Impunidad golpista en Bolivia
Un nuevo decreto
dictado en La Paz este jueves 5 de diciembre por el régimen golpista
encabezado por Jeanine Añez estableció “un pago global y único de 50.000
pesos bolivianos a favor de los familiares de cada uno de los
fallecidos.” De acuerdo con el periódico La Razón de La Paz, este monto
equivale a unos 7.184 dólares estadounidenses.
Muchos de los
fallecidos, en su mayoría indígenas, fueron asesinados en las masacres
de Sacaba y Senkata, ocurridas el 15 y el 19 de noviembre, cuando
fuerzas militares y policiales abrieron fuego contra las movilizaciones
sociales que se oponían al golpe de Estado contra el gobierno de Evo
Morales.
Según un informe del Ministerio Público, se
registraron 29 muertos y 33 heridos en los actos de violencia y
amedrentamiento tras las elecciones del 20 de octubre, alentados por
Carlos Mesa, candidato a la presidencia de Comunidad Ciudadana, y
Fernando Camacho, el expresidente del Comité cívico de Santa Cruz, entre
otros responsables.
En sus cinco artículos, el Decreto Supremo
4100, firmado por la autonombrada presidenta Jeanine Añez junto su
ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, guarda silencio absoluto sobre los
responsables de esas muertes, otorgando una impunidad de facto a
quienes ordenaron y ejecutaron esas operaciones de represión. Con tal
omisión, ese decreto niega el derecho a la justicia a los familiares de
los fallecidos.
Según La Razón, el líder vecinal Freddy Rojas,
representante del Distrito 8, explicó que se solicitó al gobierno de
Añez una renta vitalicia “que debería beneficiar a familiares de los
hermanos fallecidos… lo justo sería una renta vitalicia para las viudas,
los hijos que han quedado huérfanos.”
Pese a que existen
pruebas gráficas de que el ejército abrió fuego contra la población, el
Gobierno de facto, a través de su ministro de Defensa, Fernando López,
mantiene que “del ejército no salió un solo proyectil” y que “ninguno de
los decesos fue por arma reglamentaria de las Fuerzas Armadas o la
Policía, sino que corresponden a grupos subversivos y de choque”.
Este nuevo decreto de la autonombrada presidenta Añez es una prueba más
del cariz violento, racista y cruel que caracteriza a quienes ocupan
funciones de gobierno tras el golpe de Estado del 10 de noviembre en
Bolivia. No solamente porque demuestra una vez más el uso de la
impunidad como método de gobierno -como el decreto 4078, posteriormente
anulado por la presión nacional e internacional, que eximía de
responsabilidad penal a los miembros del ejército en el uso de la fuerza
militar-, sino que le pone un precio “global y único de 50.000 pesos
bolivianos” a la vida de un indígena boliviano.
Esta crueldad e
insensibilidad de la derecha golpista boliviana queda en evidencia
cuando se compara el Decreto Supremo 4100 con el 4082, firmado el 15 de
noviembre por Jeanine Añez y sus ministros en pleno, que le otorga a las
Fuerzas Armadas un total de 34.796.098 millones de bolivianos para la
compra de “equipamiento” militar.
De este modo, el Gobierno de
facto de Añez pagará alrededor de 210.000 dólares a las familias de los
29 fallecidos, y por otro lado otorga más de cinco millones de dólares a
unas fuerzas armadas que tienen su parte de responsabilidad tanto en la
ejecución del golpe de Estado como en las masacres de Sacaba y Senkata.
Al no establecer responsables, el gobierno de facto otorga impunidad a
quienes dieron las órdenes de abrir fuego y a quienes apretaron el
gatillo de los fusiles.
Estos hechos muestran que la
restauración neoliberal, que utiliza por ahora a Jeanine Añez, sabe que,
aún después de unas nuevas elecciones, solamente podrá mantenerse en el
poder utilizando la impunidad, la represión, la mentira y el saqueo del
Estado.
Se puede prever que el actual “gobierno interino”
otorgará amnistía a separatistas, corruptos y autores de masacres como
Branko Marinkovic, Mario Cossío, Manfred Reyes Villa, Carlos Sánchez
Berzaín, Leopoldo Fernández y otros, mediante el establecimiento de un
“Comité interinstitucional de defensa a las víctimas de injusticia por
motivos políticos e ideológicos de los últimos 14 años”, anunciado ya
este 5 de diciembre.
Este “gobierno de transición” también está
copando puestos de representación y dirección con políticos
neoliberales como Jorge Quiroga y con secuaces del golpe como la
ministra de Comunicaciones, Roxana Lizárraga, o la derechista Karen
Longaric, quien funge de canciller y que llama a la asonada golpista y
al uso del ejército para cometer masacres como “la fuerza moral del
pueblo boliviano”.
Los operadores del golpe de Estado, que
utilizan a Jeanine Añez como una figura de conveniencia, buscarán callar
las voces críticas usando plomo, plata o la manipulación de la
justicia. El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, utiliza el lenguaje
de las dictaduras de Banzer y García Meza al referirse a la oposición
como “sediciosos y terroristas”. Con esta justificación ha lanzado una
campaña de persecución y amedrentamiento contra dirigentes de
movimientos sociales, contra periodistas y contra la militancia del MAS.
El objetivo es impedir a toda costa que este partido político pueda
organizarse adecuadamente para lidiar en las próximas elecciones.
Tras el 10 de noviembre, ha regresado al Palacio de gobierno de Bolivia
un racismo secular que le pone precio a la vida de un indígena. A un
quechua, a un aymara al que el golpismo neoliberal mata porque se atreve
a defender su voto, se atreve a defender un país que es suyo y no de
los que buscan vender Bolivia a los intereses de Estados Unidos, a sus
compañías transnacionales y sus cipayos locales.
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