Fuentes: El Salto (Foto: Campamento La Victoria. Foto: Señal 3)
El coronavirus ha forzado al Gobierno chileno a permitir la
salida de la cárcel de un tercio de los presos del país. Pero en este
grupo no está ni uno de los 26 prisioneros políticos mapuches. Cuatro
meses de huelga de hambre no han cambiado esta decisión. Esta semana, 16
de ellos iniciaron la huelga seca. Sus vidas penden de un hilo.
“Es tanto el dolor e incapacidad para moverse que algunos han perdido
el control de sus extremidades”, indica Rodrigo Curipan, el werkén
(vocero) de 26 prisioneros políticos mapuches
que se encuentran al borde de la muerte en el sur de Chile. Llevan casi
120 días de huelga de hambre, y esta semana 16 de ellos optaron por
dejar de consumir líquidos, iniciando una huelga seca.
Once de ellos ya debieron ser trasladados al hospital debido a su
grave estado de salud, y los médicos no les dan más que unos días
de vida. Se indican graves arritmias cardiacas, taquicardias,
disneas, hipoglucemia, cefalea y hematuria. Además, denuncian tres
casos que presentan cuatro síntomas de covid-19, que podrían venir
de un brote del virus entre los gendarmes.
Fuera de una de las cárceles, los familiares instalaron un
campamento desde donde realizan rogativas diarias, pidiendo que el
Gobierno reaccione. Por el resto del territorio se realizan marchas
de apoyo, se toman municipios, se cortan los caminos y se incendian
camiones forestales.
Lo que piden es que se respete el Convenio
169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes, firmado por el Gobierno chileno en 2008 y ganado tras
muchos años de lucha política. Este documento cubre un amplio rango
de materias que abarca desde su reconocimiento como pueblos y sus
derechos sobre la tierra y el territorio, recursos naturales y la
defensa del medioambiente, hasta la salud, educación, formación
profesional, condiciones de empleo y el derecho a mantener y
fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.
El instrumento internacional reconoce también las aspiraciones de
los pueblos indígenas a asumir, dentro del marco de los Estados en
que viven, el control de sus propias instituciones y de sus formas de
vida y de desarrollo económico. En temática penal, indica que los
pueblos originarios deben contar con medidas carcelarias especiales
de acuerdo a sus culturas, y que deberá darse la preferencia a tipos
de sanción distintos del encarcelamiento.
Esto se hace especialmente urgente en tiempos de pandemia, cuando
el Gobierno chileno permitió a un tercio de todos sus presos
(13.321) salir de las cárceles para proteger su salud, incluidos dos
condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas
durante la dictadura de Pinochet.
El ministro de Justicia, Hernán Larraín, accedió a crear una
mesa de negociación para discutir su aplicación en el país. Sin
embargo, rechazó cambiar las medidas cautelares de los prisioneros
políticos, por lo que decidieron mantener la huelga.
“Estamos pidiendo ser iguales ante la Ley. Estamos ante
carabineros que mataron a mapuches y están en prisión
domiciliaria”, explica Curipan en referencia a casos como el del
funcionario de policía que asesinó
en 2018 al joven Camilo Catrillanca por la espalda, mientras
conducía su tractor.
Nelida Molina, integrante de la Coordinadora de Apoyo al pueblo
Mapuche Trawunche de Madrid, comparte su espanto ante la negativa del
Gobierno chileno a ofrecer una solución a los encarcelados: “Da tanta
rabia e impotencia la indiferencia que les provoca la vida de personas
cuyo único recurso es acudir a una huelga de hambre que atenta contra
sus propias vidas. Desde nuestro colectivo estamos muy angustiados por
el nivel de violencia y racismo que se está aplicando a los presos
políticos mapuches y al pueblo-nación mapuche en general. También nos
llama muchísimo la atención la nula voluntad del Estado chileno frente a
las demandas de aplicación del Convenio 169, siendo que cumplirlo es
una obligación de todo Estado que lo ha ratificado. No puede ser que se
mantenga prisioneras a personas sin tener pruebas que demuestren razones
para mantenerles en esa situación”.
Mientras tanto, los camioneros de la Confederación Nacional del
Transporte de Carga declararon paro nacional en protesta por los ataques
incendiarios mapuches contra sus vehículos. Se trata de una acción que
arriesga el abastecimiento nacional cuando aún hay cuarentenas en 49
comunas del país. Los camioneros entregaron un petitorio de 13 puntos,
diez de los cuales son nada más y nada menos que leyes impulsadas por el
propio Gobierno o Chile Vamos, la coalición del Presidente Piñera.
Fotografías y videos
compartidos en redes sociales muestran cómo la policía protege el paro
de camioneros, mientras el ejército estrena su nuevo equipo de drones, vehículos lanzagases y tanques último modelo comprados
especialmente para la que llaman “la zona roja del conflicto mapuche”.
La institución de Carabineros ha sido fuertemente cuestionada por la
población en los últimos años luego de que se demostraran gravísimos
casos de corrupción, montajes judiciales, y más de una decena de
asesinatos de jóvenes mapuches en los últimos 20 años.
Esto es lo que ocurre hoy en Wallmapu, el territorio mapuche al
oeste de la Cordillera de Los Andes. Ellos exigen su recuperación
desde hace más de cien años, para poder ejercer una autonomía
similar a la que poseen las comunidades autónomas en España.
