Elecciones el 18 de octubre
La
recuperación de iniciativas, propuestas, organización y movilizaciones
del movimiento nacional-popular en Bolivia de agosto de 2020, bajo la
conducción social de la Central Obrera Boliviana (COB) y del Pacto de
Unidad (PU) y política del Movimiento Al Socialismo (MAS), frente a los
consecutivos intentos de prórroga del gobierno de facto y violencia y a
pesar de las maniobras, persecuciones, amedrentamientos y amenazas de
los sectores más conservadores y oligárquicos de continuar con un
esquema neoliberal pro-imperialista; permitió avanzar en la recuperación
de la democracia en Bolivia y afianzar la realización de las elecciones
nacionales el próximo 18 de octubre.
Nuevamente, en esta
coyuntura, se enfrentan en el país las corrientes nacionales, populares y
patrióticas con las antinacionales que representan la dominación, la
dependencia y la colonización mental, en un momento neurálgico de la
historia nacional.
Durante dos semanas Bolivia quedó
paralizada por la decisión de realizar una huelga general con bloqueo de
caminos que obligó, con mediación de representantes de la Unión Europea
(UE), la Organización de Naciones Unidas (ONU) e Iglesia Católica, a
que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), el Tribunal Supremo
Electoral (TSE) y el propio gobierno acepten la fecha improrrogable de
elecciones para el 18 de octubre. Sectores importantes de la
movilización plantearon inclusive la renuncia inmediata de Jeanine Añez y
las elecciones para el 11 de octubre.
Las expresiones más
profundas de las masas populares en Bolivia han conseguido nuevamente,
después de la Revolución de 1952, del proceso antiimperialista de Juan
José Torres y la Asamblea Popular de 1970, de la Huelga de Hambre
encabezada por mujeres mineras de 1978, de las “masas en noviembre” de
1979 o de la rebelión de octubre de 2003, ratificar las manifestaciones
de una democracia de liberación nacional y de autodeterminación popular y
de construcción de una sociedad de iguales con dignidad, soberanía,
inclusión social y desarrollo económico.
La fuerza de la
movilización se impuso inclusive a la millonaria campaña de las
autoridades de gobierno, los grandes medios de comunicación escrita,
radial y televisiva --con un papel central de CNN-- y las redes
virtuales para distorsionar el movimiento y responsabilizar de casos de
fallecimientos por la pandemia a los dirigentes de la COB y el PU y
hasta al propio Evo Morales que se encuentra en Buenos Aires.
Recientemente se descubrió que el gobierno de Bolivia contrató los
servicios de una empresa estadounidense que, a través de las redes de
facebook, desarrolle noticias falsas contra la oposición. Asimismo, se
descubrieron varios casos de corrupción por compras de materiales e
insumos para enfrentar la pandemia, entre ellos la compra fraudulenta de
respiradores que costó la cárcel al Ministro de Salud, Marcelo Navajas,
y demás funcionarios; y otros casos en YPFB, ENTEL, ENDE y BOA.
Actualmente
el Tribunal Supremo Electoral está fuertemente presionado por el
gobierno, los radicales de ultraderecha de los Comités Cívicos y grupos
de choque en Santa Cruz y Cochabamba que pretenden la anulación de la
sigla del MAS y de sus candidatos. Son diez las fórmulas inscritas y el 6
de septiembre comenzaron sus campañas electorales.
El
gobierno tiene, a través de la agrupación JUNTOS, como candidatos a
Jeanine Añez y Samuel Doria que representan las posiciones neoliberales y
conservadoras más radicales y pro-imperialistas; han comenzado su
campaña utilizando los medios del Estado e inclusive obras que habían
sido financiadas y construidas por el anterior gobierno. Por su parte
Comunidad Ciudadana (CC), también neoliberal, presenta a Carlos Mesa y
Gustavo Pedraza que fueron parte de los gobiernos reaccionarios del
pasado y Mesa fue Vicepresidente del ultraneoliberal Gonzalo Sánchez de
Lozada e impulsor del Golpe de Estado de noviembre de 2019.
Las
posiciones más duras de la derecha oligárquica que defiende posiciones
fundamentalistas y supremacistas está representada por la alianza
CREEMOS con el dirigente cívico cruceño Fernando Camacho como candidato
presidencial y Marco Pumari, también cívico potosinista, como candidato
vicepresidencial.
El MAS presenta como candidatos a Luis
Arce y David Choquehuanca. Arce fue exitoso Ministro de Economía del
gobierno de Evo Morales que permitió a Bolivia crecimiento económico,
estabilidad, reducción de la pobreza y fortalecimiento del mercado
interno y el Estado Nacional; Choquehuanca fue el Ministro de Relaciones
Exteriores que defendió la soberanía y dignidad nacionales, impulsó la
diplomacia de los pueblos y los procesos de integración de ALBA, UNASUR y
CELAC.
Las posibilidades de triunfo electoral del
movimiento de obreros, campesinos, indígenas, mujeres y urbano-populares
que tienen centenares de candidatos a senadores y diputados, a través
del MAS, son muy altas con las consignas de recuperar soberanía,
dignidad y el proceso antiimperialista frente a las opciones
neoliberales. Sin embargo, la estrategia geopolítica de Estados Unidos
en la región, y en particular en Bolivia, está orientada a evitar un
nuevo ascenso democrático, nacionalista y popular, lo que no descarta
que se realicen acciones destinadas a imponer un segundo Golpe de Estado
que llevaría a Bolivia a una situación de alta violencia.
Las
tendencias electorales, de acuerdo a las encuestas realizadas en los
últimos meses y a los acontecimientos sociales y políticos en medio de
la crisis sanitaria, económica, social y política, generan las
siguientes preferencias: el MAS con apoyo entre 41 y 45%, CC entre 22 y
26%, JUNTOS entre 12 y 16% y CREEMOS entre 8 y 12%. JUNTOS y CREEMOS
tienden a subir, el MAS a estancarse y CC a bajar en el respaldo hacia
las elecciones de octubre.
En las últimas cuatro
elecciones el MAS consiguió triunfos importantes: 2005 con 54% de votos,
2009 con 64% de votos, en 2014 con 61% y en 2019 con 47% de votos.
En
este contexto adquieren enorme importancia las respuestas responsables e
institucionales del Tribunal Supremo Electoral, la Asamblea Legislativa
Plurinacional y las Fuerzas Armadas, dentro de las que sectores
internos han observado su rol en las tareas de represión y apoyo al
desgobierno, así como la vigilancia social para asegurar el respeto a la
voluntad y soberanía popular. Varios organismos internacionales han
garantizado la presencia de observadores y la comunidad internacional y
los movimientos sociales y populares del mundo deberán estar alertas al
desenlace del proceso político boliviano.
- Eduardo Paz Rada es sociólogo boliviano y docente de la UMSA. Escribe en publicaciones de Bolivia y América Latina.
https://www.alainet.org/es/articulo/208808
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