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El
Gobierno del presidente estadounidense Donald Trump busca desarrollar
en 2020 dos bases de datos genéticos en México con registros de
criminales, escenas del crimen y personas identificadas como tratantes
de personas, también llamadas “polleros”, de acuerdo con el diario Milenio.
La
primera base de datos genéticos es parte del “programa forense” de la
Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de
Justicia, en conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), con
muestras de ADN tomadas a delincuentes; que además se complementará a
través de cinco fiscalías estatales, la de Chihuahua, Chiapas,
Guanajuato, Puebla y Yucatán. Una base de datos similar se intentó
desarrollar como parte de la Plataforma México durante el sexenio de
Felipe Calderón, sin embargo, el proyecto no tuvo continuación en la
administración del expresidente Peña Nieto.
El segundo proyecto
tiene como objetivo financiar, con 8 millones de dólares, la creación de
bases de datos genéticos en México, Honduras, Guatemala y El Salvador,
con el objetivo de identificar a los “polleros” que operan en la región.
Las
distintas bases de datos genéticos pueden enmarcarse en una serie de
estrategias del Gobierno estadounidense para aumentar el flujo de
información sobre la “delincuencia transnacional”, como reportó Privacy International (PI) en 2019,
aunque también puede estar vinculado con la intención de tener un mayor
intercambio de información biométrica sobre las personas que cruzan las
fronteras del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos.
En
el reporte, PI previó el aumento de la exportación, procesamiento e
intercambio de datos biométricos, como parte del esfuerzo de Trump para
combatir los “desplazamientos terroristas” y “potenciar el proceso de
control de viajeros, la recolección de datos, el análisis y el
intercambio de datos, incluyendo los datos biométricos y de otra índole
de los viajeros”.
Además, estas bases de datos podrían alimentarse
de los perfiles genéticos de millones de personas que solicitan asilo o
que son detenidas por ingresar de forma irregular a EE.UU. y cuyo ADN busca obtener el Gobierno de Donald Trump.
El
manejo de bases de datos biométricos supone un gran riesgo para la
privacidad de las personas y en el caso de México no existen garantías
de que la recolección de la información genética se haga bajo controles
democráticos y sin violar los derechos humanos.
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