Gobierno de facto y mas buscan
la pacificación del país
Golpe de Estado versus régimen
de transición democrática, tema irreconciliable
▲ Cientos de personas participan en una manifestación de apoyo al
exiliado presidente de Bolivia, Evo Morales, frente a la embajada de
Estados Unidos en Buenos Aires.
La Paz. La ley para anular los comicios del 20 de octubre
y convocar a nuevas elecciones estaba lavada y planchada. El Senado
boliviano la aprobó por unanimidad porque fue resultado de largos días
de negociaciones. Salvo algunas minucias técnicas, no hubo debate sobre
la ley, sino sobre un tema irreconciliable: golpe de Estado versus
gobierno de transición democrática.
El Régimen Excepcional y Transitorio para la realización de
Elecciones Generales sería aprobada horas más tarde, con la misma
celeridad, en la Cámara de Diputados.
La ley establece que los comicios se celebrarán 120 días después de
la elección de las nuevas autoridades electorales, mismas que deben ser
elegidas en un máximo de 20 días.
Una vez en sus cargos, los vocales del Tribunal Supremo Electoral
tendrán 48 horas para hacer pública la fecha de los comicios. La ley
también establece que al menos dos de los vocales deben ser indígenas y
tres de ellas mujeres.
Igualmente, se actualizará y
sanearáel padrón electoral.
Este domingo se espera la promulgación de la ley por la presidenta de facto Jeanine Áñez.
La crisis boliviana, sin embargo, es mayor que un acuerdo
parlamentario que, por lo demás, tardará tres semanas en ofrecer su
primer resultado: el nombramiento de los vocales electorales.
El Movimiento al Socialismo cuenta con dos tercios en la Asamblea
Legislativa (suma de las cámaras de diputados y senadores). Pero su
máximo líder está en el exilio, su número dos fue apresado el jueves y
muchas de sus figuras están fuera del país, refugiadas en la embajada
mexicana o escondidas porque temen ser encarceladas.
Volvamos al Senado. En papel de vocero oficioso de Áñez, Óscar Ortiz (Unidad Demócrata, Santa Cruz), habló de un gobierno
de transición democráticaque va a garantizar
una participación política absolutamente libre.
Adriana Salvatierra, quien era presidenta del Senado hasta la
renuncia del presidente Evo Morales y fue presionada para renunciar, le
respondió que no puede llamarse gobierno de transición a uno que
expulsa ciudadanos, genera 31 muertos, 780 heridos, mil detenidosy que acusa a periodistas de sedición.
No hubo aplausos para uno ni para otro, sólo cuando se anunció la
presencia de representantes de la Organización de Estados Americanos, la
Organización de Naciones Unidas y la iglesia, mediadores en la crisis, y
cuando la ley fue aprobada en lo general.
La senadora Sonia Chiri, también del MAS, recordó que existió la
amenaza de cerrar la Asamblea y convocar a elecciones vía decreto.
Quizá el gobierno de facto calculó que usar ese camino
fortalecería la idea del golpe de Estado y optó por la negociación con
la mayoría legislativa del MAS.
Todavía hoy, se quejaron senadores del MAS, son acosados y
perseguidos. Sus adversarios les respondieron que ellos fueron
perseguidos durante 13 años. Los dos bandos se acusaron mutuamente del
incendio de casas de legisladores, de secuestros y otras linduras.
El punto es
la pacificación del país. Los bandos en conflicto, por un lado el partido del asilado presidente Evo Morales y sus bases aliadas, y por el otro el gobierno de facto con sus partidos y sus
cívicos, usan la expresión aunque cada uno la entienda a su manera.
Choque en Cochabamba
El gobierno de facto trata de convencer a los
bolivianos de que todo se encamina a la normalidad, vía acuerdos con las
organizaciones sociales movilizadas. Del otro bando, circulan condenas a
los líderes que se han tomado la foto con Áñez e informaciones sobre
nuevos bloqueos, sobre acuerdos de pueblos enteros que deciden mantener
sus bloqueos o comenzarlos.
Las señales que daban lugar a cierto optimismo (la ley electoral, el
salvoconducto a los hijos de Evo Morales, que partieron a Argentina) se
toparon con la cruda realidad de la confrontación.
Mientras senadores y diputados votaban, en Cochabamba pobladores se
enfrentaban con militares que custodiaban camiones rumbo al basurero de
la ciudad. La agencia Ap reportó ocho militares retenidos.
La calle frente al hotel donde se hospedan funcionarios de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –muy cerca de la embajada de
México– fue escenario de confrontaciones entre
cívicosenemigos de Morales y los partidarios del asilado.
Gerardo García no está solo. Decimos desde acá, desde la clandestinidad, hermano, no te vamos a dejar solo, dice Gualberto Arispe, secretario de comunicación del MAS, en un video que circula en las redes, en referencia al segundo de a bordo del partido de Evo Morales.
Quieren hacer ver como si no pasara nada en nuestro país, afirma Arispe.
Al menos lo intentan.
Casi 85 por ciento del país ya está pacificado, pero faltan sectores que no quieren colaborar, se ufanó Arturo Murillo, ministro interino de Gobierno.
No quieren colaborar, por ejemplo, los campesinos de 20 provincias de
La Paz y de la Federación de Juntas Vecinales de El Alto, que se
reunieron con el ministro de la Presidencia, Jerjes Justiniano.
El funcionario les concedió ocho de nueve demandas, pero no la novena
que es la destitución de Arturo Murillo, quien ha asumido la
responsabilidad del operativo en Senkata, que se saldó con la muerte de
ocho pobladores.
El resto de las demandas, que el gobierno de facto ofreció
cumplir, fueron: abrogación del decreto que libera de responsabilidad
penal a los militares y repliegue de los mismos; elecciones antes del 22
de enero; libertad de los detenidos durante las protestas; fin a la
persecución de dirigentes; indemnización a las familias de los
asesinados y atención a los heridos; respeto a la wiphala y castigo a
los policías que le prendieron fuego; además de dar continuidad a las
acciones del plan
Evo cumple.
Los dirigentes firmaron, pero con una advertencia: si no les cumplen
la novena demanda y destituyen a Murillo, seguirán los bloqueos.
Foto Afp
Arturo Cano
Enviado, Periódico La Jornada
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