La Jornada
Editorial
Las calles de las principales ciudades de Colombia fueron tomadas ayer
por cientos de miles o más de un millón de manifestantes –dependiendo
de si se citan cifras oficiales o de la Central Unitaria de
Trabajadores– en protesta por la descarnada política económica
neoliberal seguida por los gobiernos recientes, en demanda de mayor
presupuesto para educación, en defensa de los derechos laborales y en
repudio a los asesinatos de campesinos e indígenas –129 desde que el
presidente, el derechista Iván Duque, tomó posesión, hace poco más de un
año– y a la violencia de género. Aunque las movilizaciones fueron
pacíficas en su mayoría, hubo episodios de violencia en Bogotá y en
Cali, ciudad en la que se decretó toque de queda. El saldo de heridos
fue de 37 y el gobierno reportó la detención de 34 personas.
Como ocurrió en Chile hace un mes, el malestar social llegó a un
punto de hartazgo ante un gobierno empeñado en recortar derechos,
ahondar desigualdades y manejar la administración pública en función de
los intereses de una minoría oligárquica y no de la población en
general. Uno de los detonantes más claros de la eclosión de descontento
fue la reforma al sistema de pensiones y, otro, el abandono presupuestal
de la educación. A ellos se agrega el incumplimiento generalizado por
parte de la presidencia de Duque de los Acuerdos de Paz, firmados en La
Habana entre el mandatario anterior, Juan Manuel Santos (2010-2018), y
las disueltas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cuyos
integrantes crearon el actual partido político Fuerza Alternativa
Revolucionaria del Común. La renuencia gubernamental a llevarlos a la
práctica ha creado un clima de violencia en que han sido asesinados
centenares de dirigentes sociales comprometidos con el proceso de paz y
el rearme de grupos disidentes de la vieja organización guerrillera.
La convergencia de esos y otros malestares, descontentos y rabias en
el paro nacional realizado ayer encuentra a Duque en un momento de
debilidad, tras la derrota sufrida el mes pasado por su partido en las
elecciones locales, en las que perdió las alcaldías de Bogotá y Medellín
–la segunda se consideraba plaza fuerte del ultraderechista ex
presidente Álvaro Uribe, mentor político del actual mandatario– y en
momentos en que su índice de aprobación apenas llega a 31 por ciento.
Por añadidura, Uribe fue recientemente vinculado a proceso y enfrenta un
juicio por soborno, fraude y manipulación de testigos.
En los días previos a las movilizaciones de ayer, el oficialismo
lanzó una campaña de propaganda advirtiendo del supuesto carácter
violento y antidemocrático de las manifestaciones y emitió,
paradójicamente, amenazas de reprimir a quienes salieran a protestar.
Más allá de los hechos de violencia registrados, es claro que ni las
marchas tuvieron un sentido vandálico ni el gobierno se atrevió a lanzar
una represión masiva, temeroso acaso de los efectos contraproducentes
que podría tener una carga policial contra la sociedad en las calles,
como ha ocurrido en Chile y, anteriormente, en Ecuador.
Cabe esperar que el gobierno de Duque sea capaz de escuchar lo que
pide gran parte de la población en las calles. Si no es capaz de hacerlo
y se empecina en mantener sus políticas antipopulares contra viento y
marea, podría llevar a Colombia a una inestabilidad política de
consecuencias imprevisibles.
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