Firman carta pública de condena a la censura en Argentina
Queremos vivir en un continente sin miedo y con pluralidad de voces y condenamos cualquier forma de persecución o censura, sostienen en una carta pública, siete ex presidentes de América Latina y centenares de personalidades de la región y de Europa al denunciar la persecución contra el editor del periódico argentino, Página 12, Víctor Santa María, también presidente del Partido Justicialista porteño y secretario general del Sindicato de Trabajadores de Edificios.
Bajo el título
No a la persecución o la Censura en Argentina, los ex presidentes Rafael Correa (Ecuador), Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), José Pepe Mujica (Uruguay), Ernesto Samper (Colombia), Fernando Lugo (Paraguay) y José Manuel Zelaya Rosales (Honduras) junto al resto de firmantes dicen
no a las operaciones mediáticas que pretenden silenciar las posiciones críticas, sembrando la confusión y la sospecha sobre ciudadanas, ciudadanos y dirigentes opositores a las políticas neoliberales que se imponen en diferentes países de Latinoamérica.
En este sentido se solidarizan con Santa María frente a la ola de ataques que viene sufriendo y
repudiamos enérgicamente cualquier denuncia que no sea avalada por la justicia como poder independiente y sin presiones de ninguna índole.
La carta se publicó en la edición dominical de Página 12 y
refleja la preocupación por una indetenible persecución política,
mediática y judicial, que tiene en su mira a importantes personalidades
políticas , dirigentes sociales, sindicales, periodistas y abarca a
todos los sectores de la sociedad que no se alinean a las políticas
oficialistas.
De hecho el gobierno del presidente Mauricio Macri ha sido denunciado
penalmente por el último Decreto de Necesidad y Urgencia, que anula
nueve leyes y modifica otras 140, e impone peligrosas y graves medidas
violando la Constitución y desconociendo al Congreso de lo que ha
llevado a varios demandantes a mencionar que esto convierte al ejecutivo
actual en un
gobierno de factoo un Estado de excepción.
En estos momentos se registra en todo el país una ola de despidos a
nivel estatal y privado y entre las situaciones más graves se detalla lo
que está sucediendo en la región minera de Santa Cruz, donde fueron
cesados 200 trabajadores de Yacimientos Carboníferos Fiscales (YCF) y
hay otros 500 en la lista de despidos, lo que afecta a todo un pueblo
que vive alrededor de su zona de trabajo, en uno de los lugares más
solitarios del país. La respuesta del gobierno es el envío de más
gendarmes y existe ya un llamamiento de diversos sectores para evitar
una tragedia ya que la ministra de Segruidad, Patricia Bullrich, ha
anunciado que en toda la Patagonia actuarán fuerzas conjuntas de
seguridad. Como se sabe durante 2017 la acción de estas fuerzas dejaron
dos víctimas de la represión estatal: Santiago Maldonado en Esquel
Chubut y Rafael Nahuel en Río Negro.
Bullrich también ha violado la Constitución al dar
vía librea la represión ordenando a esas fuerzas que no deben pedir ninguna autorización a jueces para actuar y además ascendiendo al gendarme acusado directamente de haber intervenido en la desaparición y muerte de Maldonado.
En este momento organismos humanitarios recurrirán al mundo
ante las graves violaciones a los derechos humanos que se cometen. En la
pasada represión de fuerzas conjuntas en esta capital el 14 y el 18 de
diciembre pasado fueron heridos golpeados y maltratados manifestantes,
diputados opositores, periodistas y fotógrafos en una verdadera “cacería
“ de personas nunca vista en esa dimensión desde el retorno a la
democracia en 1983.
Entre los detenidos, muchos de los cuáles ni siquiera participaban en
la manifestación figura Esteban Rossano, un joven de 19 años, arrestado
y golpeado por la gendarmería y luego brutalmente maltratado por los
penitenciarios y los presos.
En una entrevista con Página 12 al recuperar su libertad
después de una ilegal y arbitraria detención, el joven Rossano relató la
pesadilla vivida desde el momento en que lo detuvieron, lo increparon
“¿Así que vos sos el piquetero que tira piedras para lastimar a mis compañeros?”
Durate todo el tiempo en que estuvo detenido en distintos lugares fue
golpeado y maltratado lo que sucedió a la mayoría de los detenidos,
mujeres y hombres.
No estamos viviendo en democracia. Me tuvieron detenido 42 días mientras me investigaban por algo que no cometí. Y todavía soy sospechoso. No me parece justo para nada, dijo el joven a Página 12.
ARA San Juan
El gobierno de Macri continúa sin dar explicaciones a los familiares de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, desaparecido en el Atlántico sur el 15 de noviembre pasado.
De acuerdo a las revelaciones de la juez federal de Caleta, Olivia,
Marta en una inspección realizada a la nave después de la reparación de
media vida que se hizo entre 2008 y 2015, se advirtió en forma expresa
que había
falenciasque ponían en duda la navegabilidad del submarino.
Esto surgió de los documentos encontrados en allanamientos a oficinas
de la Marina ordenados por la magistrada a principios de diciembre
pasado. En los allanamientos se llevaron unas doce cajas de documentos.
De comprobarse que la nave fue enviada a sabiendas de esas falencias
esto se constituiría en un delito y ahora ordenó nuevos allanamientos en
las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano, y en el Edificio
Libertad, sede de la armada en esta capital, a la vez que comienzan a
rendir testimonio ante la justicia, importantes jefes de la Marina y
otros oficiales.
Sin embargo nunca se han hecho la pregunta de que por qué estaba el
submarino en Usuhaia Tierra del Fuego el 31 de octubre, cuando –sin que
nadie del gobierno informara- se realizaban maniobras con Estados
Unidos, Gran Bretaña y Chile, que no autorizó nunca el Congreso de la
Nación.
Sólo con autorización residencial y del mi misterio de Defensa, podía desplazarse el submarino ARA San Juan, y de hecho no hubo ninguna información oficial.
No es sólo Ma marina la que deberá responder sino el gobierno
nacional ante un hecho gravísimo que desnudó una situación que afecta la
soberanía nacional a puntos que aún falta develar.
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 29 de enero de 2018, p. 24
Buenos Aires.
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