Organizaciones indígenas y campesinas bajo fuego
Fuentes: Rel UITA
La Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra
(ILC por su sigla en inglés) publicó una declaración en solidaridad con
organizaciones y comunidades indígenas y campesinas de Guatemala, que
están siendo víctimas de campañas de criminalización, ataques homicidas
y vulneración de sus derechos fundamentales, por defender la tierra y
los bienes comunes.
En lo que va del año, cuatro defensores de organizaciones que
pertenecen a la ILC fueron asesinados y uno fue víctima de desaparición
forzada.
Además reportan el asesinato del
director de Agrónomos y Veterinarios sin Fronteras, el ciudadano
francés Benoit Maria, y al menos cinco intentos de desalojos
extrajudiciales, señala el documento[1].
En el caso específico del Comité de Desarrollo Campesino (Codeca),
17 de sus miembros fueron asesinados en total impunidad en pocos más de
dos años.
Escalada de violencia
La escalada de violencia sistemática contra comunidades indígenas y campesinas va profundizándose cada día más.
De
acuerdo con el más reciente informe de Global Witness[2], Guatemala
sigue figurando entre los países con la mayor cantidad absoluta de
personas defensoras de la tierra y los bienes comunes asesinadas. El año
pasado fueron 13 las víctimas mortales.
La misma situación fue denunciada en diciembre de 2019 en el marco de la movilización global de Land Rights Now[3].
Recientemente,
la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
Guatemala (Udefegua) publicó un nuevo informe sobre agresiones a
personas que defienden los derechos humanos en el país.
Entre enero y junio de este año, se contabilizaron 677 agresiones que involucraron a unas 70 organizaciones y comunidades.
En tan sólo seis meses se registra un aumento del 73 por ciento
respecto al total de agresiones de 2019 (494). También se registraron
13 asesinatos entre enero y mediados de agosto.
Combatir y acabar con la impunidad
Una
situación que para la ILC podría volverse aún más peligrosa por el
progresivo debilitamiento de la institucionalidad en el país, luego del
cierre unilateral de instancias de diálogo creadas para dar cumplimiento
a los Acuerdos de Paz, como son la Secretaría de Asuntos Agrarios, la
Comisión Presidencial de Derechos Humanos y la Secretaría de la Paz.
Ante
esta situación la Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra
reiteró su respaldo a las organizaciones indígenas y campesinas, al
tiempo que exhortó a las autoridades a dar solución a los conflictos
respetando los derechos humanos.
En este sentido, pidió al Estado
reconocer el derecho de las comunidades sobre sus tierras, poner fin a
la política de desalojos desconcentrando la propiedad de la tierra,
reconocer el derecho a defender derechos humanos, promoviendo políticas
públicas de protección.
Asimismo, instó a combatir y acabar con
la impunidad y a garantizar el funcionamiento de instituciones
especializadas en materia agraria y derechos indígenas.
Finalmente,
la ILC hizo un llamado a la comunidad internacional a poner atención a
lo que ocurre a diario en Guatemala, apoyando el esfuerzo de
organizaciones indígenas, campesinas y de derechos humanos “para
construir un país más justo, democrático y libre de violencia”.
Notas
Fuente: Rel UITA
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