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Es el blanco
elegido por el gobierno nacional y los medios oficialistas. Todos los
pueblos indígenas de Argentina exigen lo mismo: territorio. Tienen
distintas metodologías de lucha, pero ninguna provoca tanto recelo
(político, judicial, mediático, social) como el accionar del pueblo
mapuche. “Terroristas”, “chilenos”, “mataron a los tehuelches”, son
algunas de las definiciones que la voz oficial instaló en distintos
momentos de la historia y se repiten hasta la actualidad. A dos meses
del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel y luego de la creación de
un “comando unificado”, mérito de la ministra Patricia Bullrich, avanza
en la criminalización. Racismo, derechos vulnerados y el fondo: el
territorio en disputa.
Enero, agosto y noviembre de 2017.
Tres momentos: feroz represión contra el Pu Lof en Resistencia de
Cushamen (Chubut), desaparición de Santiago Maldonado y asesinato de
Rafael Nahuel (en Villa Mascardi, Río Negro). Como nunca antes, los
medios de comunicación hicieron foco en “los mapuches”. La situación
mapuche se instaló, de la peor forma, en la agenda nacional.
Diana Lenton, doctora en antropología y docente de la Facultad de
Filosofía y Letras de la UBA, señala que la avanzada contra el pueblo
mapuche tiene una base fundamental en el racismo. Explica que las
comunidades mapuches tienen los mismos reclamos que el Pueblo Qom, pero
expresan su mensaje de manera diferente, “de igual a igual” frente al no
mapuche. “La mirada racista no tolera que un indígena se posicione de
igual a igual”, afirma.
Lenton destaca que muchas personas
suelen decir que nos son racistas porque “ayudan” a un grupo
determinado, pero cuando el destinatario sale de esa situación todo
cambia. “Toleran al ‘otro’ cuando está debajo de uno, pero no toleran
que ese otro lo trate de igual a igual”.
Integrante de la Red
de Investigadores en Genocidio y Político Indígena, agrega que existe
una generación de dirigentes mapuches muy preparada, con formación
política y universitaria, y eso aumenta el recelo racista. Y esos
líderes mapuches tienen buen manejo de oratoria y de los medios de
comunicación, con lo cual su discurso es más efectivo que quizá otros
pueblos.
Territorios y corporaciones
Existe una
coincidencia en que un elemento central es la disputa por el
territorio, con actores que avanzan sobre los derechos indígenas
(petroleras, mineras, grandes estancias; siempre en articulación con
sectores políticos y judiciales). “Hay que tener presente qué empresas y
qué actividades económicos quieren desarrollarse en los territorios
donde viven las comunidades mapuches”, alerta Lenton.
Lefxaru
Nawel, integrante de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de
Neuquén, confirma el rechazo al fracking (en particular en Vaca Muerta),
a la minería y a las represas, que desalojan e inundan territorios
ancestrales. Y destaca otro factor particular del pueblo mapuche, las
“recuperaciones territoriales”, cuando las comunidades identifican un
lugar ancestral hoy en manos de grandes empresas o terratenientes, y
deciden volver. Si bien existen algunas experiencias de recuperaciones
territoriales de otros pueblos (comunidades pilagá en Formosa), es mucho
más propio del pueblo mapuche. “Hace más de 25 años que las comunidades
decidimos hacer uso efectivo de nuestros derechos y volver a los
territorios que nos pertenecen”, aclara Nawel.
Colonización tardía
Lefxaru Nawel no duda de que en los últimos meses hubo una campaña
política y mediática para criminalizar y reprimir a las comunidades
originarias de la Patagonia. “Recién han pasado 130 años de la
finalización de la conquista, en manos del Estado argentino, mientras
los pueblos indígenas del norte argentino lo sufrieron hace 300 o 400
años, en manos de los españoles”, recuerda. Y, por otro lado, puntualiza
que el pueblo mapuche tiene la particularidad de plantear la necesidad
de una nación, no en términos secesionista, sino de soberanía en
territorios, autonomías, con autoridades propias. “Es un planteo que
lleva a un debate profundo sobre el estado plurinacional, quizá otros
pueblos no lo proponen tan abiertamente y eso lleva a que sectores
reaccionarios tomen posturas represivas”, afirma.
