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal)
Fuentes: Rebelión
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en un
informe reciente sobre el impacto de la covid-19 en la región, plantea
que hoy, como nunca en los últimos 30 años, está abierta la discusión
sobre el modelo dominante de inserción de la región en la economía
internacional, en particular por su especialización en materias primas,
manufacturas de ensamblaje y turismo.
El
planteamiento anterior pone en cuestionamiento la orientación
fundamental de las políticas de Estado que se aplican en Guatemala,
en especial desde los años 80. Bien sabido es que el modelo
económico se basa en la producción de materias primas, maquilas y
servicios para satisfacer la demanda del mercado internacional, lo
cual ha implicado la supeditación de necesidades locales como la
seguridad alimentaria y nutricional, el mantenimiento de salarios
insuficientes para cubrir la canasta básica vital, la expulsión del
país de niños y jóvenes, etcétera. Este modelo, que rige la
política macroeconómica, es razón de la insuficiencia de recursos
públicos y causa de la disminución y el deterioro de las
instituciones públicas para garantizar derechos.
En
tiempos de covid-19, con dicho modelo económico y con un Estado
debilitado, se experimenta incapacidad para evitar una caída
profunda del PIB —cuyo crecimiento previsto se estima en alrededor
del -2 % para este año—, para disminuir sustancialmente la pobreza
y para garantizar las mínimas condiciones de atención a las
personas infectadas por el coronavirus. Queda claro que es urgente
repensar la política estratégica del Estado.
Un
Estado diferente, en este momento, estaría avanzando en la dotación
de tierras, créditos, equipos, insumos y encadenamientos productivos
y comerciales para la producción familiar y la economía campesina,
ya que es su responsabilidad la provisión de alimentos y de empleo a
buena parte de la población guatemalteca en general y de la clase
trabajadora en el ámbito rural. Medidas como la anterior serían
coherentes en materia de política pública, en especial ante la
crisis global actual, que ha impactado en el rompimiento de cadenas
de valor y del comercio global, en la tendencia a potenciar las
relaciones regionales y, al mismo tiempo, en la necesidad de
desarrollar el mercado interno mediante, verbigracia, la reinversión
productiva (industrial, agrícola, energética), la generación de
trabajo y de salario dignos y el crecimiento de la recaudación
fiscal.
Un
Estado, para atender los desafíos estructurales y crisis como la
actual, requiere reorientar su política hacia la modificación
sustancial del modelo económico, fortalecido en su institucionalidad
para que disminuyan los ejercicios de poder devenidos de la histórica
captura del Estado y de la reproducción de prácticas corporativas,
clientelares y corruptas, así como para mejorar su desempeño en
atención a los problemas nacionales. Se requiere un Estado fuerte,
con recursos y capacidades para gestar condiciones de bienestar en la
ciudadanía, lo cual pasa, entre otros aspectos, por a) la garantía
de elecciones democráticas e institucionales (sin captura) de
autoridades gubernamentales, judiciales y legislativas, con
independencia, transparencia y orientación al interés público; b)
una reforma fiscal que garantice la progresividad de la carga
tributaria y la dotación de suficientes recursos financieros para
atender las problemáticas estructurales, y c) la definición de
políticas e instituciones orientadas al desarrollo territorial, la
producción con valor agregado, la garantía de derechos sociales y
la contención de desastres y crisis alimentarias y sanitarias.
Un
Estado actuando en esa dirección virtuosa será imposible sin una
correlación de fuerzas que logre la reforma democrática de su marco
constitucional y de su institucionalidad pública. El desafío, no
obstante, requiere abrir un diálogo de carácter incluyente y
democrático, del cual surjan los acuerdos mínimos. En ese sentido,
la viabilidad de cambios sustanciales en el Estado debe ser
trabajada, construida, lograda. Por eso es fundamental el desarrollo
de una política de alianzas entre actores democráticos que
compartan esa búsqueda y presionen a tal punto que el actual
gobierno no tenga más opción que democratizar sus acciones y
convocatorias.
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