Los 26 prisioneros políticos mapuches se dividen entre tres cárceles
distribuidas entre dos regiones de Wallmapu. Algunos de ellos han sido
condenados. Otros llevan meses en prisión preventiva, una figura
permitida bajo la aplicación de la Ley Antiterrorista. Ellos deben
esperar encarcelados durante meses su juicio por delitos como robo con
violencia, porte ilegal de armas, asalto y participación en organización
terrorista. Estos juicios suelen terminar absolviendo a los inculpados
por falta de pruebas o irregularidades en el actuar policial.
Curipan detalló la situación de los inculpados hace unos días,
al medio de periodismo de investigación, Interferencia:
“El Gobierno ha venido señalando que los huelguistas no son
prisioneros políticos, sino que personas acusadas por delitos
comunes ante los tribunales de justicia, pero cada uno ha sido
víctima de persecución política, en cada una de sus causas, el
Gobierno está en calidad de querellante. Hay una determinación e
intervención política en hacerse parte en buscar responsabilidad
penal y poder condenarlos, porque, además, tienen que ver con un
contexto de procesos de reivindicación territorial y político.
Incluso las conversaciones con los camioneros tienen que ver con
determinación política”.
“Mi hermano lleva cuatro meses en prisión preventiva por
derribar un dron que espiaba nuestra propiedad”, cuenta Marcelo
Huenchuñan acerca de Reinaldo Penchulef, quien está acusado de robo
con violencia. Su madre falleció recientemente mientras él se
encontraba tras las rejas, y tiene una hija de ocho años. “Tras
años de lucha, allanamientos y amedrantamientos, nuestra comunidad
logró el control territorial, expulsando a una forestal que nos
llenó de basura”. “Basura” es como llaman al eucalipto y el
pino radiata, monocultivos que han desertificado y erosionado la
región.
“Derribaron el dron, no para robárselo, sino para exigir una
explicación. Tras ello, la comunidad fue allanada por más de 200
carabineros. Destruyeron tres casas buscando armamento, pero no
encontraron nada, solo el dron. Había familias, niños chicos…, no
les importó. Y ahí detuvieron a nuestros peñi (compañeros)”,
concluye.
Bandera mapuche: el símbolo del Estallido social de 2019
La Constitución que rige en Chile es la única creada en
dictadura que persiste en Latinoamérica. No reconoce la existencia
del pueblo mapuche, ni la de ningún otro pueblo originario en Chile,
y subvenciona anualmente a un puñado de empresas forestales
dominadas por dos grandes familias, que han ocupado los territorios
indígenas, secado sus fuentes de agua y eliminado sus bosques
nativos. También es la única en el mundo que consagra al agua como
un bien privado. Pero por fin, después de 30 años, se ha abierto
una posibilidad de cambio.
Desde octubre de 2019 y hasta el comienzo de la pandemia en marzo,
millones de chilenos y chilenas se reunieron todos los días en la
renombrada “Plaza Dignidad”, en el centro de Santiago. Se trató
del alzamiento popular más importante de la historia democrática
del país. La wenüfoye, la bandera mapuche, cubrió la
Alameda, los muros y las ventanas de los edificios, y se convirtió
en el símbolo del movimiento. Chilenos y chilenas se sintieron
identificados con el pueblo originario y su lucha de siglos contra
una élite que explota tanto a su población como a sus recursos
naturales, y que usa a la policía para controlarla.
Gracias al estallido social, en octubre de 2020 se realizará un
plebiscito donde, con mascarilla, se podría votar el cambio de la
Constitución de Pinochet por una nueva y más democrática. Aun así,
la desconfianza en el aparato democrático es tal que este triunfo
dista de celebrarse, y se siente más bien como un ‘peor es nada’.
Hay mucho miedo de que no pase de ser un cambio de nombre.
Las claves históricas del conflicto
Este no es un conflicto colonial. Durante la conquista, el pueblo
mapuche ejerció férrea resistencia al Imperio español y logró que
éste se viera obligado a negociar una treintena de tratados y a
respetar su frontera en el río Bio Bio.
Tras la independencia y la creación de la República de Chile, el
Estado ratificó estos tratados. Hasta que a mediados del siglo XIX
decidió invadir Wallmapu por intereses económicos: la agricultura y
la industria maderera. La guerra fue brutal y significó la muerte de
parte importante de la población mapuche. Chile usó las famosas
armas Winchester, que antes usaron los estadounidenses para
exterminar a los pueblos originarios de esas tierras.
El país latinoamericano tomó el control del 90% del territorio
mapuche y comenzó a poblarlo de colonos europeos, dando inicio así al
proceso de neocolonialismo que aun impera. Las personas mapuches que
sobrevivieron quedaron relegadas a pequeñas reducciones de terreno y se
vieron obligados a convertirse en pequeños campesinos, condenados a la
pobreza.
De los 11 millones de hectáreas del Wallmapu en el siglo XIX, el
despojo los hizo llegar al siglo XX con 500.000 ha, y eso en
dictadura se redujo a apenas 300.000 ha.
En el retorno a la democracia se hicieron una serie de promesas hacia
los pueblos indígenas, pero aun ni se ha logrado el reconocimiento
constitucional. Los últimos veinte años han estado marcados por la
aplicación de la Ley Antiterrorista exclusivamente contra personas
mapuches, justificando la criminalización de su cultura y la
militarización del territorio.
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