A propósito de la
continuidad de las movilizaciones en Chile, ha comenzado un proceso de
cabildos autoconvocados y abiertos, en donde la población ha comenzado a
sentar las bases para dar inicio de un proceso constituyente inédito,
el cual le devuelva la dignidad a un pueblo que ha tenido que lidiar por
más de 40 años con una Carta Magna que tuvo un origen espurio durante
la dictadura de Pinochet, y que tiene la particularidad de haber estado a
la medida de la ideología neoliberal, lo que ha sido visto por el mundo
entero como un verdadero experimento político, implementado a través de
una doctrina del shock.
Es así como los primeros resultados de
esos cabildos, se manifiestan demandas prioritarias que buscan
justamente recuperar y ampliar derechos de toda índole, privatizados y
negados en la constitución de 1980. Es el caso de un nuevo sistema de
pensiones, la protección del medioambiente, la nacionalización de
recursos naturales, el aumento del salario mínimo, una educación pública
y gratuita, un sistema único de salud, acceso a la vivienda, impuestos a
los más ricos, igualdad de género y enfoque feminista en políticas
públicas, democracia participativa y vinculante, derechos de los
migrantes, reconocimiento de los pueblos indígenas y realización de una
asamblea constituyente.
Es esta última demanda, la realización
de una asamblea constituyente, la cual puede verse como la piedra de
tope para los grupos más conservadores del país, vista por ellos como
una amenaza para una democracia de mercado que se ha profundizado en los
últimos 30 años, no solo gracias a la derecha sino también gracias a
una izquierda que creyó la idea del fin de la historia, como pasó con la
ex Concertación, la cual gobernó entre los años 1990-2009, a través de
la profundización y administración del modelo económico existente.
No es de extrañar entonces, que mientras países como Bolivia, Ecuador y
Venezuela, realizaban profundos procesos constituyentes, la izquierda
de mercado legitimaba la constitución de Pinochet, mediante la firma del
ex presidente Ricardo Lagos el año 2005. Además de denostar aquellos
procesos, tratándolos de populistas, mientras se en Chile se fortalecía
una institucionalidad que privatizó la educación, la salud, el agua, las
carreteras, los medios de información, los puertos, etc.
Por
otro lado, solo con la llegada de la ex Nueva Mayoría al poder el año
2014 (ex partidos de la Concertación junto al Partido Comunista), hubo
un tímido giro al progresismo, en sintonía con lo que estaba pasando en
la región. No obstante, la discusión constituyente quedó a segundo
plano, reduciéndola a unos diálogos ciudadanos no vinculantes y sin
capacidad de injerencia política.
De ahí la importancia de abrir
un inédito proceso constituyente en Chile, pero que se conecte con la
experiencia de aquellos países vecinos, los cuales tienen mucho que
aportar a lo que eventualmente pueda pasar, no solo en lo que respecta a
los elementos participativos que llevaron a la redacción de las nuevas
constituciones, sino también a los elementos autoritarios de los
gobiernos progresistas realmente existentes en aquellos países
mencionados.
Para reflexionar sobre aquello, lo señalado por
personas como Alberto Acosta de Ecuador, Raúl Prada Alcoreza de Bolivia y
Edgardo Lander de Venezuela, nos puede ayudar a acercarnos a esos
procesos en clave suramericana, pero desde una mirada crítica. Es decir,
yendo más allá de discursos ideológicos reduccionistas, que están con o
contra de esos procesos de manera absoluta, la cual no hace más que
reproducir lógicas binarias en la política.
En el caso del
economista Alberto Acosta, quien fuera presidente de la Asamblea
Constituyente del Ecuador el año 2008, ha planteado que si bien la
Constitución de Montecristi fue la primera en el mundo en incorporar
principios quechuas como el Buen Vivir o Sumak Kawsay, su problema ha
sido su implementación, tanto durante el gobierno de Rafael Correa como
de Lenin Moreno, los cuales se han subordinado a políticas
desarrollistas, centradas en la producción y el consumo de mercancías.