Indómitos y transfronterizos
Eduardo Hualpa es abogado especializado en derecho indígena, con más de
veinte años de trabajo junto a las comunidades mapuche-tehuelche de
Chubut. Cree que el recelo contra el pueblo mapuche tiene múltiples
causas, entre ellas que se trata de “uno de los pueblos más aguerrido,
más indómito, con sus líderes de alto perfil en espacios regionales,
nacionales e internacionales”. Afirma que la política del gobierno
nacional es “apuntar a la cabeza de los líderes mapuches y acallar
reclamos”.
También señala la particularidad de la gran
extensión territorial que abarcan las comunidades mapuches, con
presencia en cinco provincias, lo que “le ha dado una gran dinámica,
diversa en su lucha” y destaca que se trata del único pueblo que alza la
bandera de las recuperaciones territoriales.
Destaca que
también es muy notoria la presencia mapuche en los ámbitos judiciales.
Hualpa es autor del libro “ Derechos Constitucionales de los Pueblos
Indígenas” , donde descubrió que la mitad de las sentencias en causas
indígenas obedecen a comunidades mapuches. Es el pueblo indígena que más
litiga en los tribunales.
“Un factor a pens ar es que se trata
de un pueblo transfronterizo (Argentina y Chile), al que le calzan muy
bien las teorías de seguridad continental que promueve el Departamento
de Estado de Estados Unidos”, alerta Hualpa, integrante de la Asociación
de Abogados de Derecho Indígena (AADI).
Extractivismo y clase social
Adrián Moyano es licenciado en Ciencias Políticas y periodista,
escribió tres libros sobre el pueblo mapuche y vive desde 27 años en
Bariloche. Afirma que “la ofensiva y represiones” contra el pueblo
mapuche tiene relación con la anunciada “lluvia de inversiones” que el
gobierno nacional promete para la Patagonia. Y precisa que un actor de
peso es el Eximb ank, organismo financiero público de Estados Unidos que
financia inversiones de compañías estadounidense en el exterior.
“Varios de esos proyectos transcurren en Neuquén, Río Negro y Chubut, y
tiene relación con la explotación de hidrocarburos no convencionales y
proyectos hidroeléctricos”, explica Moyano.
Precisa como
ejemplo la intención de una represa sobre el río Corcovado, resistido
por la población de la ciudad del mismo nombre y por la comunidad
mapuche Pillán Mahuiza. Si bien el proyecto tiene casi dos décadas,
busca proveer de energía a la compañía Aluar, anuncios oficiales señalan
un intento de relanzamiento.
Moyano recuerda que el presidente
Macri suele descansar en el country Cumelén de Villa la Angostura, que a
poco de asumir mantuvo un encuentro con Joe Lewis, “señor feudal de la
zona y, como Benetton, con control de naciente de aguas y proyectos
hidroeléctricos”.
Un factor histórico que destaca es que el
Gobierno “llegó al poder con el especial apoyo del sector social que se
benefició con la Campaña del Desierto”. El caso más emblemático es el
nombramiento del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Luis Miguel
Etchevehere, al frente del Ministerio de Agroindustria. “La pertenencia a
esa clase social de funcionarios importantes es un factor que explica
el particular encono contra los mapuches, en el marco de un Gobierno que
profundiza la estigmatización de los pueblos indígenas”, afirma Moyano.
El Comando de Bullrich
“Comando unificado”,
fue el nombre elegido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich,
para bautizar un espacio impulsado por el gobierno nacional y articulado
con los gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut.
“Tras ocho
años de una escalada de violencia creciente, la Ministra de Seguridad
junto con los ministros de Gobierno de Chubut, Pablo Durán; de Seguridad
de Neuquén, Jorge Lara; y el ministro de Seguridad de Río Negro, Gastón
Pérez Estevan, crearon un comando unificado para el abordaje de la
problemática. Con 96 causas judiciales en su contra, este grupo violento
ha intensificado sus ataques, atemorizando a toda los ciudadanos”,
anuncia el comunicado del gobierno nacional, fechado el 27 de diciembre
de 2017.
