Honduras
El golpe de Estado
contra el presidente Zelaya en Honduras el 28 de junio de 2009 inauguró
una fase de golpes parlamentarios contra gobiernos del eje progresista
latinoamericano. A este le sucedieron los golpes contra Lugo en Paraguay
(2012), contra Rousseff en Brasil (2016) y el fallido contra Maduro en
Venezuela (2016-17).
Objetivos golpistas. El derrocamiento de
Zelaya tenía como objetivo expreso abortar un proceso que había
provocado un rechazo creciente de la oligarquía y el imperialismo
estadounidense. Durante el primer año de su mandato (2006) no se produce
ningún cambio relevante, pero a partir de 2007 se efectúa un giro con
el acercamiento a Venezuela y la entrada en Petrocaribe. 2008 será clave
ya que Zelaya se adhiere al ALBA, además de incrementar el salario
mínimo más de un 60% y negociar con el movimiento campesino un decreto
para legalizar tierras ocupadas.
La propuesta de consulta popular
en 2009 para impulsar una Asamblea Constituyente será la gota que colme
el vaso y que justifique el golpe.
Zelaya, además de “traidor de
clase” para las elites del país, había intentado redefinir el papel
geopolítico asignado históricamente a Honduras (ser plataforma
contrarrevolucionaria contra los países del entorno, principalmente
Nicaragua y El Salvador), por lo que el Pentágono planificó su caída.
El
golpe no cuidó especialmente las formas: Zelaya fue secuestrado en
plena madrugada por militares, trasladado a la base gringa de Palmerola
(al lado de Tegucigalpa) y enviado por avión a Costa Rica. Al día
siguiente, el parlamento quiso legitimar el golpe presentando una
supuesta carta de renuncia del presidente, que este mismo denunció como
falsa.
Laboratorio de distopía. El régimen que desde hace
una década se ha impuesto en Honduras es una combinación de
autoritarismo político y ultra-liberalismo económico, por lo que lo
“liberal” se vacía de la ecuación política, pero se radicaliza en el
plano económico. Es un ejemplo del nuevo tipo de régimen que se está
ensayando en algunas zonas del planeta en el que se articula un
capitalismo cada vez más extremo con sistemas políticos no literalmente
dictatoriales, pero si en transición hacia un post-Estado de Derecho. En
síntesis, una muestra del laboratorio de distopías del siglo XXI.
El
nuevo régimen político post-liberal se expresa en la hibridación de un
modelo de elección fraudulento con un modelo de administración del poder
cada vez más coercitivo. Por un lado, las dos últimas elecciones
presidenciales (2013 y 2017) han sido ganadas por la oposición de
centro-izquierda (Partido LIBRE y aliados), pero ha continuado
gobernando la derecha golpista (Partido Nacional) a través de un fraude
avalado por las potencias occidentales. El modelo electoral, por tanto,
permite comicios multipartidistas, pero la presidencia no la ocupa quien
realmente gana sino quien conviene que gobierne, suprimiendo
abruptamente uno de los principios básicos del liberalismo electoral. En
resumen, se garantiza el derecho a presentarse (‘no es una dictadura
tradicional’) pero se hace inviable el derecho a gobernar.
El
segundo pilar del nuevo régimen es un modelo de administración de
gobierno en el que el ‘poder coercitivo’ tiene cada vez más peso frente
al ‘poder persuasivo’. Generar consenso cada vez importa menos, por lo
que se prioriza la coerción, la cual se ejerce combinando instrumentos
legales e ilegales.
La represión ‘legal’ se está materializando a
través de tres vías principales: la militarización, la judicialización y
el encarcelamiento. COFADEH, una de las organizaciones de derechos
humanos más prestigiosas del país ha denunciado la creciente
militarización, con la creación de una policía militar y el destino de
las Fuerzas Armadas a labores policiales, además de la creciente
presencia de asesores del MOSAD, del DAS y obviamente de la CIA. El
actual ministro de Seguridad es una de las figuras de la represión de
los años 80 y desde el 2011 el gobierno ha impuesto una ‘tasa de
seguridad’ para financiar la escalada represiva.
La
judicialización es otro instrumento privilegiado de la represión ya que
se está haciendo un uso perverso de figuras penales muy duras
(terrorismo, usurpación) para imponer penas desproporcionadas a líderes
del movimiento popular. Además, en noviembre el Congreso pretende
aprobar un nuevo código penal sumamente represivo. Lo anterior se
complementa con un incremento sustancial del número de presos políticos y
la creación de cárceles de máxima seguridad (formalmente para
narcotraficantes, pero de facto para defensoras de la tierra y el
territorio).