Lo mismo con respecto a los Derechos de La Naturaleza, que también
pueden verse como un giro civilizatorio, tan necesarios en estos días,
pero que en la práctica no solo no se ha respetado, sino que se ha
profundizado el extractivismo minero y petrolero de aquel país.
De ahí que Acosta plantee que la constitución deba ser entendida más
bien como una caja de herramientas para la ciudadanía, en donde sea ésta
quien deba hacer valer el respecto de los derechos constantemente. En
otras palabras, el proceso constituyente no termina cuando se redacta y
aprueba la Carta Magna, por el contrario, es solo el comienzo de un
camino de vida en común sin fin, como lo es la democracia.
Sobre
Bolivia, lo planteado por el sociólogo Raúl Prada Alcoreza, quien fuera
asambleísta de la Constitución de Bolivia, aprobada el año 2009, tiene
una mirada similar a la de Acosta, pero que va más allá en su crítica.
Si bien revindica también la presencia a nivel constitucional de la
noción aymara de Vivir Bien o Suma Qamaña, la Ley de Derechos de la
Madre Tierra y la construcción de un Estado de carácter Plurinacional,
el problema no es solo con respecto al extractivismo llevado al extremo
por Evo Morales, sino en la reproducción misma de un fetichismo
jurídico, en donde el derecho termina siendo el sentido mismo del
Estado.
En otras palabras, lo que ha pasado en Bolivia, es que
ha hecho de su constitución un fetiche, en donde se pasó de un contenido
liberal a un contenido socialista, con rasgos indígenas, el cual
renuncia a la movilización social, entendida esta como potencia, para
dar paso a una burocracia legal, en donde la figura del caudillo
autoritario se apropia de un discurso que deriva de los pueblos
finalmente
Por último, en el caso de Venezuela, quizás el más
dramático de los tres, planteado por el sociólogo Edgardo Lander,
referente del llamado giro decolonial, nos señala que la constitución de
1999 marcó el inicio de los ciclos progresistas posteriores en la
región. Si bien la constitución no tuvo fuertemente elementos indígenas
como en los casos de Ecuador y Bolivia idea de construir un Estado
Comunal, centrados en la autogestión y democracia participativa, lo que
para un contexto regional, en donde el neoliberalismo se expandía a
través de los gobiernos, fue revolucionario.
El problema, como
bien dice Lander, es que el proceso venezolano en el tiempo no hizo más
que profundizar el rentismo petrolero de décadas, a través de un estado
completamente autoritario, clientelar y corrupto, en donde la
militarización del país ha permitido que se hipoteque el 12, 2% del
territorio nacional, a partir del llamado Arco Minero del Orinoco, el
cual tiene un carácter completamente ecocida y de vulneración de
derechos de los pueblos indígenas que habitan en aquel lugar.
Asimismo, el excesivo personalismo, primero con Hugo Chávez,
posteriormente con Nicolás Maduro, recuerda lo peor de los Socialismos
Reales del Siglo XX, en donde la concentración del poder político ha
llegado al extremo de tener que hacer una nueva asamblea constituyente
el año 2017, hecha a la medida del gobierno actual, la cual no hace más
que desprestigiar lo realizado el año 1999 democráticamente y con
participación plural del pueblo venezolano. .
A modo de
reflexión general, si los pueblos de Chile pretenden tener una nueva
constitución a partir de una asamblea constituyente, no pueden descuidar
estos tres procesos suramericanos, con fortalezas y debilidades, los
cuales no hacen más que evidenciar que no basta con redactar una
constitución que contenga múltiples derechos, si eso no va acompañado de
cambiar las estructuras de poder mercantiles, coloniales y patriarcales
del Estado mismo. Las constituciones podrán tener horizontes
democráticos, comunitarios, interculturales, participativos, pero si no
tiene mecanismos reales de intervención ciudadana para su ejecución, el
fantasma del autoritarismo estatal está a la vuelta de la esquina.
Andrés Kogan Valderrama es sociólogo y editor del Observatorio Plurinacional de Aguas
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