Según el Gobierno, se registra “un incremento del
accionar violento y delictivo de la organización Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), el brazo armado de un movimiento de liberación
etnonacionalista denominado Movimiento Autónomo del Puel Mapu (MAP). La
RAM y el MAP, y su organización madre localizada en Chile, la
Coordinadora Arauco Malleo (CAM) promueven una lucha insurreccional
contra los estados argentino y chileno que persigue el fin último de
escindir los llamados ‘territorios ancestrales’ de ambos países, y
confirmar un estado nuevo regido por un gobierno propio”.
También las denomina “organizaciones extremistas” y las acusa de recibir
apoyo de “grupos anarquistas y de izquierda radicalizada que utilizan
su nombre y sus símbolos para cometer actos violentos en las grandes
ciudades”.
“RAM. Informe conjunto realizado por el Ministerio
de Seguridad de la Nación y los gobiernos de Río Negro, Neuquén y
Chubut”, es el nombre de la “investigación” que presentó Patricia
Bullrich. Se trata de 180 páginas repleto de imprecisiones, datos
falsos, suposiciones y apunta a los mapuches como enemigo interno,
peligroso, terrorista. “La RAM estaría vinculada a comunidades
aborígenes radicalizadas en las provincias de Rio Negro, Chubut y
Neuquén (…) Desconoce el Estado Argentino, su organización, sus leyes, e
instituciones tratando de imponer sus ideas de no pertenencia a la
Nación Argentina por la fuerza y el temor (…) Actúan en la
clandestinidad, con rostros cubiertos y portando armas de fuego, facas,
hondas, bombas molotov, palos y piedras. Incendian propiedades, dañan
instalaciones, roban ganado, cortan rutas y el suministro servicio
eléctrico, amenazan a vecinos, intimidan y apedrean transeúntes, no
permiten la libre circulación, balean, incluso matan”.
La
segunda semana de enero, e l presidente Macri recibió a los gobernadores
de Chubut (Mariano Arcioni) y de Río Negro (Alberto Weretilneck), en
sus vacaciones en el country Cumelén de Villa la Angostura. “La cuestión
mapuche” (como la llaman desde el poder) estuvo en la agenda política.
“Una vez más, asistimos a una medida del gobierno nacional y los
gobiernos de Neuquén, Río Negro y Chubut, que atenta contra leyes y
principios democráticos consagrados en la Constitución Nacional,
configurando un paso más en la escalada de hostigamiento a los pueblos
indígenas”, alertó la Mesa Nacional para la Paz y el Diálogo
Intercultural, integrada por Adolfo Pérez Esquivel, Fernando Pino Solanas, Roberto Gargarella, Diana Lenton, Maristella Svampa y Alcira Argumedo, entre otros.
Del espacio también participan la Confederación, el Parlamento
Mapuche-Tehuelche de Río Negro y el Parlamento Plurinacional. “La
creación de un comando con fuerzas de seguridad de carácter
interprovincial y nacional cuyo objetivo es combatir a este ‘enemigo
mapuche’ recuerda la terrible historia del terrorismo de Estado en
Argentina”, advirtieron las organizaciones indígena.
La
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi),
junto a medio centenar de organizaciones, también repudió la creación
del comando unificado: “El Estado, nuevamente, intenta demonizar y
dividir a diversos movimientos populares, con el objetivo de crear un
enemigo interno, un chivo expiatorio que justifique el vertiginoso
aumento de la represión a la protesta social ante las permanentes
medidas antipopulares que lleva adelante”.
Haciendo el juego
El 10 de enero, el Movimiento Mapuche Autónomo de Puelmapu (MAP) emitió
un comunicado en el que denunció la política represiva del gobierno
nacional. Y también reivindicó el accionar de la Resistencia Ancestral
Mapuche (RAM), justamente el espacio que más cuestiona el Gobierno y eje
de la campaña mediática de los grandes diarios.
