Los países y organismos financieros están
obligados a destinar recursos para atender el fenómeno en naciones de
acogida, se advirtió en cumbre
▲ Mark Manly, Betilde Muñoz y Alejandro Encinas en la segunda reunión
anual del Marco Integral Regional para la Protección y Soluciones, ayer
en la Secretaría de Gobernacion.
La crisis de desplazados y refugiados en América Central
continuará al alza, lo que obliga a las naciones y a los organismos
financieros a programar recursos para su atención e integración en los
países de acogida, se advirtió en la cumbre del Marco Integral Regional
para la Protección y Soluciones (Mirps), realizada en la Secretaría de
Gobernación (SG).
Kelly T. Clements, alta comisionada adjunta de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), advirtió de una
trágica tendenciade aumento en el lustro más reciente y niveles de desesperación de los desplazados en el mundo, incluidas 387 mil personas originarias de América Central a quienes, sostuvo, no les queda más opción que salir de sus países o morir en ellos.
Mencionó que no conocía la realidad de esta región
hasta que visité México, Honduras y Guatemala. De verdad me impresionó la desesperación de quienes escapan de la violencia y la persecución, así como las historias de los que no tienen nada, salvo lo que pueden cargar en su espalda.
También alertó del recrudecimiento de la inseguridad para los
migrantes cada vez que se refuerzan las políticas fronterizas, pues con
frecuencia emprenden viajes muy peligrosos y sufren abusos y persecución
en manos de traficantes de personas.
Precisó que a diferencia de lo que ocurría hace un año, hoy la gente
ya no avanza en caravanas sino en grupos más pequeños, lo que es más
peligroso para ellos.
En tanto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, subrayó que familias enteras huyen de sus lugares de origen:
La nueva oleada de movilidad humana que enfrentamos hoy día tiene características muy complejas: se trata de flujos mixtos, de movimientos de población con un origen multicausal, que abarca desde causas fundamentalmente económicas hasta relacionadas con la violencia perpetrada por organizaciones del crimen trasnacional del que huyen crecientemente familias enteras. La funcionaria mencionó la sugerencia de la Acnur de atender las causas del desplazamiento forzado y reforzar la cooperación entre naciones.
El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la SG,
Alejandro Encinas, sostuvo que esta crisis de desplazamiento forzado,
particularmente de Centroamérica, significa mayor recepción de personas
en México. Para hacer frente a ello se necesita un nuevo paradigma, es
decir, otra perspectiva para integrar a los migrantes y un plan de
desarrollo integral de la región.
Tan sólo este año, precisó, la Comisión Mexicana de Ayuda a
Refugiados ha recibido 62 mil 300 solicitudes, todas vinculadas a la
violencia e inseguridad en los países expulsores.
Betilde Muñoz-Pogossian, directora del Departamento de Inclusión
Social de la Organización de Estados Americanos, aseveró que El
Salvador, Guatemala, Honduras y México ocuparon en 2018 del séptimo al
décimo lugar en la lista de los 10 principales países de origen de
nuevos movimientos de refugiados y solicitantes de asilo en el mundo.
Los 387 mil refugiados y solicitantes de asilo originarios de
Centroamérica significan un aumento de 78 por ciento respecto de la
tendencia de 2017 y de mil 700 por ciento comparado con la de 2012.
El Mirps está integrado por siete naciones: México, Belice, Costa
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá, en seguimiento a
distintos planes firmados desde 2014 y en acuerdo con el Pacto Mundial
sobre los Refugiados, adoptado por la Asamblea General de las Naciones
Unidas en 2018.
La Declaración de la Ciudad de México sobre protección internacional, responsabilidad compartida y acciones de solidaridad regional
señala como primer punto la preocupación ante el creciente número de
personas en situación de vulnerabilidad, como niños y adolescentes no
acompañados y separados; grupos familiares, víctimas de violencia sexual
y de género, personas Lgbti y víctimas de trata; mujeres, pueblos
indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad, mayores y
apátridas, entre otros.
Los países firmantes se comprometieron a impulsar una respuesta
coordinada, al tiempo de buscar inversiones y apoyo financiero
internacional para la prevención, protección y asistencia inmediata de
los afectados.
Foto Yazmín Ortega Cortés
Ana Langner y Fabiola Martínez
Periódico La Jornada
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