La Jornada
La novena corte de
circuito de apelaciones de Estados Unidos, con sede en San Francisco,
confirmó ayer una orden de deportación en contra de un menor hondureño
que llegó a ese país en 2014, cuando tenía 13 años, huyendo de la
violencia que azota a la nación centroamericana, a pesar de que al
afectado se le negó la asistencia de un abogado defensor en el curso del
proceso. De esta manera, dicha instancia jurídica del país vecino
dictaminó la inoperancia del derecho a una defensa gratuita en el caso
de menores indocumentados, basada en que el Congreso no ha emitido una
legislación específica.
El caso –que sienta precedente jurídico– muestra hasta qué punto ha
llegado el sistema estadunidense de justicia en la negación de
principios jurídicos básicos y universales.
Un ejemplo de lo anterior es la situación que han sufrido los sujetos
presos en Guantánamo y otros centros de detención que Washington tiene
en diversos países, algunos de los cuales han pasado más de tres lustros
sin ser sometidos a juicio, en una negación casi total de sus derechos
básicos y sin estatuto legal alguno: ni presuntos delincuentes ni
prisioneros de guerra, y calificados de
combatientes enemigos ilegales, condición que los sustrajo de todo marco legal y los colocó en una total indefensión ante sus captores.
En el episodio del menor hondureño, a la negación del derecho de
asilo, se suma la del derecho a la defensa, que es un pilar fundamental
de cualquier régimen jurídico moderno. Por añadidura, se niega a los
padres del afectado la facultad de procurar su tutela por medio de un
litigante que lleve su caso.
Resulta alarmante, por otra parte, que instancias judiciales
estadunidenses se sumen de esta manera a la tendencia xenofóbica que
impera en el Poder Ejecutivo bajo la presidencia de Donald Trump y la
conviertan en acciones procesales contrarias a derecho, construyendo
tratos discriminatorios y de excepción en contra de los extranjeros
indocumentados.
La situación descrita es indicativa de que en el país vecino las
actitudes racistas no se constriñen a los muros de la Casa Blanca e
ilustra que la mentalidad trumpiana dista, por desgracia, de ser una
mera anomalía en la nación más poderosa del mundo.
Para hacerse una idea del estado de indefensión en que se encuentran
millones de migrantes en territorio estadunidense, ha de sumarse a lo
referido la tibieza y la vacilación que ante la persecución racista
exhiben los gobiernos de los países de origen de los afectados, entre
los cuales se encuentra, lamentablemente, el de México.
Es urgente y necesario dejar de lado las complacencias y denunciar
ante las instancias internacionales correspondientes el maltrato y el
atropello de diversas instituciones de Estados Unidos en contra de los
trabajadores indocumentados, no sólo por elemental sentido de
solidaridad nacional y de justicia sino incluso por mero pragmatismo,
porque al fin de cuentas esos trabajadores son en buena medida el sostén
económico de sus respectivas naciones.
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