Ecuador y la consulta popular:
El
próximo domingo 4 de febrero tendrá lugar una elección que, más allá de
sus obvias repercusiones políticas e institucionales para el Ecuador,
seguramente tendrá también inocultables resonancias en los países de la
región. La Consulta Popular convocada por el Presidente de la República
Lenin Moreno establece siete preguntas generales, que van desde
temáticas ambientales, penales e impositivas a temas más específicos, y
más controversiales, que afectan directamente al poder político y a la
institucionalidad que se ha creado, sobre todo, en los últimos años.
Así,
la pregunta 2 plantea si “Para garantizar el principio de la
alternabilidad, ¿está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de
la República del Ecuador para que todas las autoridades de elección
popular puedan ser reelectas una sola vez, recuperando el mandato de la
Constitución de Montecristi, y dejando sin efecto la reelección
indefinida aprobada mediante enmienda por la Asamblea Nacional el 3 de
diciembre del 2015 (…)?”. En tanto que la pregunta 3 se interroga sobre
si “¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República
del Ecuador para reestructurar el Consejo de Participación Ciudadana y
Control Social, así como dar por terminado el periodo constitucional de
sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus
funciones tenga la potestad de evaluar el desempeño de las autoridades
cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la
terminación de sus periodos (…)?”
Más allá de las posturas
a favor o en contra que se puedan tener en torno a los diversos
contenidos de la Consulta, no cabe duda de que son éstas las dos
preguntas que más han acaparado la atención pública, y obviamente, el
interés de la clase política ecuatoriana. En caso de que la primera
pregunta tenga un voto afirmativo mayoritario se estaría frente a un
cambio de enormes proporciones ya que figuras políticas como Rafael
Correa no podrían aspirar a un nuevo cargo presidencial.
A
simple vista, parecería que esta pregunta podría limitar los derechos
ciudadanos del ex mandatario para presentarse a un nuevo período de
gobierno. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una modificación de
estas características no convertiría al Ecuador en una excepción a la
regla: por el contrario, son varias las legislaciones en el contexto
internacional que plantean una limitación a la relección indefinida como
una forma de consolidar el sistema político impidiendo, de ese modo, la
dependencia hacia una única persona.
La tercera pregunta
de la consulta apunta a una de las principales innovaciones promovida
por la última reforma constitucional. El Consejo de Participación
Ciudadana y Control Social (CPCCS), surgió de la Constitución de 2008
como entidad autónoma y a cargo de la “Función de Transparencia y
Control Social”. En otras palabras, se trata de un órgano dedicado a la
fiscalización del poder y de la institucionalidad política que, entre
otras atribuciones, incentiva la participación ciudadana y promueve la
lucha contra la corrupción.
Los resonantes casos de
corrupción o investigaciones en curso sobre esta problemática,
desarrolladas en distintas esferas del Estado, ciertamente, han puesto
un manto de sospecha sobre el CPCSS, su real funcionamiento, y su poder
de fiscalización. Como es evidente, la pregunta de la Consulta en ningún
caso se plantea eliminar este órgano de fiscalización y participación,
de gran importancia para el sistema democrático, sino reestructurarlo y
proceder a un cambio en su composición interna a partir de la forma de
designación mediante elección popular.
Ahora bien, y
teniendo claro cuál es el sentido de las preguntas más controversiales
de la elección del 4 de febrero, surge el interrogante central de ese
artículo: ¿por qué no discutir públicamente en torno a ellas?
Al
gobierno de Moreno se lo ha cuestionado por “imponer” una iniciativa
como una Consulta Popular elaborada, justamente, para que la ciudadanía
pueda expresarse en plena libertad. De igual modo, se lo ha tildado de
“populista” y “demagógico” por promover esta iniciativa, sin reparar en
el hecho de que el proceso de convocatoria cumplió con los
procedimientos y requisitos establecidos en el artículo 147 de la
Constitución de la República y en el 195 de la Ley Orgánica Electoral y
de Organizaciones Políticas, así como también con el proceso de control
previo constitucional previsto en la Ley Orgánica de Garantías
Jurisdiccionales y Control Constitucional.
