Betiana Vargas y Matías Caciabue
No es para sorprenderse: La golpista boliviana Jeanine Añez y el aún
presidente neoliberal argentino Mauricio Macri son del mismo partido
político latinoamericano. El espacio político se llama Unión de Partidos
Latinoamericanos, UPLA; es parte de la red ukltraconservadora Atlas y
cuenta con financiamiento público y privado estadounidense.
A rigor de verdad, es una articulación partidaria que sienta, en una
misma mesa, al Partido Propuesta Republicana (PRO) de Argentina y al
Partido Demócrata Social–Demócratas de Bolivia. La finalidad de esta
organización, según enuncia su sitio web, es la de defender “la
democracia y la libertad en América Latina” de las desestabilizaciones
causadas por “intervenciones militares del pasado, caudillismos o
populismos de algunos de sus gobernantes”.
En UPLA también conviven el partido pinochetista de la Unión
Democrática Independiente (UDI) y Renovación Nacional, del hoy
cuestionadísimo presidente chileno Sebastián
Piñera, el histórico Partido Conservador de Colombia y el uribista
Centro Democrático, actual partido de gobierno en dicho país.
También participan la Alianza Republicana Nacionalista, ARENA de El
Salvador, el Partido Colorado de Paraguay, el Partido Unionista de
Guatemala (que controla la capital del país desde el año 2004) y
Proyecto Venezuela de Henrique Fernando Salas Feo, entre otros.
A su vez, este espacio regional integra la Unión Internacional Demócrata o IDU,
por sus siglas en inglés. Allí, esos partidos latinoamericanos, quedan
bajo la protección del Partido Republicano estadounidense del presidente
Donald Trump, la Democracia Cristiana que gobierna Alemania con la
canciller Ángela Merkel, el Partido Popular (PP) español, entre las más
de 40 organizaciones asociadas.
Demócratas, el partido constituido en la pata civil del golpe de
Estado en Bolivia, llevó a su conductor, Óscar Ortiz, como candidato a
presidente en las elecciones del pasado 20 de octubre. Con 260 mil votos
y el 4,2% del electorado, Ortiz ocupó la cuarta posición. Pero,
destrozando el pacto democrático, lo que no se obtiene por los votos se
puede obtener por las botas.
El
año pasado, y en el marco de una gira de campaña, Óscar Ortiz pudo
encontrarse para la foto con Mauricio Macri y tener una reunión de
coordinación con Fulvio Pompeo, secretario de asuntos estratégicos de la
nación y monje negro de la diplomacia macrista, siendo uno de
los articuladores argentinos del “Grupo de Lima” y las movidas golpistas
en Venezuela.
Jeanine Añez, senadora bajo el mando de Ortiz, es una figura ignota para la sociedad boliviana. El diario La Razón de
Bolivia, el pasado 12 de noviembre, con Añez ya protagonista de una
presidencia autoproclamada, se veía en la necesidad de publicar una nota
para presentarla en sociedad: “¿Quién es la nueva presidenta del Estado
boliviano?”
En dicha nota se dice que Añez nació en el Municipio de San Joaquín,
en el departamento del Beni. Es Licenciada en Derecho y tiene diplomados
en Gestión Pública y Gestión Social, Diplomado en Derechos Humanos y en
Educación Superior. Entre 2006 y 2008 ejerció como asambleísta
constituyente por la oposición y su firma está presente sobre la
Constitución Política del Estado, esa que pisoteó al asumir, sin ningún
tipo de quorum, legitimidad y legalidad declarándose “Presidenta por
sucesión constitucional”.
La “Guaidó boliviana” está casada con el político colombiano Héctor
Hernando Hincapié, quien supo enrolarse en el Partido de la U del
expresidente Juan Manuel Santos, y el año pasado fue candidato a senador
por el Partido Conservador en el departamento de Tolima. Allí, según el
diario El Tiempo de Colombia, Hernando Hincapié se “quemó” obteniendo apenas 1.066 votos.
Las elites locales y las oligarquías globales
En la globalización, al calor de la concentración y centralización
del capital a una escala transnacional, las elites nativas se han
rearticulado económica, social y políticamente en el marco de lo que el
sociólogo norteamericano William Robinson ha definido como una cultura
capitalista global.
