Juan J. Paz-y-Miño Cepeda
Lenín Moreno, presidente de Ecuador, durante una ceremonia con
militares por el Día de la Independencia. El acto, en la ciudad de
Quito, se llevó a cabo el pasado día 21Foto Ap
¿Qué es lo que sucede
en Ecuador? Es la pregunta recurrente que circula en el exterior, entre
profesores, académicos, editorialistas o personas de reconocida
influencia en la opinión crítica de sus países.
Tratando de responder a esa inquietud, habría que señalar que los 10
años del gobierno de Rafael Correa (2007-2017) formaron parte del ciclo
de gobiernos progresistas de América Latina. Ellos despertaron poderosas
fuerzas enemigas: el imperialismo, las élites empresariales, los medios
de comunicación privados ligados a esos intereses, los partidos
políticos tradicionales. En Ecuador, a estos sectores se unieron, con el
paso del tiempo, dirigentes de movimientos sociales que perdieron
antiguas prebendas y posiciones, así como partidos y sectores de la
antigua izquierda, que fueron incapaces de comprender la época histórica
que se vivía.
Para las elecciones de 2017, Alianza País (AP), el partido-movimiento
que dio origen al gobierno de Correa, postuló al binomio Lenín Moreno y
Jorge Glas. En la primera vuelta (19 de febrero) confrontaron a siete
binomios, pero para la segunda (2 de abril) se enfrentaron al exbanquero
y millonario Guillermo Lasso (binomio con Andrés Páez), auspiciado por
Creo y SUMA, y apoyado por la derecha política. Ganó Moreno con 51.16
por ciento de votos (Lasso obtuvo 48.84 por ciento). Ese triunfo fue
calificado de fraude por el candidato perdedor, de modo que el
Consejo Nacional Electoral (CNE), cediendo a las presiones, tuvo que
realizar otro conteo de sufragios.
Durante la campaña, Moreno expresó lealtad a Correa, a quien destacó
como el mejor presidente en la historia nacional. Señaló que la
Revolución Ciudadana continuaría. Eso destapó los ataques de la
oposición, que lo miró como el futuro continuista de un gobierno tildado
de antidemocrático, autoritario, caudillista o populista.
Con la toma de posesión (24 de mayo), Moreno nombró un gabinete con
algunas personas identificadas con el anterior gobierno y otros nuevos
empresarios, lo cual parecía una renovación necesaria. Pero en pocas
semanas la situación cambió. Sirvió de estrategia el diálogo nacional
que inauguró el mandatario y que derivó en el resurgir de las derechas
políticas y, sobre todo, de las élites empresariales, auspiciadas por
los más influyentes medios de comunicación privados, que aplaudieron el
nuevo ambiente de libertad que según Moreno ahora sí se respiraba.
Bajo ese inédito ambiente, no visto en una década, estalló el tema de
la corrupción, que involucró a Odebrecht, PetroEcuador y altos
funcionarios del gobierno de Correa. Sin duda, los escandalosos casos
descubiertos, magnificados por los políticos de la antigua oposición y
los medios de comunicación que los secundan, golpearon seriamente la
imagen de Revolución Ciudadana. El juicio al vicepresidente Glas
concluyó con sentencia condenatoria. De modo que el tema acicateó las
justificaciones de la ruptura definitiva del gobierno morenista con su
antecesor, al tiempo que siguieron amenazas judiciales y de la
Contraloría contra antiguos funcionarios del correísmo.
En apenas ocho meses se modificó la correlación de fuerzas en el
país. Hoy, élites empresariales, partidos de derecha política y toda la
gama de sectores que han encontrado la oportunidad para movilizar su
visceral anticorreísmo han adquirido presencia e influencia, ocupan los
espacios mediáticos y sienten que sus posiciones predominan. Los
banqueros recibieron el monopolio del manejo del dinero electrónico que
estuvo en manos del Banco Central, algo impensable en el gobierno de
Correa. A esas fuerzas también se han unido las izquierdas
tradicionales, los marxistas pro-bancarios (otrora hicieron campaña a
favor de Lasso) y hasta dirigentes de movimientos sociales (como el
indígena y el de los trabajadores), atraídos con puestos públicos o
nuevas prebendas de coyuntura. A los medios de comunicación privados se
han sumado, paradójicamente, los públicos, alineados ahora con la misma
visión. Todos se orientan por la descorreización del Estado y
de la sociedad, y ven que este proceso avanza inexorablemente. No se
habla más de Revolución Ciudadana ni del socialismo del siglo XXI.
Para el ex presidente Correa y sus partidarios, Moreno
representa la traición y ahora cumple el programa perdedor de Lasso. En
la geopolítica internacional no cabe descartar la movilización de
estrategias continentales contra todo gobierno progresista en América
Latina y para perseguir a sus figuras, como ha ocurrido con Cristina
Fernández, Lula da Silva o Dilma Rousseff.
El mismo partido-movimiento AP literalmente fue tomado por los morenistas, que lograron el desconocimiento legal de la directiva correísta,
fracción que pasó a identificarse con el nombre Revolución Ciudadana y
que intentó registrarse como nueva agrupación política ante el CNE sin
éxito.
En este contexto, la convocatoria gubernamental a consulta popular,
siete preguntas, inevitablemente conduce a legitimar las nuevas
circunstancias políticas y captar la institucionalidad estatal,
desplazando definitivamente al correísmo. Son tres las preguntas de mayor significación y polémica: la dos, que propone negar la
relección indefinida; la tres, para restructurar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y la seis, para derogar la
ley de plusvalía.
La dos impedirá cualquier retorno de Rafael Correa al poder, propósito explícitamente publicitado por quienes defienden el Sí.
La pregunta seis es fruto de la presión de un sector empresarial que
considera que el impuesto a la venta de bienes inmuebles afecta sus
negocios. Pero la tres es la decisiva, porque la Asamblea Nacional
nombrará siete miembros del CPCCS de transición (en el futuro sería por
elecciones) entre las ternas que enviará el Ejecutivo, y que tendrá la
capacidad para evaluar el desempeño de las autoridades designadas por el
consejo cesado, pudiendo incluso declarar la terminación anticipada de
sus funciones. En consecuencia, el CPCCS de transición podrá nombrar
contralor, fiscal, procurador, Consejo Nacional Electoral, Tribunal
Contencioso Electoral, Consejo Nacional de la Judicatura (nombra
jueces), Defensor del Pueblo, Defensoría Pública, superintendentes. Se
interviene, por tanto, en una de las cinco funciones del Estado creadas
por la Constitución de 2008 y además, de triunfar el Sí, es
previsible que las nuevas autoridades resulten de las componendas
políticas, involucrando al Ejecutivo. Sería un retroceso histórico a los
amarres típicos de la vieja clase política, que parecían superados desde 2007.
El ex presidente Rafael Correa llegó al país (vive con su familia en Bélgica) para respaldar a quienes promueven el No bajo
condiciones absolutamente adversas. El resultado se conocerá el 4 de
febrero, día de la consulta popular. Lo que ocurra después es mejor que
quede como materia de análisis pendiente para otra ocasión.
Quito, 25/I/2018
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