También se lo
ha tratado de “neoliberal”, como si fuera la versión ecuatoriana de
Mauricio Macri, cuando por el proceso de Diálogo Nacional se convocó a
empresarios y figuras opositoras y ligadas a la “vieja política”, aunque
también se invitó a grupos indígenas, afros, campesinos, miembros de
organizaciones feministas y de género, de economía social y solidaria,
transexuales, jóvenes, etc. muchos de los cuales se habían distanciado
de la Revolución Ciudadana por la ausencia de políticas concretas y
positivas hacia estos sectores.
Por último, el llamado a
la Consulta Popular le ha valido al gobierno de Moreno el ser calificado
como “traidor” a quien supuestamente lo llevó al poder. ¿Por qué? ¿Qué
clase de traición podría ser cometida frente a la posibilidad concreta
de que la ciudadanía se exprese a través de una metodología transparente
como es una Consulta? Frente a las preguntas que supuestamente atentan
contra los representantes del pasado gobierno, siempre está la opción de
votar por el “no” antes que por impugnar de plano una herramienta
abierta y participativa como ésta.
Con todo, no deja de
causar escozor que en el ímpetu negativo de la campaña por el “siete
veces no” se rechace una propuesta tan saludable como la planteada en la
pregunta 1, sobre sancionar “a toda persona condenada por actos de
corrupción con su inhabilitación para participar en la vida política del
país y con la pérdida de sus bienes”, y más aún, la pregunta 4: “¿Está
usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del
Ecuador, para que nunca prescriban los delitos sexuales en contra de
niños, niñas y adolescentes”.
Proceder con la Consulta y
con las reformas que allí se plantean de ningún modo significa un
retroceso en los avances y logros alcanzados por el país en los últimos
años. La superación del modelo neoliberal a partir de la inversión
pública y de una mejoría en la calidad de vida de la población
constituyen hechos que, incluso, han sido reconocidos por gobiernos y
organizaciones internacionales que distan de pertenecer al arco
progresista y, más aún, al de la izquierda. De hecho, el gobierno de
Lenin Moreno, con el apoyo de Alianza País, continúa y en algunos casos
también profundiza, los principales lineamientos políticos en torno a la
autodeterminación del Ecuador, la defensa de las soberanías, la defensa
de los derechos humanos, la protección de la Amazonía y del ambiente,
la promoción del género, una política amplia y progresista en torno a
los derechos de los migrantes, la ciudadanía universal y la movilidad
humana, entre otras iniciativas.
Pero no por reconocer
todo lo bueno que tuvieron los anteriores períodos presidenciales
debemos aceptar, sin más, la existencia de corrupción o tolerar las
ambiciones hegemónicas, bajo el argumento de que su denuncia únicamente
“fortalece a la derecha” o, más aun, que serían el mayor y más grave
síntoma de “derechización” del actual gobierno de Lenin Moreno.
En
contextos tan complejos como el actual, donde la violencia se expresa
en múltiples formas, donde priman voces de intolerancia y
discriminación, promovidos no ya por ciudadanos de a pie sino
directamente por gobiernos y presidentes; y en países como los de la
región, donde el pasado autoritario y represivo en muchos casos se ha
reconvertido bajo nuevas formas en el presente, no es malo generar
mecanismos como consultas y referéndums ante la ciudadanía.
Todo
lo contrario. En Ecuador, en América Latina y en todo el mundo se trata
de instalar el diálogo y no de clausurarlo, de escuchar y de razonar
entre distintas alternativas, y no de rechazarlas de plano porque tal
pregunta está promovida por un “interés espurio” o porque únicamente
responde al “designio de la traición”.
Se trata de
fortalecer la democracia, no de debilitarla, y de instar a la expresión
ciudadana antes que de cercenar su histórico derecho a la participación.
En definitiva, de recuperar el espíritu de la reforma de 2008, la que
dio vida a la Constitución de Montecristi, reconocida a nivel
internacional, sobre todo, por su condición revolucionaria,
participativa, abierta y democrática.
Daniel Kersffeld
Dr. en Estudios Latinoamericanos (UNAM)
https://www.alainet.org/es/articulo/190616
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