Rocío González* Y Pablo Seguel**
Lo que se inició como una
protesta contra el alza del transporte público en Santiago la segunda
semana de octubre, en menos de un mes se ha transformado en la mayor
crisis política y social del país desde el retorno de la democracia en
1990. El agotamiento del programa de gobierno del presidente Sebastián
Piñera y un viraje radical en la agenda política ha implicado la
apertura de un camino constituyente que ha cuestionado los pilares del
modelo neoliberal consagrado por la dictadura militar de Augusto
Pinochet a través de la Constitución de 1980. El costo humanitario de
este viraje en la agenda pública ha sido una masiva y sistemática
violación de los derechos humanos cometidos por el actual gobierno, con
un saldo de víctimas sólo comparables con los crímenes cometidos por la
dictadura militar.
Según reportes del Ministerio Público chileno, entre el 17 de octubre
y el 8 de noviembre se registraron 23 muertos en las manifestaciones,
siete de ellos producto de armas de fuego en manos del ejército,
producto de los golpes propinados por agentes de Estado o dentro de
cuarteles de Carabineros. En ese mismo lapso se registran 22 mil 260
detenciones por parte de la fuerza pública, de las cuales los tribunales
han decretado mil 229 medidas de prisión preventiva por estar amparadas
por la Ley de Seguridad Interior del Estado. El Instituto Nacional de
Derechos Humanos (INDH, un organismo de derecho público autónomo) ha
constatado 2 mil nueve heridos en hospitales en el contexto de las
manifestaciones hasta el 10 de noviembre, de los cuales 387 fue por uso
de armas de fuego, 643 por perdigones, 41 por balines y 938 por golpes y
gases de la fuerza pública. Datos que según Cruz Roja se duplicarían,
ya que existe un gran número de heridos que no denuncian por temor a ser
procesados por el Estado.
Una situación de especial preocupación internacional ha sido el uso
indiscriminado de escopetas antidisturbios, que ha dejado un saldo de
197 personas con daños oculares, de los cuales 170 fueron calificados
como severos por la Sociedad Chilena de Oftalmología. Uno de los casos
más dolorosos se registró el 8 de noviembre cuando un estudiante de
sicología, de 21 años, perdió la visión en ambos ojos producto de un
disparo percutado a escasos metros de distancia por Carabineros en
Santiago. En ningún país del mundo se registran estas cifras de trauma
ocular, ni siquiera en el contexto del conflicto en la Franja de Gaza.
Motivo que llevó al decano de la Facultad de Medicina de la Universidad
de Chile a afirmar que el gobierno ejerce la
mutilaciónde sus ciudadanos como un mecanismo de control político.
El uso desproporcionado de la fuerza física para contener las
manifestaciones de los ciudadanos, las detenciones ilegales, apremios
ilegítimos, torturas y violencia sexual se han transformado en
situaciones sistemáticas desde el inicio de las movilizaciones en todo
el país. Por estos hechos el INDH ha interpuesto 283 acciones judiciales
en contra del Estado chileno y sus fuerzas de seguridad, entre las que
destacan cinco por homicidio doloso, seis por homicidio frustrado, 52
por delitos sexuales y 192 por delitos de torturas y tratos crueles.
Los principales responsables de la crisis humanitaria que se vive en
Chile son Piñera y su primo, el ex ministro de Interior y Seguridad
Pública, Andrés Chadwick Piñera. Según demostró un reportaje del diario La Tercera,
ambos ya habían tomado la decisión de decretar el estado de emergencia
el viernes 18 de octubre por la tarde, antes de que se generaran los
ataques a la red de transporte público como símbolos del malestar
ciudadano y que hasta la fecha se ha utilizado como justificación del
estado de excepción constitucional decretado. Esa decisión y la
vehemencia en afirmar que Chile está siendo atacado por una conspiración
internacional llevó al presidente a declararle la guerra contra la
ciudadanía el domingo 21 de octubre, al afirmar:
estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie.
Esta situación de profunda desconexión con el sentido común de una
ciudadanía abusada por décadas por un modelo que institucionaliza y
profundiza la desigualdad tiene al régimen de Piñera con 9.1 por ciento
de aprobación ciudadana (según la encuesta Pulso Ciudadano) y
con 79 por ciento de rechazo (Cadem). Por su parte, la ciudadanía pide a
gritos una nueva Constitución Política (87 por ciento) vía asamblea
constituyente (46 por ciento) (Cadem).
Las cifras de estas violaciones cometidas por el gobierno de Piñera
no tienen parangón en la historia republicana del país e incluso
superando en algunos aspectos a la dictadura militar del general Augusto
Pinochet en el periodo 1973-1990, de la que el actual presidente y su
primo fueron colaboradores civiles. El costo humano de dicho régimen fue
una política sistemática de violación a los derechos humanos de los
opositores. Según datos de la Comisión Rettig, de 1991, 3 mil 227
personas fueron detenidas desaparecidas y ejecutadas. Por su
parte, según la Comisión Valech I, de 2004, y Valech II, de 2011, la
implementación del régimen fue llevado adelante a través de una política
sistemática de detenciones y torturas que reconoció 38 mil casos
acreditados por este motivo.
En la actualidad, en menos de 30 días, se registraron 22 mil
detenciones por manifestaciones, cerca de 60 por ciento de las
detenciones políticas que cometió la dictadura militar. Los datos hablan
por sí solos y cualquier país civilizado y ciudadano debe condenarlos:
el gobierno de Piñera viola los derechos humanos de sus ciudadanos.
*Cientista política.
** Historiador y sociólogo.
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