Guillermo Almeyra
El gobierno de Nicolás Maduro, a diferencia del de Hugo Chávez, utiliza el apoyo de los trabajadores para mantener el statu quo,
es decir, el régimen capitalista y su propia administración, no para
intentar construir las bases del poder popular. Así como con Chávez,
pero en mucho mayor medida, el Partido Socialista Unido de Venezuela
(PSUV) es sólo un aparato burocrático ultracentralizado y sirve apenas
para la lucha meramente electoral contra una oposición cuyos diversos
aparatos partidarios son igualmente electoralistas.
El PSUV es un instrumento del gobierno, no un partido socialista.
Nunca tuvo una vida interna democrática. Jamás discutió ideas ni
estrategias ni los problemas que enfrentan los trabajadores en su vida
cotidiana ni cómo vencer a la contrarrevolución apoyada por el
imperialismo. Por el contrario, radió y separó a quienes –desde el campo
de la revolución y en interés de ésta– hacían propuestas tácticas
diferentes o discutían la estrategia conservadora de la dirección
partidaria y del gobierno.
La construcción de las bases de un poder de los trabajadores y del
socialismo requiere, en cambio, un partido vivo, libre y democrático,
que haga continuamente un balance de los errores cometidos y de los
resultados de sus proyectos y campañas y que tenga por lo tanto una vida
interna y una independencia que le permita controlar al aparato del
Estado –que sigue siendo burocrático y capitalista– durante el
capitalismo de Estado resultante de las nacionalizaciones y de la
creación de organismos centralizadores. Ese partido, si se quiere
construir conciencia política y las bases para el socialismo, en vez de
ser un mero instrumento electoral de las autoridades gubernamentales,
debe ser el tutor de éstas y su legitimador y, al mismo tiempo, debe
fijar los objetivos del gobierno.
Maduro ha tenido la habilidad suficiente para ganar la batalla
electoral de la Asamblea Nacional Constituyente y en las urnas, en las
elecciones regionales y municipales. Ha podido dividir a los opositores
negociadores con el gobierno y electoralistas de los golpistas,
rompiendo así la Mesa de Unidad Democrática. Sobre esa base, tras el
diálogo en la República Dominicana en el que un ala de la oposición
reconoció implícitamente a la Asamblea Nacional Constituyente y al
gobierno (por segunda vez después de las elecciones más recientes),
ahora ha sido posible adelantar la fecha de los comicios presidenciales
para aprovechar la desorganización de los opositores y encarar con
confianza un nuevo triunfo en las votaciones en marzo próximo.
La derrota electoral del sector electoralista de la oposición, sin
embargo, no resuelve los problemas del país, sino que crea apenas una
mejor situación política, sobre todo porque acalla a la jauría de los
medios de (des)información venezolanos y mundiales que hasta hace poco
denunciaban la supuesta
dictadurade Nicolás Maduro (mientras trabajaban en favor de un golpe de Estado apoyado por los marines yanquis).
Maduro, en efecto, cuenta sólo con el respaldo electoral de la
mayoría sobre la base de que pocos quieren volver a un pasado que todos
recuerdan de corrupción, sometimiento al imperialismo y matanzas y, por
eso, apoyan al gobierno al que consideran mal menor. Tiene también como
respaldo un nivel de conciencia mayoritariamente antimperialista, pero
no socialista y sobre todo el sostén de las Fuerzas Armadas Bolivarianas
(FAB) que es la base principal de su bonapartismo particular. Ahora
bien, en las FAB y en el gobierno se anida en gran parte la
boliburguesía ya existente en tiempos de Chávez, pero que éste combatía y
las organizaciones del poder popular del chavismo perdieron su
contenido potencialmente alternativo y son ahora meros organismos
burocratizados, simples agencias gubernamentales.
El estado de la economía es desastroso. Ya emigraron por Colombia 450
mil venezolanos. La economía sumergida, el reabastecimiento en
particular, está en manos de la especulación y de los bachaqueros (negociantes
en pequeña escala transfronterizos ilegales). La gran burguesía sigue
teniendo en sus manos las palancas de mando (bancos, grandes empresas,
comercio exterior). La inflación de 700 por ciento en 2017 redujo
brutalmente el poder adquisitivo de los salarios e ingresos de los más
pobres, a pesar de los aumentos nominales en los mismos. La lucha
burocrática contra la burocracia, la utilización de la policía contra la
especulación, el ocultamiento de mercancías vitales para el
abastecimiento y el encarcelamiento de dirigentes corruptos, son sólo
paliativos. Venezuela retrasará por tercer año consecutivo su generosa
ayuda en petróleo a Cuba porque, si bien la reserva petrolera puede
respaldar una moneda virtual, se necesita el hidrocarburo en barriles
para pagar la deuda con China, y los intereses de la deuda externa y la
producción estarán cayendo debido a la situación económica y social que
impacta a los trabajadores del sector y los desorganiza.
Venezuela sólo podrá obtener estabilidad si desarrolla el poder
popular hoy asfixiado y burocratizado. Sin la energía y la plena
participación de los trabajadores y sin profundizar la revolución,
persistirán la amenaza del descontento masivo, de su utilización por los
imperialistas y los golpistas, así como la separación entre el gobierno
y su base de apoyo, la cual es volátil dado su carácter electoral.
Un gobierno más sólido, incluso duro, será siempre frágil y las
elecciones no lo blindarán contra los cambios internos y externos en el
panorama político y social. Venezuela está enferma de falta de
democracia en el partido, en los sindicatos, en las bases mismas. El
control obrero y popular podría curarla. Las victorias electorales, si
bien importantes, son efímeras. Hay que ganar en marzo, pero imponiendo
al mismo tiempo un golpe de timón hacia la construcción del socialismo.
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