A raíz del golpe de Estado en Bolivia
Página/12
El derrocamiento de
Evo Morales con el golpe de Estado del domingo confirma que la cuestión
militar ha regresado en América Latina para quedarse y, eventualmente,
consolidarse. Entiendo la cuestión militar en un sentido estrecho:
remite a la centralidad adquirida por la amenaza y el efectivo uso de la
fuerza, así como el lugar del control civil y democrático de las
fuerzas armadas. El involucramiento de las fuerzas armadas en asuntos de
orden público, su preponderancia para el mantenimiento y defensa de un
determinado gobierno, la participación de los militares en la vida
electoral de un país, su involucramiento en la violación de los derechos
humanos, la militarización del tratamiento de fenómenos como el negocio
de las drogas y las migraciones, y el recurso al golpismo constituyen
manifestaciones concretas de lo que denomino la cuestión militar. Esta
situación, que obedece a causas esencialmente internas, en América
Latina ha estado vinculada (inspirada, estimulada, cohonestada) en
algunos aspectos a la política militar de Estados Unidos en la región.
Una
rápida mirada del año 2019 revela el despliegue y el alcance de la
restaurada cuestión militar. En Centroamérica, cualquiera sea la
orientación del gobierno, y con excepción de Costa Rica, los militares
son actores claves en materia de seguridad interna, en la lucha contra
el narcotráfico, en la preservación de gobiernos impugnados, y en el
combate contra las drogas y para frenar la migración hacia Estados
Unidos. La influencia del Comando Sur de Estados Unidos en Honduras, Guatemala y El Salvador ha sido, y es, decisiva.
En México, la creación de la Guardia Nacional para combatir el crimen organizado no ha implicado la desmilitarización de la «guerra contra las drogas».
En Colombia, el lentísimo avance, por parte del gobierno, de los
compromisos acordados con las FARC y el surgimiento de una disidencia
que ha regresado a la lucha armada al tiempo que ha fracasado el diálogo
con el ELN por acción de la guerrilla, refuerza —una vez más— la
incidencia de las fuerzas armadas en la vida nacional. En Venezuela, el
principal sostén del gobierno de Nicolás Maduro son los militares. En
los tres países mencionados, por incidencia (México), soporte (Colombia)
y amenaza (Venezuela), el papel de Washington es gravitante.
En
Ecuador, el gobierno adoptó severas medidas de ajuste en el marco de un
acuerdo con el FMI y, ante las masivas movilizaciones, decretó el toque
de queda. La imagen fotográfica del presidente Lenin Moreno respaldado
por los cuatro representantes de las fuerzas armadas y de seguridad
después de haberse trasladado de Quito a Guayaquil epitomizó el papel de
los militares en el sostenimiento de una administración crecientemente
impopular. En Chile, el presidente Sebastián Piñeira implementó un
incremento de las tarifas del subte que derivó en un multitudinario
estallido social que no cesa. La respuesta oficial inmediata fue
decretar Estado de emergencia y aplicar una implacable «mano dura».
En
Brasil, la fórmula presidencial triunfante es de ex militares, al
tiempo que varios legisladores electos son miembros retirados de las
fuerzas armadas y de seguridad. Hay que ir a los años sesenta para
identificar tanto acercamiento militar brasileño a Estados Unidos. Por
ejemplo, un militar brasileño se convirtió en vicecomandante de
interoperabilidad del Comando Sur. Se aprobó un acuerdo bilateral para
el lanzamiento de satélites, cohetes y naves desde la base de Alcántara.
Brasil firmó un acuerdo con la Guardia Nacional del Estado de New York.
Y más recientemente, el presidente Donald Trump designó a Brasil aliado
extra-OTAN. En Uruguay, el ex general Guido Manini obtuvo 12 por ciento
de los votos en la elección de octubre, logrando 3 senadores y 11
diputados.
En Bolivia, lo ocurrido el domingo se enmarca en lo que
alguna vez denominé neogolpismo. El golpe de Estado convencional remite
a la usurpación ilegal, violenta, preconcebida y repentina del poder
por parte de un grupo liderado por los militares y compuesto por las
fuerzas armadas y algunos sectores sociales de apoyo. El neogolpismo lo
encabezan más abiertamente los civiles y cuentan con el respaldo tácito
(pasivo) o la complicidad explícita (activa) de las fuerzas armadas,
pretende violar la constitución del Estado de modo menos ostensible,
intenta preservar una semblanza institucional mínima, no siempre
involucra activamente a una gran potencia (por ejemplo, Estados Unidos) y
aspira más a resolver una crisis política que a fundar un orden
novedoso.
La cuestión militar está de vuelta en América Latina en
general y en América del Sur, en particular. El gobierno entrante debe
estar atento a esta tendencia para actuar en consecuencia. En ese
sentido, parece imprudente que se llegara a llevar a cabo la eventual
disolución de la AFI. En las actuales circunstancias regionales, lo más
relevante para un país como Argentina es poseer una sólida inteligencia
estratégica.
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