Página/12
El cumplimiento
estricto de las reglas electorales es condición necesaria (aunque no
suficiente) para la existencia de una democracia constitucional. Dicho
de otro modo: sin comicios libres y sin proscripciones es imposible
hablar de democracia. La decisión de excluir al ex presidente Lula da
Silva de las elecciones de octubre a las que llegaba como favorito
termina de redefinir al sistema político brasileño.
- - -
Tres camaristas ignotos intentaron cerrar el círculo que otros
trazaron. Tenían poder para proscribir a Lula, jamás para resolver su
segunda reelección, supeditada a la decisión del pueblo soberano. La
sentencia es un ejemplo acabado de la perversa judicialización de la
política. Los jueces suplieron al cuerpo electoral, lo privaron de sus
derechos.
Lula estará hoy en las tapas de todos los medios del
mundo pero ayer se condenó también (acaso principalmente) a millones de
personas comunes del país hermano. Tal vez la sentencia se revise o
revoque en otras instancias pero el panorama judicial parece sombrío.
- - -
La táctica de criminalizar a la oposición dista de ser una exclusividad brasileña: es compartida por la derecha regional.
El
Poder Judicial es uno de los arietes de coaliciones amplias,
encabezadas por los poderes económicos concentrados, los medios
hegemónicos y la dirigencia política que los acompaña. La delación
premiada, los pactos espurios con delincuentes buchones, constituye una
de las herramientas predilectas.
- - -
La
evidente sincronía de los procesos políticos no autoriza a sindicarlos
como idénticos. El presidente Mauricio Macri fue ungido y revalidado en
elecciones libres: sus legitimidades de origen y de ejercicio son
diferentes (superiores) a las de su colega Temer. Pero en la Argentina
también se criminaliza a la oposición, se procura sacarla de la
competencia. No vencerla sino excluirla.
A pocos días de asumir,
el macrismo ordenó la encarcelación sin condena de la dirigente social
Milagro Sala. Lleva dos años de prisión, apenas aliviados por una chirle
y tardía decisión de la Corte Suprema de Justicia.
A dos años de gestión, hay una veintena de presos políticos sin condena.
Santiago Maldonado murió en circunstancias atroces, todavía no
develadas del todo. Ocurrió en un contexto de una represión salvaje e
ilegal, comandada por el Poder Ejecutivo. El homicidio calificado de
Rafael Nahuel echa nueva luz sobre la muerte violenta de Santiago, un
hilo conductor los liga. Sobran similitudes, minga de casualidad: hay un
patrón de conducta. El Gobierno ordenó disparar a mansalva en la misma
geografía, en el mismo pseudo conflicto. Hasta ahora no hay ningún
represor o instigador procesado. El oficialismo incitó la violencia, la
encubrió mientras pudo, la justificó y bancó siempre. La arquetípica
traducción institucional fue el ascenso de uno de los gendarmes que
persiguió a Maldonado, blandió armas, participó del operativo.
De nuevo: eso no equipara al gobierno con una dictadura genocida pero sí
como una democracia imperfecta, en creciente degradación.
En los
próximos meses se medirá si la pérdida de calidad institucional se
ameseta, se acrecienta, disminuye. En principio, será sencillo hacerlo.
Bastará con contar la cantidad de presos políticos sin condena, de
manifestantes gravemente heridos en ejercicio del derecho de protesta
social, de detenidos al voleo. Ojalá que no haya que lamentar nuevas
muertes causadas por el accionar brutal de fuerzas de seguridad,
premiadas desde la Casa de Gobierno.
- - -
En aras de una discusión precisa y de precaver chicanas, formulamos dos
aclaraciones. La primera es que consideramos que en Venezuela, con
otras coordenadas, la calidad democrática también está en caída
creciente.
La segunda, más relevante, es que este análisis
crítico no incluye la aplicación de programas político– económicos de
derecha. Los ajustes, las reformas económicas regresivas o reaccionarias
forman parte de las incumbencias de los gobiernos. Oponerse férreamente
a ellos no equivale a equipararlos con la ruptura de las reglas del
sistema. Hay mecanismos para enfrentarlos, impugnarlos y hasta
derogarlos.
Nos centramos en conductas estatales anti sistema,
en privaciones crecientes de derechos esenciales. Elegir autoridades o
ser electo, ejercer la protesta social, ser libre salvo que medie una
condena firme. Vivir, tan luego.
- - -
No
hay motivo para someterse a esquemas binarios o simplistas: el
presidente en ejercicio Michel Temer no es (hasta hoy) un dictador
idéntico a los que asolaron este Sur en la etapa del terrorismo de
estado. Pero ya se parece más al ex presidente uruguayo José María
Bordaberry (líder de la transición al autoritarismo pleno) que a Lula o
Dilma Rousseff cuando ejercieron su cargo. Los debates que vendrán
tipificarán ese régimen. La magnitud de su involución está por verse, el
cambio cualitativo es indudable.
Lula da Silva y el presidente
Evo Morales son ejemplos de ascenso social y político inédito en la
región. Dos estadistas que llegaron desde los sectores sociales más
castigados. Las presidentas reelectas de Argentina, Brasil y Chile
fueron pioneras, elegidas en una etapa democrática. No en tiempos de
insurgencia u olor a pólvora.
Esos y otros gobiernos populares y
progresistas de la región cumplieron o cumplen con las reglas
democráticas. Sus adversarios pudieron (y pueden) organizarse,
expresarse, competir en elecciones libres. Hoy en día, fuerzas de signo
opuesto quieren revertir dicha “pesada herencia”. Brasil es un caso
extremo pero no una excepción. Las campanas doblan por nuestro gran
vecino, por Lula, por otros dirigentes, por otros partidos, por los
pueblos de otros países.
No hay comentarios:
Publicar un comentario