El régimen articula la represión legal con el uso de
instrumentos ilegales de todo tipo. Por un lado, el movimiento
campesino e indígena denuncia la infiltración para generar división al
interior de las comunidades. Por otro lado, destacan las campañas de
criminalización, caracterizando a líderes sociales como pandilleros,
narcotraficantes o terroristas, para así legitimar acciones en su
contra. A su vez, las amenazas y seguimientos han obligado a que un gran
número de líderes populares vivan con fuertes medidas de seguridad y en
algunos casos en régimen de semi-clandestinidad. Por último, las
agresiones y asesinatos están a la orden del día, con un fuerte
incremento de los feminicidios, apunta Suyapa Martínez, del Centro de
Estudios de la Mujer. Esto en un contexto de impunidad de más del 90% de
los crímenes. Para Berta Oliva, directora del COFADEH, “no estamos en
un Estado de Derecho sino en uno de Desecho”.
Régimen económico ultra-liberal.
Uno de los principales objetivos del golpe fue la restitución del
modelo neoliberal y a su vez una radicalización de este. Los pilares del
actual modelo son: intensificación del extractivismo y de la
agroindustria, contra-reforma agraria, reducción abrupta del salario y
privatizaciones.
A través de la denominada “diarrea legislativa”
(Nueva Ley de Minería de 2013, etc.) se ha favorecido la entrega masiva
de territorio a proyectos transnacionales mineros y energéticos. La
minería ha aumentado un 100%, pero si sumamos los proyectos pendientes
el incremento es del 450%. Desde La Vía Campesina de Honduras (LVC)
denuncian que es habitual la entrega irregular de licencias ambientales.
Los impactos de todos estos proyectos en las comunidades
campesinas e indígenas que habitan o viven cerca de los territorios
concesionados son múltiples. Uno de los más destacados por LVC es la
restricción del acceso al agua por la privatización de cuencas, el
desvío de cauces y la contaminación de acuíferos. También destacan la
restricción del acceso a recursos forestales por la tala masiva.
La
contra-reforma agraria que viene de los años 90 (Ley de ‘modernización’
agraria) se ha intensificado con la expansión del modelo
agro-industrial y la consiguiente expulsión de masas de campesinos de
sus tierras. La concentración de tierra se ha acelerado en torno a los
productos ‘estrella’ de exportación: café, banano, palma de aceite y
caña de azúcar. Paralelamente, la importación de alimentos básicos se ha
acelerado, incrementando los niveles de inseguridad alimentaria.
Rafael
Alegría, dirigente histórico campesino, señala que el movimiento
campesino sigue solicitando tierras al INA (Instituto Nacional Agrario),
pero como este no cumple su función las familias se ven obligadas a
ocupar (‘recuperar’ lo robado históricamente), y entonces el Estado
activa el protocolo de desalojo, generando un alto nivel de
conflictividad y represión. En la última década más de 8.000
campesinos/as han sido detenidas tras desalojos.
La reducción del
salario de las clases trabajadoras se ha ejecutado a través de la Ley
de Empleo por Hora de 2014, que permite pagar menos del salario mínimo.
En cuanto a las privatizaciones, además de las vías terrestres, el
gobierno ha intentado privatizar en 2019 la salud y la educación, pero
no lo ha logrado producto de la movilización popular. Por otro lado, el
proyecto estrella de la década han sido las ZEDES (Zonas Especiales de
Desarrollo Económico), popularmente conocidas como “ciudades modelo”,
donde no solo se entrega el territorio al capital transnacional, sino
que además se autogobiernan y disponen de policía y administración de
justicia propia. En síntesis, supresión radical de la soberanía
nacional.
Las consecuencias sociales de este laboratorio de
distopía son dramáticas ya que han llevado al país a una situación de
evidente “emergencia social”. Sin embargo, el apagón mediático global
invisibiliza esta realidad. En la actualidad, dos de cada tres personas
son pobres y más de un 40% sufren pobreza extrema. A su vez, la
emigración se ha disparado. Según Eugenio Sosa, sociólogo y profesor de
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, un 40% de la población
tiene planificado migrar y un 20% más no descarta hacerlo.
Resistencia popular.
A pesar de esta radiografía dramática, Sosa subraya una serie de
elementos que muestran que existe una importante resistencia al modelo.
Asegura que a lo largo de estos 10 años se ha desarrollado una lucha
constante y que se ha producido un proceso de fuerte politización en los
sectores populares. Destaca una serie de luchas que han simbolizado una
década de resistencia: la larga lucha, de muchos meses, contra el golpe
de Estado; la lucha diaria contra el extractivismo en todo el país; la
reactivación del movimiento estudiantil; el gran movimiento contra el
fraude electoral de 2017 y la más reciente movilización (exitosa) contra
el intento de privatización de la salud y la educación. Concluye
augurando una intensificación del conflicto y de la disputa entre el
bloque golpista en el poder y el bloque popular del cambio.
Luismi Uharte. Grupo de investigación Parte Hartuz, Universidad del país Vasco.
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