Estas elites, ahora globalizadas, comparten de una manera creciente
mismos estilos de vida, de consumo de los mismos bienes y servicios de
lujo, incluso de mismos patrones educativos, que incluye la formación en
los mismos nodos-universidades de una red educativa global con eje en
las universidades mejor ranqueadas de Estados Unidos y Europa.
Debajo de la oligarquía global están los profesionales de altos
ingresos, es decir, los directores, gerentes y CEO´s (ejecutivos), que
parecen compartir más culturalmente con sus contrapartes en los
diferentes países que con sus compañeros “nacionales” de las fracciones
no favorecidas de la clase obrera.
Ese entramado cultural se articula, estratégicamente, en redes de thinks tanks,
verdaderos partidos (y formadores) de cuadros del capital. En tal
sentido, las investigaciones sobre la Red Atlas del Observatorio en
Comunicación y Democracia y del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE), ponen en relieve los centros de estudios financiados
por el Departamento de Estado y la National Endowment for Democracy
(NED, Fundación Nacional para la Democracia). Todo da cuenta de la
capilaridad política creciente que dichos espacios, articulados en red,
tienen en la región.
Así, la Red Atlas tiene trece entidades afiliadas en Brasil, doce en
Argentina, once en Chile, ocho en Perú, cinco en México y Costa Rica,
cuatro en Uruguay, Venezuela, Bolivia y Guatemala, dos en República
Dominicana, Ecuador y El Salvador, y una en Colombia, Panamá, Bahamas,
Jamaica y Honduras.
Entre los cuatro thinks tanks de Bolivia pertenecientes a la Red Atlas destaca la existencia de la Fundación Nueva Democracia,
con sede central en Santa Cruz de la Sierra, en cuyo directorio
aparece, nada más y nada menos que el propio Óscar Ortiz, indudable jefe
político del rostro civil del golpe de Estado, la autoproclamada Añez.
Otro de los thinks tank boliviano, calibrado en el entramado mundial neoconservador, es el Instituto de Ciencia, Economía, Educación y Salud, ICEES, que muestra públicamente sus vinculaciones con el Comité Cívico de Santa Cruz de la Sierra.
Con
la firma de una de sus investigadoras, la periodista Susana Seleme, una
nota del ICEES ensalza al líder del Comité, el fascista Luis Fernando
Camacho afirmando que “por las inéditas dimensiones que ha cobrado su
liderazgo, pareciera que responde a postergadas necesidades colectivas
desde el punto de vista sociológico y psicológico”.
“Ha llenado un enorme vacío emocional y político que se traduce en
cohesión social, reconocimiento entre bolivianos/as, representatividad,
inclusión y consenso por un objetivo: derrotar ‘al tirano’ Morales y
obtener su renuncia, con carta incluida. De características casi
mesiánicas y religiosas, Camacho es el nuevo líder que retoma las
banderas del Federalismo y se enfrenta a Morales”, añade.
Para el caso argentino, en una investigación sobre la Red Atlas de la revista electrónica británica The Intercept,
cuya edición brasileña desarmó recientemente la trama del lawfare
contra el expresidente Lula, se señala que “a lo largo de los años,
Atlas y sus fundaciones benéficas afiliadas han proporcionado cientos de
subvenciones a grupos de expertos conservadores y de libre mercado en
América Latina, […] incluida la Fundación Pensar, el think tank Atlas que se fusionó con el partido político formado por Mauricio Macri”.
Por donde se lo analice, se nos manifiesta una red de nodos y una red
de redes, que superponen objetivos económicos, políticos, electorales e
intelectuales, íntima y discretamente coordinados.
Mientras tanto, crece la violencia y la militarización en Bolivia
En estos días calientes para Bolivia, aparecen
informaciones sobre la militarización creciente que vive el país.
Circulan videos sobre la represión de las fuerzas de seguridad en
distintos puntos del país, donde destaca una feroz arremetida el 14 de
noviembre contra campesinas y campesinos del trópico en las afueras de
la ciudad de Cochabamba, quienes iban de camino a La Paz, donde debían
confluir en una gigantesca protesta contra el golpe.