“La
Resistencia Ancestral Mapuche ha existido, existe y existirá mientras el
pueblo mapuche siga siendo oprimido por el estado argentino (…) Ante
estas amenazas, la violencia y el avasallamiento ejercidos por el estado
y el capitalismo trasnacional es que se han organizado grupos de
resistencia en comunidades y zonas rurales para defender el territorio
mediante acciones de sabotaje”, explica el comunicado.
Señala
que el MAP es “una propuesta política y filosófica” y sostiene que “las
comunidades alineadas a la propuesta política del MAP reconocen la
existencia de la Resistencia Ancestral Mapuche”.
Ninguna comunidad mapuche firma el comunicado. Ninguna comunidad mapuche se identifica como parte de la RAM en público.
El comunicado del 10 de enero es funcional a la estrategia represiva del gobierno nacional.
En septiembre pasado, una decena de organizaciones mapuches había
emitido un inusual y duro comunicado: “Frente al drama o grotesco
llamado Resistencia Ancestral Mapuche”.
“No avalamos, no
justificamos, no adherimos a ninguna RAM. La RAM y la contracara que es
el plan de represión desde el Estado, es síntoma de la falta de diálogo
político institucional serio. El pueblo mapuche reivindica los derechos
humanos y la no violencia como método de reivindicación de derechos”,
destaca el escrito firmado por referentes de la Coordinadora del
Parlamento Pueblo Mapuche-Tehuelche de Río Negro, de la Confederación
Mapuche Neuquina (Zonales Xavnko, Pewence, Willice y Lafkence) y
comunidades de Sata Fe, Chubut y Santa Cruz. Cuestionaron duramente a la
RAM: “Hoy surge una expresión que se autotitula mapuche, que a través
de comunicados y panfletos se responsabiliza de acciones directas, en
ataques físicos y destrucciones materiales de supuestos ‘objetivos
enemigos’ que de lo grotesco y evidente parece más el accionar de un
grupo de inteligencia que de la lucidez y capacidad de resistencia
cultural que ha tenido el pueblo mapuche en décadas de represión”.
Recordaron que el pueblo mapuche siempre reivindicó el diálogo cómo
forma de resolución de conflictos. “Como es posible que panfletos
absurdos que reivindican violencia, agresiones físicas, incendios de
bienes de trabajadores, de espacios públicos, sean propio de personas
que se identifican con una historia como la mapuche. Creemos que es obra
de un montaje, del accionar de los servicios de inteligencia de los
estados argentino y chileno, para implementar un plan de aplicación de
la ley antiterrorista; construyendo así un escenario que justifica una
política represora”.
Violencia e impunidad
El
17 de enero la comunidad mapuche Las Huaytekas denunció un ataque
incendiario en sus viviendas. La policía no dio con los atacantes. Y el
Poder Judicial tiene sus tiempos (largos) para investigar los hechos de
violencia contra mapuches.
El jueves 25 de enero se cumplen dos
meses del asesinato por la espalda de Rafael Nahuel, joven mapuche, en
manos de la Prefectura. A pesar de que la bala mortal es del mismo
calibre de las utilizadas por la fuerza estatal, ningún efectivo fue
procesado por el juez Gustavo Villanueva ni apartado de su cargo por
Patricia Bullrich.
Habrá manifestaciones en la ciudad de Buenos
Aires, en la capital neuquina y en Bariloche. “Fue el Estado, fue
prefectura. Ni un muerto más por la defensa del territorio”, invita la
convocatoria en Bariloche, impulsada por organizaciones sociales,
comunidades mapuches, familiares y amigos de Rafael Nahuel.
El
afiche de invitación muestra una foto de Rafael Nahuel en una marcha,
tocando un ñolkiñ (instrumento mapuche). En letras rojas, dos palabras,
resumen lo que exige la familia Nahuel y también una deuda histórica con
los pueblos indígenas: “Justicia ya”.
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