Santiago. El primer aniversario luctuoso del comunero
mapuche Camilo Catrillanca se convirtió en el principal motor de las
protestas de ayer en esta capital y otras ciudades de Chile, que ya casi
cumplen un mes, para presionar al gobierno del presidente Sebastián
Piñera a impulsar una nueva Constitución que desmonte el actual modelo
económico.
Catrillanca, de 24 años, falleció durante una operación de las
fuerzas especiales de la policía en Temuco, región de la Araucanía, sur
de Chile. Los efectivos ocultaron las grabaciones que evidenciaban que
el joven fue baleado por los agentes cuando, desarmado, conducía un
tractor junto a un adolescente de 15 años, quien fue reprimido y
arrestado sin argumentos.
Miles de manifestantes abarrotaron la santiagueña Plaza Italia –a la
cual los inconformes cambiaron el nombre a Plaza Dignidad– para recordar
con decenas de actos la muerte de Catrillanca, entre los que destacó
una oración de los familiares del fallecido. Al concluir, se reportaron
enfrentamientos entre manifestantes encapuchados y elementos de
Carabineros, que dejaron varios heridos.
En Temuco, unos 800 kilómetros al sur de Santiago, la familia de
Catrillanca asistió a una discreta ceremonia e hizo un llamado para
recordarlo de manera pacífica. Pese a la vigilia, habitantes de la zona
pidieron justicia por la muerte del joven, lo que desató enfrentamientos
con la policía.
En las sureñas ciudades de Concepción, Temuco y Puerto Montt, donde
también se llevaron a cabo actos en memoria de Catrillanca, hubo algunos
choques entre policía y manifestantes, barricadas e incendios.
En este escenario de máxima tensión, que ha dejado 22 muertos desde
el 14 de octubre, las fuerzas políticas apuran en el Congreso un acuerdo
sobre una nueva Constitución que permita destrabar la crisis, la mayor
que vive el país desde el retorno a la democracia tras la dictadura de
Augusto Pinochet (1973-1990).
La oposición logró un pacto sobre una propuesta de Asamblea
Constituyente, que fue rechazada por el gobierno y los partidos
oficialistas. Sin embargo, las autoridades aceptaron cambiar la Carta
Magna mediante una convención, que incluya a ciudadanos y legisladores.
Para que se apruebe un cambio constitucional se requiere el voto de
de dos tercios de ambas cámaras, que hoy no logran ni la izquierda ni
los partidos de gobierno.
Afp, Reuters y Ap
Periódico La Jornada
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