Antes nos perseguían por odio, hoy por pánico
Anuncia que recurrirá a organismos internacionales ante maniobras contra el correísmo
Quito. El ex presidente de Ecuador Rafael Correa denunció
ayer confabulación para impedir su participación en las elecciones
generales y legislativas, previstas para febrero de 2021.
En rueda de prensa virtual desde Bélgica, donde reside junto a su
familia desde el fin de su segundo mandato, en 2017, el ex gobernante
ofreció nuevos detalles en el contexto del plan en curso en su contra y
también contra todos los representantes del llamado
correísmo.
Anunció que adoptará acciones legales ante organismos internacionales
después de la denuncia del dirigente de Juntos Podemos, y ex prefecto
de la provincia de Azuay, Paúl Carrasco, quien aseguró haber recibido
una llamada de Luis Verdesoto, miembro del Consejo Nacional Electoral
(CNE), para que apoye el pedido de retrasar los comicios y dar tiempo a
la sentencia definitiva en el Caso Sobornos 2012-2016, en el que Correa
es uno de los procesados, y en caso de se declarado culpable enfrentar
una condena de hasta ocho años de prisión.
Esa acción inhabilitaría al ex gobernante a presentar candidatura
para cualquiera de los puestos, excepto al de presidente, por el cual no
puede optar ya, por ley. Resaltó que Carrasco
fue fuerte opositor a mi gobierno.
Lo que buscan es impedir que participe en las próximas elecciones generales. Esto es un secreto a voces, recalcó, al señalar que buscará la vicepresidencia.
Nos persiguen por pánico, antes nos perseguían por odio, ahora por pánico, aseguró Correa, reportó el portal Confirmado.net.
Al detallar una serie de medidas con las que el gobierno de su
sucesor, Lenín Moreno, así como otros actores políticos, económicos y
judiciales buscan impedir su participación y la de su movimiento
Compromiso Social en las elecciones indicó:
Qué más claro rompimiento del estado de derecho, qué más claro intento de robarnos la democracia. Vivimos tiempos oscuros, tiempos de retroceso. Decimos ya basta, ya han destrozado demasiado, jueguen limpio.
Señaló que en ese empeño no ha importado implicar a inocentes
involucrados en el mismo caso, y en ese sentido mencionó a María de los
Ángeles Duarte (ex ministra de Transporte y Obras Públicas, de Inclusión
Social y de Desarrollo Urbano y Vivienda); Alexis Mera (ex secretario
jurídico de la presidencia) y Viviana Bonilla (asambleísta).
En ese proceso específico, la audiencia de apelación, luego de una
sentencia de primera instancia, quedó pospuesta antier, sin que se
informe una nueva fecha.
▲ El ex presidente de Ecuador Rafael Correa denunció que actores
políticos, económicos y judiciales de Ecuador buscan impedir su
participación y la de su movimiento en las elecciones, las cuales están
programadas para febrero de 2021.Foto tomada de un video publicado en
Twitter por el ahora aspirante
Correa precisó además que en su contra hay 31 juicios penales y 25
administrativos-civiles, de la Contraloría General del Estado.
Sobre esa instancia en particular, alertó que ahora intenta forzar la
eliminación del registro electoral del Movimiento Compromiso Social, al
cual se unió la Revolución Ciudadana y con el que ya sus miembros
ganaron espacios en los pasados sufragios seccionales.
La acción la respaldó con un informe presentado al CNE, en el cual
piden sacar del registro a cuatro organizaciones políticas, entre ellas,
Compromiso Social, de Correa, Podemos y Libertad es Pueblo y Justicia
Social, lo cual fue rechazado por la mayoría en el pleno del ente
electoral, cuya presidenta, Diana Atamaint, y dos consejeros, Esthela
Acero y José Cabrera, enfrentan pedidos de destitución por su actuación.
Correa aseveró que con esa postura, la Contraloría asume poderes que no le están conferidos.
Reaccionemos, no nos están haciendo un daño a nosotros (...) le están haciendo daño a la patria, enfatizó y cuestionó ¿dónde queda la democracia y las elecciones libres?
En este contexto, la Corte Constitucional suspendió temporalmente un
reglamento del gobierno encabezado por Lenín Moreno que permite el uso
progresivo de la fuerza de militares durante protestas sociales, lo que
ha sido criticado por organismos de derechos humanos.
La corte admitió una acción de inconstitucionalidad contra el acuerdo
ministerial adoptado en mayo que permite a los militares ir escalando
en el uso de fuerza hasta llegar al empleo de armas letales y dispuso
la suspensión de su aplicación hasta que el pleno adopte una decisión, informó la Defensoría del Pueblo en su cuenta de Twitter.
En la resolución de la Corte, divulgada por la defensoría, se indica que la suspensión del acuerdo
no implica pronunciamiento sobre el fondode la acción de inconstitucionalidad.
La Defensoría del Pueblo de Ecuador y otras organizaciones habían
presentado a inicios de junio demandas de inconstitucionalidad contra el
acuerdo ministerial, por considerar que regula funciones de las Fuerzas
Armadas no reconocidas en la Constitución.
En octubre pasado, durante protestas contra el alza del precio de
combustibles –que dejaron una decena de muertos y más de mil 300
heridos– el gobierno ordenó la militarización de Quito.
En medio de la pandemia también se desplegó a la fuerza militar para
el control de la movilidad, en medio de un estado de excepción.
Prensa Latina y Ap
Periódico La Jornada
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