Editorial La Jornada
La Contraloría General del
Estado de Ecuador amenazó a tres de los cinco vocales del Consejo
Nacional Electoral (CNE) con destituirlos por mantener el registro de
cuatro organizaciones políticas, entre las que se cuenta Fuerza
Compromiso Social, partido en el que se agrupan los simpatizantes del ex
presidente Rafael Correa. El ex mandatario, exiliado en Bélgica,
denunció ayer que los amagos del contralor Pablo Celi forman parte de
las maniobras urdidas por el gobierno de Lenín Moreno para impedirle
presentarse a las elecciones de febrero próximo, y aseguró que dentro
del CNE se fragua un intento de retrasar los comicios con la misma
finalidad.
Estos movimientos no resultan sorpresivos si se considera que Moreno
ha dedicado la mayor parte de su mandato a desplazar de la vida pública a
todos los funcionarios que mantienen su respaldo a la Revolución
Ciudadana, impulsada por quien fuera su mentor político. Asimismo, debe
recordarse que las vías privilegiadas para acabar con el legado de su
antecesor han sido las alianzas serviles con quienes fueron sus
adversarios mientras ejerció la vicepresidencia en el primer mandato de
Correa, y la invención de expedientes judiciales contra todos los ex
funcionarios que no lo siguieron en la traición al programa con el que
accedió al gobierno en 2017.
La urgencia por cerrar la vía electoral al regreso de Correa debe
entenderse, además, en un contexto de pánico de la oligarquía
ecuatoriana que ejerce el poder a través de Moreno ante el desplome de
la aprobación y la credibilidad del mandatario, pues a medio año de las
elecciones, su gestión es reprobada por más de 80 por ciento de los
ciudadanos.
De consumarse cualquiera de las maniobras en curso, supondrían la
destrucción ya no sólo de la obra social de la Revolución Ciudadana,
sino el franco desmantelamiento del Estado democrático y la instauración
de un régimen legalizado por las instancias judiciales, pero carente de
cualquier legitimidad. Al carácter antidemocrático de estas intrigas se
suma la vileza de ponerlas en marcha cuando la población se encuentra
confinada y amedrentada por la pandemia del coronavirus, cuyo desastroso
manejo es uno de los principales factores en el desfondamiento del
morenismo.
Está claro que el mero intento de seguir esta vía aleja a Moreno de
las derechas institucionales y lo emparenta sin ambages con la dictadura
golpista que hoy impera en Bolivia.
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