Katu Arkonada
Acinco semanas de las
elecciones generales en Bolivia –18 de octubre–, el panorama se
complica más y más. La polarización advertida entre el MAS y los
golpistas se agudiza, mientras Carlos Mesa intenta mantener un perfil
bajo que le ayude a ganar votos de una derecha desencantada con un
gobierno transitorio que se hunde después de casi un año de escándalos
de corrupción y mal manejo de la crisis de salud.
Las últimas encuestas son favorables al MAS-IPSP que tiene al ex
ministro de Economía Luis Arce Catacora como candidato presidencial. El
partido de Evo Morales obtiene 26.2 por ciento en el reciente estudio de
Mori (la única que acertó el resultado del referéndum del 21 de febrero
de 2016), que cuando se pondera filtrando sólo los votos válidos se
transforma en 37.3 por ciento frente a 24.2 de Carlos Mesa o 14.4 por
ciento de Jeanine Áñez. Es decir, Luis Arce estaría cerca de ser
presidente electo en primera vuelta, siempre que alcance 40 por ciento
de votos válidos y 10 puntos de diferencia sobre Mesa, lo que puede
suceder con una buena campaña y si los golpistas no bajan a Áñez de la
carrera presidencial. En caso de que no se alcance 40 por ciento, o la
presidenta actual decline y Mesa se acerque a menos de 10 puntos de
diferencia, la segunda vuelta sería inevitable y en ese caso el 14 por
ciento de los golpistas, sumado al del
cívicoFernando Camacho (12.4 por ciento), que lidera la intención de voto en la ciudad más poblada del país, Santa Cruz, el conservador Chi Hyun Chung (5.9 por ciento) o el hombre del Departamento de Estado en Bolivia Tuto Quiroga (3.8 por ciento) se unirían contra Evo Morales y Luis Arce, provocando la derrota segura del MAS.
Dos semanas antes de la elección, el 4 de octubre, se celebrará el
debate entre los aspirantes presidenciales, organizado por la Asociación
Nacional de Periodistas de Bolivia, la Confederación de Empresarios
Privados de Bolivia, la Fundación Jubileo, la Universidad Mayor de San
Andrés y una red de medios de comunicación. Los 14 días posteriores al
debate serán claves para que diferentes sectores puedan consolidar su
voto y para la posible declinación de Áñez.
Mientras tanto, en el gobierno golpista intentan por todos los medios
lavar su imagen y ensuciar la de Evo Morales y el MAS, y han impulsado
una denuncia de la Procuraduría General del Estado ante la Corte Penal
Internacional, acusando a Evo de incurrir en delitos de lesa humanidad.
Los autores físicos e intelectuales de las masacres de Sacaba y Senkata,
donde murieron asesinadas más de 30 personas por las balas de las
fuerzas de seguridad, acusan al ex presidente boliviano de la muerte de
más de 40 personas por la falta de oxígeno durante los bloqueos
carreteros de agosto.
Al mismo tiempo, y tras un viaje a Estados Unidos de Arturo Murillo,
ministro de Gobierno, donde se reunió con Luis Almagro, secretario
general de la OEA, representantes del Departamento de Estado y los
senadores republicanos Ted Cruz y Marco Rubio, ha empezado a operar en
Bolivia la empresa estadunidense CLS Strategies, vinculada a los
servicios de inteligencia gringos y que supuestamente va a dar asesoría
al gobierno boliviano
de transiciónen temas relacionados con la
democracia.
De manera complementaria, y según filtraciones del entorno del
gabinete, los golpistas tienen sobre la mesa una propuesta para eliminar
el registro jurídico del MAS-IPSP, junto con un análisis de lo que
implicaría dicho acto en cuestión de movilización y respuesta social. La
apuesta es clara: una segunda vuelta entre Carlos Mesa y Jeanine Áñez,
donde sólo habría un ganador: Estados Unidos y sus intereses en Bolivia.
En las calles, al menos entre la clase media urbana, la sensación es
que se quería un cambio, pero no así, y eso está haciendo que Mesa se
desplace hacia la derecha para ganar el voto más ultra que ya no se
siente representado por Áñez, lo cual a su vez podría hacer que el voto
más moderado de centro se acercara al MAS, pues entre la disyuntiva de
pensar cómo y cuándo estaban mejor, en septiembre de 2019 (las
elecciones fueron en octubre y el golpe en noviembre de 2019) o en
septiembre de 2020, es claro que esa clase urbana tenía mejores
condiciones sociales, y sobre todo económicas, hace un año.
La crisis económica hace que la gente prefiera vivir en septiembre de
2019. En 14 años de proceso de cambio se le pagaba a tiempo a la gente y
podía ahorrar, en nueve meses la gente ha perdido su trabajo y gastado
sus ahorros. Ése es el nuevo sentido común que se está posicionando
entre una buena parte de la población boliviana.
Si ese sentido común se hace más grande decantando la balanza a favor
del MAS-IPSP, entonces la alternativa de quienes hoy gobiernan parece
ser un nuevo golpe dentro del golpe que impida que Evo Morales, jefe de
campaña del Movimiento al Socialismo, pudiera retornar a una Bolivia
gobernada por Luis Arce Catacora.
Twitter: @katuarkonada
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