Los
67 millones de personas que viven en pobreza extrema en la región
deberían recibir un bono contra el hambre, por el equivalente a 47
dólares mensuales, para comprar alimentos. Es la primera de 10
recomendaciones para sostener la seguridad alimentaria ante el impacto
de la pandemia covid-19. Foto: PMA
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Un bono de 47 dólares mensuales durante seis meses deberían recibir los
67 millones de latinoamericanos y caribeños que viven en pobreza
extrema, para que puedan adquirir alimentos en el marco de la actual
pandemia, propusieron este martes 16 las autoridades de la Cepal y la
FAO.
En la región “podemos tener un retroceso histórico y perder en un par
de meses lo que logramos en 15 años. Millones de personas pueden caer
en el hambre”, opinó Julio Berdegué, representante regional de la FAO
(Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura).
Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal (Comisión Económica
para América Latina y el Caribe), dijo que “proponemos la entrega de un
bono contra el hambre porque la gran tarea que tenemos por delante es
impedir que la crisis sanitaria se transforme en una crisis
alimentaria”.
El “bono contra el hambre” puede entregarse con transferencias
monetarias, canastas, o cupones de alimentos, por el equivalente a 47
dólares mensuales, que representan 70 por ciento del ingreso marcador de
la línea de pobreza extrema en la región.
Si el beneficio se entrega solo a los mayores de 65 años en pobreza
extrema, su costo equivaldría a 0,06 por ciento del producto bruto
regional, pero si le otorga a todos los 67 millones de habitantes en esa
condición costaría 0,45 por ciento del producto interno bruto (PIB).
FAO y Cepal favorecen esta segunda opción, con un costo global de 23
500 millones de dólares y como parte de un ingreso básico de emergencia,
que también proponen, para que los más pobres de la región obtengan
durante un semestre el equivalente a 140 dólares mensuales.
Ambos organismos elaboraron un decálogo de acciones urgentes que
deben tomarse, en primer lugar para atender a los 53,7 millones de
personas que ya antes de la covid-19 estaban en situación de inseguridad
alimentaria, y ante el riesgo de que otros 16 millones de habitantes de
la región caigan en la pobreza extrema.
Al bono contra el hambre sigue la propuesta de sostener programas de
alimentación escolar para garantizar alimentos a los niños, niñas y
adolescentes, y apoyar las iniciativas de asistencia alimentaria de las
organizaciones de la sociedad civil.
Berdegué recordó que el cierre de las escuelas en la región privó de
recibir alimentos en esos espacios a 84 millones de alumnos, de los
cuales 10 millones tenían esa comida como la fundamental de cada día.
Luego, proporcionar apoyo financiero -crédito y subsidios- a las
empresas agropecuarias, orientado principalmente a las unidades
productivas de agricultura familiar, de las que hay 17 millones en
América Latina.
Consideran que la banca multilateral y de desarrollo debería elevar
en al menos 20 por ciento este año la cartera de créditos blandos
destinados a los productores de alimentos, es decir, agregar 5500
millones de dólares, para sostener sus empresas.
También piden ajustar los protocolos de sanidad y salud en la
producción y el transporte de alimentos y en los mercados mayoristas y
minoristas. En particular, se deben mantener las fronteras abiertas al
comercio agrícola y evitar medidas proteccionistas que aumenten el
precio de los alimentos.
Las autoridades deben impedir que los mercados mayoristas y
minoristas y las agroindustrias se cierren o disminuyan sus operaciones.
Berdegué abogó por que se tomen medidas contra su posible
contaminación, como ya ha ocurrido en importantes mercados de México y
Perú, según recordó.
Los programas de apoyo al autoconsumo deben reforzarse, especialmente
porque uno de cada cuatro latinoamericanos en pobreza extrema vive en
áreas rurales.
Se insiste en asegurar el financiamiento, la asistencia técnica, el
acceso a insumos y la mano de obra de agricultores y pescadores
artesanales, a la vez que en compensar la informalidad y falta de
protección social en que se encuentran 80 por ciento de las personas que
trabajan en el sistema alimentario.
Cierra el decálogo el pedido de que se establezcan “mecanismos ágiles
de consulta y coordinación público-privada entre todos los actores del
sistema alimentario”.
Bárcena y Berdegué comentaron que, con la crisis de ingresos,
millones de familias migrarán al consumo de alimentos más baratos y de
menor calidad, agravando los cuadros de desnutrición y malnutrición que
inciden sobre las enfermedades que a su vez aumentan la vulnerabilidad
de las personas ante pandemias como la covid-19.
A-E/HM
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