Iván Restrepo
La Jornada
Lo acordaron en París en
diciembre de 2015 y unos meses después fue suscrito por 195 países. Su
objetivo: evitar que la temperatura global suba más de dos grados
centígrados; para ello, se establece un esquema de compromisos
nacionales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Aunque pudo haber sido más ambicioso en sus propuestas, en la capital
francesa se trazó el camino hacia un mundo sostenible mediante cambios
drásticos en la economía global. Se estima que es necesario reducir las
emisiones entre 40 y 70 ciento de 2010 a 2050 para permanecer por debajo
de los dos grados.
El acuerdo no especifica metas obligatorias a cada nación, como se
hizo en 1997 en Kioto. Cada cual se fija sus propios objetivos de
reducción de emisiones para 2025 o 2030. Estados Unidos, el mayor
generador de gases de efecto invernadero, se comprometió a disminuirlas
entre 26 y 28 por ciento para 2025, respecto a los niveles de 2005. La
mayoría de esos gases provienen de la quema de combustibles fósiles
(petróleo, carbón y gas natural), del uso de fertilizantes y la cría de
ganado.
Fue una de las medidas más importantes del gobierno del presidente
Barack Obama, que también aprobó otras para reducir las emisiones de
carbono con la finalidad de colocar a Estados Unidos como líder en la
lucha contra el cambio climático. Igualmente anunció apoyos para
aumentar la generación de energía renovable. Pero en 2017, su sucesor,
Donald Trump, anunció que retiraría a Estados Unidos del Acuerdo por
considerar que imponía una carga económica insoportable para su país.Un
Estado miembro puede hacerlo a partir del 4 de noviembre de 2020,
siempre que, un año antes de esa fecha, lo notifique a las Naciones
Unidas.
Eso hizo el secretario de Estado, Mike Pompeo, el lunes pasado. Aseguró que su nación
está orgullosa de su tradicional liderazgo mundial en la reducción de todas las emisiones, impulso de la adaptación, crecimiento de nuestra economía y garantía de energía para todos nuestros ciudadanos. Agregó que el modelo energético que tienen es
realista y pragmático.
Los hechos lo desmienten. Desde que ocupa la Casa Blanca Trump se
dedica a echar por tierra todas las políticas sobre el medio ambiente
que estableció Obama. Primero, nombró a Scott Pruitt, un negacionista
del cambio climático, como responsable de la Agencia de Protección
Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés). Saldría después de mala
manera de ese cargo. Pero él y su sucesor eliminaron el plan de energía
limpia de Obama, que impulsó a las compañías de electricidad a usar la
eólica, solar y de gas, en lugar de carbón. El propósito era cumplir la
promesa parisina de reducir las emisiones de carbono.
Además la EPA suspendió otras medidas, como la que responsabiliza a
las compañías químicas por el arsénico que se filtra al suelo a causa de
sus operaciones. No hay duda de que la salud de las personas se verá
afectada por las toxinas y el aire sucio. Y en paralelo, el departamento
del Interior está reduciendo las áreas protegidas. Grandes trozos de
los parques nacionales, orgullo de los ciudadanos por su belleza natural
y biodiversidad, se están abriendo a los perforadores que buscan
extraer gas o petróleo. Agreguemos que se terminó la prohibición de
importar trofeos de caza, incluyendo jirafas y leones, que se tenían que
dejar en África.
La retirada de Estados Unidos le cosecha severas críticas al señor
Trump. Todos los demás países signatarios han reiterado los compromisos
firmados en 2015. La semana pasada, en Shanghái, el presidente de
Francia, Emmanuel Macron, y el líder chino, Xi Jinping, lo hicieron
claramente.
Pero no basta. Un grupo de expertos analizó recientemente los
compromisos de los 184 países que han presentado planes de recorte de
sus emisiones. Menos de 20 por ciento se consideran suficientes para
cumplir con el Acuerdo de París. Destacan los que integran la Unión
Europea, Islandia, Liechtenstein, Mónaco, Noruega, Suiza, Ucrania y la
República de Moldavia. Todos ellos tienen planes de recorte para reducir
en 2030 sus gases de efecto invernadero al menos 40 por ciento,
respecto a los niveles de 1990.
¿Y México? La política energética del gobierno federal no desalienta
el uso del carbón y los hidrocarburos, sino todo lo contrario.
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