El CEDIB, Centro de Documentación e Información de Bolivia, ha
publicado una nómina que confirma el asesinato de nueve personas. Estas
se han dado en zonas periféricas de las ciudades principales y en
ciudades intermedias o alejadas y, casi en su conjunto, son muertes no
aclaradas ligadas a operativos policiales o militares y/o en intentos de
desbloqueo de rutas por parte de activistas enrolados en el Movimiento
Al Socialismo, el partido de Evo Morales.
Tras las protestas del fin de semana, numerosas informaciones ya
estiman en más de 23 las muertes en manos de las fuerzas represivas.
En Cochabamba, grupos estudiantiles reaccionarios, públicamente
vinculados al Comité Cívico de esa ciudad y organizados por fuera de la
Federación Universitaria Local (FUL), promovieron violentamente la
destitución de Juan Ríos, rector de la Universidad Mayor de San Simón
por su afinidad al MAS.
Los comandos civiles fascistas alimentan, así, el poder destituyente.
Cualquiera que no piensa como los “de la resistencia” es tildado de
masista (partidarios de Evo) y de ignorante. Pero, tal como lo afirmó el
vicepresidente Álvaro García Linera “el odio racial solo puede
destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de
una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de
cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista”.
Pese a la complicidad de Macri, Argentina denuncia el Golpe de Estado
Mientras el oficialismo argentino no habla de golpe de Estado, las
dos cámaras del Poder Legislativo se pronunciaron sobre el mismo de una
manera contundente. La declaración aprobada por el Senado expresó “su
más enérgico repudio al golpe de Estado perpetrado en Bolivia contra el
gobierno democráticamente electo del presidente Juan Evo Morales Ayma”.
Agregó que “Como argentinos de profunda tradición de paz y de respeto
a la voluntad popular, instamos al Poder Ejecutivo a pronunciarse
contra de este golpe cívico-militar que ha interrumpido el orden
democrático y constitucional”.
Alberto
Fernández, quien asumirá la presidencia argentina el 10 de diciembre,
durante su reciente visita al Uruguay, ofreció públicamente asilo al
gobierno violentamente destituido y afirmó que “Argentina es casa de
todos los bolivianos, y el día que llegue a la presidencia va a ser un
honor recibir a Evo Morales y a Álvaro Linera”.
Así, en un país de enorme vínculo económico, político y cultural con
Bolivia, se multiplican los esfuerzos por denunciar las violaciones a
los derechos humanos, con declaraciones de los organismos humanitarios,
mientras las redes sociales convocan a visibilizar y denunciar el golpe
de Estado. El lunes 18 de noviembre una multitud de más de 100 mil
personas repudió el golpe ocupando las calles frente a la Casa Rosada,
la sede del gobierno argentino.
En Bolivia, en 13 años de la “dictadura de Evo” –como la denominan
las fracciones medias alimentadas por la prensa de la derecha- no se
sacó nunca a las fuerzas armadas a la calle. En una semana de
“democracia”, con una presidenta desconocida y autoproclamada ante una
Asamblea Legislativa sin quórum, las Fuerzas Armadas y la policía ya
están “pacificando” el país.
De hecho, las fuerzas represivas del Estado cuentan, desde el sábado,
con una verdadera licencia para matar a partir del Decreto Supremo N°
4082 firmado por Añez, donde se afirma que “estará exento de
responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones
constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad”
[sic].
Pese a la represión y la muerte, la respuesta popular apenas
comienza. La situación humanitaria es muy grave y una guerra civil está
en curso, donde los medios militares y de seguridad son el sostén de un
grupo civil ultra reaccionario con fuertes lazos en Argentina, en la
región y en el mundo.
[*] Vargas es Licenciada en Psicopedagogía, maestranda en
Ciencias Sociales con orientación en Educación (Flacso). Caciabue es
Licenciado en Ciencia Política y docente de la Universidad Nacional de
Hurlingham. Ambos, investigadores del Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico, (CLAE www.estrategia.la).
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