Colombia ha permitido un nuevo ingreso de militares estadounidenses a su territorio, en el marco de la guerra antinarcóticos. Dados sus magros resultados en décadas, ¿cuáles son los reales objetivos?
  • El día 27 de mayo tras la publicación de una nota de prensa de la embajada de Estados Unidos (EE. UU.) en Colombia, empezó a circular la noticia de que el Gobierno colombiano había firmado un acuerdo con EE. UU. para que militares pertenecientes al Comando Sur (SOUTHCOM, por sus siglas en inglés) ingresen en el mes de junio al país para asistirle en la lucha contra las drogas.
  • En las últimas dos décadas, Colombia ha sido el principal receptor de ayuda militar por parte de EE. UU. en el Hemisferio Occidental, superando los 10 mil millones de dólares.[1] Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), Colombia reportó en 2019 un gasto militar de 10.084 millones de dólares, lo que representa el 3,2 % de su PBI,[2] uno de los más altos de la región. Sin embargo, la fórmula de mayor gasto en Seguridad y Defensa no ha resultado en mayor desarrollo e integración social, y está lejos de marcar menor producción de drogas ilícitas. 

¿En qué consiste el acuerdo?

  • En el documento publicado por el Comando Sur el 28 de mayo se dice que la Brigada de Asistencia de las Fuerzas de Seguridad (SFAB por sus siglas en inglés) “proporcionará apoyo militar a los esfuerzos diplomáticos y de desarrollo de EE.UU. y Colombia, entrenando, asesorando y ayudando a las unidades anfitrionas con el fortalecimiento de capacidades cruciales para la mejora de la cooperación antinarcóticos entre EE. UU. y Colombia”.
  • Congresistas del Partido de la U (santista) y de la coalición de oposición (Colombia Humana-UP, FARC, Polo Democrático y otros) cuestionaron al Gobierno citando a debate de control político por transgredir el artículo 173 de la Constitución[3] y omitir la solicitud de aval del Congreso, mientras los medios masivos de información justificaron el hecho porque la misión extranjera “no intervendrá en operaciones militares”, solamente brindará asesoramiento según anunció el ministro de Defensa.
  • El hecho de que la SFAB sea una fuerza militar perteneciente al Ejército de EE. UU., es un elemento suficiente para respaldar la preocupación de quienes se oponen a la misión. Sin embargo, también es cierto que la política exterior entre ambos Estados tiene una tradición extensa, por lo que existen “acuerdos de cooperación militar” a los que el Gobierno puede recurrir para validar el arribo de las fuerzas estadounidenses,[4] como en 2009 cuando el Gobierno de Uribe puso a disposición el “acceso, uso y propiedad de las instalaciones” correspondientes a siete bases militares (Palanquero, Malambo, Tolemaida, Larandia, Apiay, Cartagena y Málaga).[5]
  • Para mayor detalle, las SFAB son unidades militares formadas en la Military Advisor Training Academy (MATA) de Fort Benning, la nueva “Escuela de las Américas” ubicada en el estado de Georgia, y su asistencia “se basa en las necesidades operacionales e institucionales de las naciones socias y aliadas de EE. UU.” En otras palabras, participan de las operaciones en el comando, control, comunicaciones e inteligencia (C3I), tareas que esta misma brigada apoyó en Afganistán durante 2017. Lo que el Gobierno colombiano propone en su discurso, equivaldría a decir que los generales a cargo de operaciones a distancia no participan de las mismas.

¿En qué contexto ocurre?

  • Los anteriores gobiernos han mantenido las ayudas de EE. UU., especialmente en el programa de Control Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INCLE) al que EE. UU. ha aportado 6.929 millones de dólares en 20 años.[6] Es de destacar que Colombia sigue siendo considerado el principal productor de drogas ilícitas de la región según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), estimando la exportación de 1.200 toneladas de cocaína en 2019, lo que equivale a más del 70% global.[7] Correlativamente, EE. UU. se ubica como el principal consumidor de cocaína del mundo.
  • La misma UNODC, que posiciona a Colombia en la cúspide de su escalafón, no registra en su top a Venezuela, a pesar de que el pasado 26 de marzo el Fiscal General de EE. UU., William Barr, emitiera una orden internacional de captura con una lista de recompensas, al mejor estilo far west, contra el presidente Nicolás Maduro y otras 14 personas entre las que hay miembros del Gobierno y militares retirados.[8] La acusación: narco-terrorismo, corrupción y tráfico de drogas. Consecuentemente, el 1 de abril el presidente Donald Trump anunció un despliegue militar para aumentar “los esfuerzos antinarcóticos en el área de responsabilidad del Comando Sur”, un día después de que el Departamento de Estado presentara un plan denominado “marco para la transición democrática en Venezuela;[9] una novedad evidente en el documento redactado por Elliot Abrams es la ausencia de Juan Guaidó, expresión de agotamiento y fracaso en su papel de líder opositor.
  • En efecto, la operación en desarrollo que vincula a la SFAB se enmarca en esa maniobra contra el vecino oriental de Colombia, de acuerdo a la declaración emitida por la embajada de EE. UU. en Bogotá. Un indicador alarmante es que dos de las llamadas “Zonas Futuro”, donde operarán los miembros de la misión, comparten frontera con Venezuela. El Departamento de Estado viene intentando construir una fachada legal para intervenir en una nación que, para ellos, es transgresora de las leyes internacionales y una amenaza para la seguridad de las “naciones libres”, tal como lo hizo contra Irak en 2003 y ahora con Irán. Una continuación de la guerra antiterrorista a nivel global llevada a cabo por la administración Bush con la que se justificó el combate al “narco-terrorismo” a través del Plan Colombia.
  • El dato de contexto fundamental es que este movimiento se realiza en medio de la pandemia del Covid-19, que ha hecho estragos inocultables en EE. UU., con más de 100.000 muertes y con más de 36 millones de empleos perdidos. La situación de emergencia que se ha desatado también en Sudamérica pretende ser aprovechada para activar una ofensiva sin resistencia del lado colombiano, y sacar ventaja del lado venezolano.

¿Qué consecuencias tiene?

  • Dada la relación asimétrica entre EE. UU. y Colombia,[10] lo preponderante en la misma son los intereses de la potencia norteamericana. Las acusaciones judiciales al Gobierno, la Operación Antidrogas de Mayores Esfuerzos, así como la misión de la SFAB (de la que no se conoce aún el documento legal para su ingreso a territorio colombiano) confirman la postura amenazante y desesperada, que reaviva la incertidumbre sobre los alcances de la estrategia estadounidense en su menguante liderazgo mundial.
  • Aunque los datos del mismo Gobierno colombiano sean esclarecedores sobre la concentración geográfica y las rutas de circulación de la cocaína hacia el Pacífico, lastimosamente su grado de subordinación y compromiso con EE. UU., así como el de las élites conservadoras del continente, han permitido la injerencia norteamericana contra el pueblo de Venezuela, al punto de callar frente a la “Operación Gedeón” compuesta por mercenarios contratados por una empresa de seguridad privada de EE. UU. para atentar contra el presidente. Tal situación conduce a involucrar a Colombia en una guerra con Venezuela.


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