En general, en
Latinoamérica, los problemas asociados a la producción, el tráfico y
consumo de drogas afectan la calidad de vida de la población y están
ligados a formas de exclusión social y debilidad institucional,
generando mayor inseguridad y violencia. América Latina concentra la
totalidad de producción global de hoja de coca, pasta base de cocaína y
clorhidrato de cocaína. Además de esto, posee una producción de
marihuana que se extiende hacia distintos países y zonas, destinada
tanto al consumo interno como a la exportación. Y, crecientemente,
produce amapola y elabora opio y heroína.
Conforme un estudio da
CEPAL, la zona del Caribe sigue siendo la ruta más frecuente para el
tráfico de drogas hacia los Estados Unidos, pero la ruta del Pacífico,
pasando por América Central, ha ganado importancia relativa. En los
últimos tiempos ha cobrado importancia el transporte fluvial desde los
países productores de cocaína a través de Brasil. La marihuana, seguida
de la pasta base de cocaína, el crack y el clorhidrato de cocaína son
las drogas ilícitas de mayor consumo en la región.
La
producción de drogas ilícitas en Latinoamérica ha estado caracterizada
por la expansión o el desplazamiento continuo de áreas agrícolas
destinadas a la misma. Grandes poblaciones de campesinos e indígenas se
han incorporado a los cultivos ilícitos del narcotráfico, y esta
situación se mantiene debido a que la rentabilidad de los cultivos
lícitos sigue siendo negativa, mientras la producción de marihuana, coca
y amapola permite mayores ingresos económicos. Tan sólo en Bolivia, a
principios de los años 2000, se estimaba, según la CEPAL, que la
actividad vinculada a la economía de la coca generaba alrededor de
135.000 empleos, lo que equivalía a un 6,4% del empleo del país.
En países como Colombia, Perú, Bolivia y otros en menor medida, la
población indígena y campesina es utilizada por los narcotraficantes
para el cultivo de coca, marihuana y amapola, dadas sus necesidades
económicas y los problemas de la colocación de sus productos en el
mercado. En la selva media y alta de Perú, el estado de abandono y
pobreza existente, las condiciones ecológicas y climáticas, la limitada
articulación con los mercados, la baja rentabilidad de la producción, la
carencia de alternativas económicas y la presencia de las mafias
internacionales dedicadas al tráfico ilícito de drogas, han promovido
una producción de hoja de coca excedentaria. Estos factores predisponen
al productor agrícola a orientar su actividad económica al cultivo de
coca como única opción que le permite procurar los recursos
indispensables para garantizar su sobrevivencia familiar y colectiva.
En nivel local del microtráfico destaca una creciente participación de
mujeres de bajos ingresos y de menores, lo cual genera problemas
judiciales y penales que no tienen precedentes. En zonas de baja
presencia o controlo del Estado, el microtráfico se constituye
fácilmente en una estrategia de supervivencia adoptada por mujeres con
jefatura de hogar e incluso por personas de la tercera edad de escasos
recursos. Muchas personas de bajos ingresos terminan abandonando sus
ocupaciones previas dado que el tráfico de drogas le provee ingresos
substancialmente mayores. En muchos enclaves urbanos de América Latina,
el tráfico de drogas genera o refuerza una cultura de la ilegalidad que
corroe las normas mínimas de sociabilidad. De esta manera, la violencia
generada en factores políticos y económicos ha sido reforzada por
violencias generadas en actividades criminales, específicamente pelo
narcotráfico. Esta es una realidad presente, por ejemplo, en ciudades
brasileñas como Río de Janeiro.
La política de guerra a las
drogas ha fracasado. Pese al aumento de las capturas de drogas, a la
detención de narcotraficantes y a la destrucción de grandes redes, los
problemas asociados al consumo de drogas no han disminuido, y la
disponibilidad de drogas ilícitas en los mercados no se ha reducido. Esa
política acumula una serie de contra-efectos. Por ejemplo, entre los
ellos, se cuentan un alto número de víctimas en términos de mortalidad y
morbilidad, sin una reducción en el consumo de drogas. También hay un
alto número de “bajas políticas” y penales entre la clase política, las
autoridades civiles, judiciales y policiales, por efecto de la
corrupción. En algunos contextos existen serios trastornos en las
relaciones políticas internacionales, y en otros casos en las
nacionales, como en México. La supuesta represión a las drogas también
ha servido de pretexto para imponer posiciones políticas e ideológicas
en Latinoamérica.
El fracaso de la política de guerra a las
drogas ha llevado al desarrollo de enfoques alternativos. En ese sentido
puede ser referido el paradigma de reducción del daño. El uso de
estrategias de reducción del daño para controlar la demanda de drogas en
importantes ciudades de Europa ha acompañado al creciente proceso de
municipalización del manejo de la cuestión. En esta perspectiva, la
educación está llamada a desempeñar un papel central en las acciones de
prevención, aliando, por ejemplo, acciones socioeducativas y promoción
de la salud.
Esto es, de acuerdo con la definición clásica de
promoción de la salud, es importante (a través de la educación) ofrecer
orientaciones y dinámicas a las personas que hacen uso problemático de
drogas para que ellas mismas también actúen en la mejora de su calidad
de vida y salud. En ese sentido, se trata de una capacitación que debe
involucrar a las comunidades mediante estrategias de educación popular y
de formación de educadores sociales.
Se trata, pues, de
construir un nuevo paradigma de políticas sobre drogas, el cual se
apoya, entre otras, en tres premisas: el rechazo del tipo de medicina
que niega el derecho del individuo a disponer de sí y de su cuerpo; la
denuncia de intereses políticos e ideológicos detrás de acciones de la
llamada guerra a las drogas; la acogida humanitaria de las personas que
hacen uso problemático de drogas. Estas son algunas de las perspectivas
para una nueva política sobre drogas en América Latina que sea inducida
por la educación y la promoción de la salud.
Ivonaldo Leite es profesor de la Universidad Federal de la Paraíba – Brasil.
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