CLAE / Rebelión
Con 232 votos a favor y
196 en contra, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el
último día de octubre el inicio de un procedimiento de juicio político (
impeachment) contra el presidente Donald Trump. Por cuarta
ocasión en la historia de Estados Unidos, la Cámara de Representantes
aprobó una resolución para el proceso de impeachment.
Quizá el
impacto más importante de abrir el proceso al público es que se
transformará de inmediato en un espectáculo de televisión, con
audiencias y debates transmitidos en vivo (también por radio y los
portales de los principales medios) ofreciendo imágenes similares a las
que persisten en la memoria colectiva en el caso de Clinton y, aún más
peligroso para el actual régimen, el de Watergate en los años 1970.
En el último siglo, únicamente el republicano Richard Nixon en 1974 y
el demócrata Bill Clinton en 1998 se habían enfrentado a esta fase
formal del proceso de destitución establecido en la Constitución, pero a
diferencia de estos dos precedentes la totalidad de los diputados
republicanos cerraron filas en torno al gobernante, lo que evidencia que
existe la consigna de asumir todos los costos políticos derivados de
sostener a un Ejecutivo que se encuentra en abierto desacato a las leyes
y a la institucionalidad.
La decisión da paso a la fase pública
de las audiencias para determinar si el mandatario traicionó el
juramento a su cargo al condicionar un paquete de ayuda militar a
Ucrania a cambio de que la fiscalía de que este país investigara y
acusara por corrupción a Hunter Biden, hijo del ex vicepresidente y
aspirante presidencial demócrata Joe Biden.
Los republicanos controlan el Senado, instancia que se erige en tribunal durante un procedimiento de impeachment,
lo que augura que el magnate se mantendrá en el cargo por lo menos
hasta el final de su periodo. El equipo de Trump trata de morigerar los
daños que el juicio puede hacer sobre su figura y credibilidad xde cara a
la reelección, y se centra en evitar que las revelaciones acerca de los
actos ilícitos del presidente y sus colaboradores.
Con este
fin, señalan analistas de Washington, el trumpismo emprendió una
peligrosa escalada en su desmantelamiento de la institucionalidad y la
instalación de un clima de censura contra toda voz crítica. La
secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, tildó al
inicio del juicio político de injusto, inconstitucional y
fundamentalmente antiestadounidense, en un retorno al macartismo de la
década de 1950, la oscura época cuando bastaba con recibir la acusación
de antiestadounidense para que la vida de un ciudadano se viera
destruida.
Trump apeló a su cinismo al llamar al procedimiento
legal como la mayor caza de brujas en la historia del país, usando la
misma terminología de la histeria anticomunista que en los años 50 se
adelantara de la mano del senador republicano Joseph Raymond McCarthy,
quien lanzaba acusaciones de antiestadunidense y comunista a los
ciudadanos que disentían del modelo político y económico y su política
exterior belicista y neocolonial.
Después de poco más de un mes
de investigaciones a puerta cerrada encabezadas por tres comités de la
cámara baja, los demócratas confían en que ya cuentan con suficiente
evidencia para proceder hacia el impeachment de Trump por abuso
de poder al presionar a un gobierno extranjero (en este caso el de
Ucrania) para investigar a sus contrincantes políticos estadounidenses, y
con ello invitar a la interferencia exterior en los comicios
estadounidenses de 2020. También podría ser acusado de obstrucción de la
justicia.
La resolución establece que el Comité de Inteligencia
realizará las audiencias públicas –algunas con los mismos testigos que
ya comparecieron en privado–, que arrancarán alrededor de la semana del
11 de noviembre y transmitirá sus conclusiones en un reporte público que
entregará al Comité Judicial, instancia donde los abogados que
representarán al presidente podrán intervenir en los interrogatorios y
hasta convocar testigos en las audiencias.
El Comité Judicial será el encargado de formular los cargos que podrían ameritar su destitución, conocidos como “artículos de impeachment”. Si el pleno de la cámara baja aprueba estos artículos, como por ahora se anticipa, el presidente será considerado impeached, lo que implica
que fue formalmente acusado, no destituido. La destitución depende del
Senado, el cual al recibir los cargos aprobados por la cámara baja
sesionará como un tribunal presidido por el jefe de la Suprema Corte.
En
ese juicio los senadores esencialmente cumplen el papel de un jurado y
al final se requiere una mayoría de dos tercios para destituir al
presidente, algo que por ahora nadie apuesta sucederá en la cámara alta,
controlada por mayoría republicana.La presidenta de la cámara baja
Nancy Pelosi resaltó que lo que se votó no fue el impeachment en
sí, sino las reglas del juego para la fase pública de la investigación
de Trump, para determinar si se procede hacia el juicio.
Ante los incesantes ataques de los aliados de Trump descalificando todo el proceso, Pelosi declaró que
“no sé por qué los republicanos temen la verdad”, “todo miembro debería apoyar que el pueblo estadounidense escuche los hechos… De eso se trata este voto. De la verdad, y lo que está en juego en todo esto es nada menos que nuestra democracia”.
Las
investigaciones a puerta cerrada de los tres comités continuaron ayer,
donde este día compareció el asesor sobre Rusia y Europa del Consejo de
Seguridad Nacional, Timothy Morrison, quien corroboró versiones de otros
diplomáticos, incluyendo el del embajador interino en Kiev, en torno a
la existencia de un quid pro quo –de solicitar el anuncio de una
investigación contra los demócratas a cambio de asistencia militar– de
Trump en la relación con el gobierno ucranio. Morrison, el primer
testigo que fue nombrado en su puesto por Trump, anunció ayer que estaba
renunciando sin mayor explicación.
La investigación cámara baja
contra el presidente ha procedido relativamente rápido, con las
declaraciones de más de una docena de testigos: diplomáticos de alto
rango y asesores de la Casa Blanca y la suma de documentos oficiales que
sugieren que Trump empleó las palancas de su puesto y operadores no
oficiales (como Rudolph Giuliani, su abogado personal) para intentar que
el gobierno de Ucrania le hiciera
el favorde anunciar investigaciones contra demócratas con fines electorales personales.
Economista
del Observatorio de Estudios Macroeconómicos (Nueva York), Analista de
temas de EEUU y Europa, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis
Estratégico (CLAE, estrategia.la)
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