Promete indagar y hacer justicia
Santiago. El presidente Sebastian Piñera reconoció que la
policía (Carabineros) pasó por encima de sus propios límites durante la
represión de las manifestaciones, que suman cuatro semanas en Chile, y
que se han cometido violaciones a los derechos humanos.
Lamentablemente, a pesar del firme compromiso para proteger los derechos humanos, en algunos casos no se respetaron los protocolos (policiales), hubo uso excesivo de la fuerza, abusos o delitos y no se respetaron los derechos de todos, admitió Piñera la noche del domingo, después de cinco días de total ausencia pública.
En el mes transcurrido desde que prendieron las protestas (18 de
octubre), las cifras oficiales indican que hay 23 muertos, cinco de
ellos por disparos de uniformados; más de 6 mil 300 detenidos (759
menores de edad) y 2 mil 391 heridos (41 por balazos, 964 por
perdigones, de las cuales 222 tienen heridas oculares, y 909 por
golpizas u otro). El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha
presentado 384 acciones judiciales.
La víctima mortal más reciente se contó el sábado 16, cuando Abel
Acuña, de 29 años, aparentemente sufrió un paro cardiaco en la Plaza
Italia. Hay evidencia gráfica de que cuando los paramédicos buscaban
rescatarlo para llevarlo a un hospital, su esfuerzo fue abiertamente
perjudicado por la policía. El Colegio Médico y el Servicio de Atención
Médica de Urgencia confirmaron que las fuerzas especiales
agredieronal equipo médico con
chorros de agua, gas lacrimógeno y disparos con armas antidisturbios, lo que retrasó la reanimación del paciente. La socorrista que atendía fue herida en una pierna y Abel falleció 15 minutos después.
La violencia policial ha sido implacable y abiertamente animada por
la oficialidad superior. Apenas el miércoles 13 se filtró un audio,
reconocido como auténtico, en el cual la máxima autoridad de
carabineros, general Mario Rozas, hablando a la tropa, promete
impunidad.
Tienen todo el apoyo, todo el respaldo, de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a dar de baja por un procedimiento policial. Aunque me obliguen, no lo voy a hacer, dijo, desatando los aplausos. Carabineros después aclaró que se refería a decisiones sin un previo sumario interno.
Pero la presidencia de Piñera quedará marcada por la represión con
que respondió a la movilización social. La actuación policiaca y del
ejército comenzó a ser escrutada en terreno por observadores del Alto
Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La semana pasada, en Quito, comisionados de la CIDH reprendieron a
representantes del gobierno chileno que justificaban la violencia del
Estado.
El presidente, sabedor del riesgo que corre, se comprometió a que todos los casos
sigan siendo investigados para que en función del mérito de la causa puedan ser conocidos y juzgados. Además de disculparse y ofrecer condolencias, aseguró que dará asistencia
para que la Fiscalía y tribunales cumplan con su función de investigar y hacer justicia.
Prometió que
no habrá impunidad ni con los que hicieron actos de inusitada violencia ni con aquellos que cometieron abusos.
También reconoció que el martes 12 estuvo a un tris de sacar al ejercito nuevamente a la calle.
Para mañana y el miércoles se anuncia una segunda huelga general,
convocada por la Mesa del Sector Público, que agrupa a 16 gremios.
Las manifestaciones entran en su quinta semana y si bien su masividad
se redujo, siguen fuertes y lejos de terminar, pese a que el viernes 15
un arco de fuerzas políticas suscribieron un pacto para abrir un camino
legal hacia una convención constituyente que redacte una nueva Carta
Magna.
Sectores opositores que se excluyeron del pacto y también desde la
ciudadanía, temen que el requisito de que los acuerdos y normas sean
aprobados por dos tercios de los delegados convencionales frustre el
objetivo de terminar con los enclaves autoritarios incorporados a la
Constitución pinochetista para consagrar inamovible el modelo
neoliberal.
Pero quienes defienden el pacto, sostienen que la nueva Constitución se redactará desde una
hoja en blanco, lo cual significa que en aquellas materias sin sumar dos tercios de aprobación, no prevalecerá el contenido actual, sino que se legislarán después en el Parlamento y que podrán aprobarse por mayorías simples y no con quórums calificados, como ocurre actualmente.
En la sociedad civil también se expresan urgencias respecto de que la
convención constitucionalista sea representativa de la diversidad
social, y que no sea acaparada por la clase política, cuyas principales
representaciones (Parlamento y partidos) tienen más de 90 por ciento de
rechazo y desconfianza ciudadana.
Aldo Anfossi
Especial Para La Jornada
Periódico La Jornada
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