Entrevista a Catalina Oquendo, periodista colombiana
Por Carla Perelló, de la redacción de NODAL
Las alertas por la presencia de paramilitares en la zona del Pacífico
colombiano no son nuevas. Por parte de la Defensoría del Pueblo hubo,
al menos, 14 llamados y la situación se agravó día a día con amenazas
directas a la población de Bojayá y a líderes y lideresas sociales. La
respuesta por parte del gobierno de Iván Duque, hasta ahora, ha constado
en sumar más militares a la zona. Las y los pobladores, en tanto,
insisten en avanzar en los acuerdos de paz. En entrevista con NODAL,
Catalina Oquendo, periodista colombiana hace un repaso sobre el
escenario actual.
En el último tiempo resurgieron fuertemente las noticias
sobre paramilitares en Colombia, en el departamento del Chocó,
específicamente en el municipio de Bojayá, aunque desde hace tiempo
organismos y líderes sociales advertían sobre la inminencia de un nuevo
conflicto allí. ¿Podría caracterizar qué sucede, si se sabe quiénes son
estos paramilitares y por qué están en esa zona?
Desde 2018 ya se venían haciendo alertas sobre la situación en esa
zona que es el Pacífico colombiano, en la región del Chocó, que tiene
una biodiversidad impresionante, recursos, pero al mismo tiempo
históricamente ha sido muy azotada por el conflicto. Allí, el 2 de mayo
de 2002, hubo una masacre donde murieron un centenar de personas cuando
hubo un enfrentamiento entre las FARC y los paramilitares llamados
Autodefensas Unidas de Colombia. El año pasado, después de 17 años, les
hicieron la entrega oficial de los restos y en ese momento la comunidad
alertó por la inminencia de una masacre parecida. La comunidad denuncia
que está muy asustada porque puede llegar a haber enfrentamientos del
mismo estilo entre nuevos paramilitares, llamados Autodefensas
Gaitanistas de Colombia, y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). La
Defensoría del Pueblo, que es la entidad que se preocupa y defiende a
las comunidades acá, ha hecho 14 alertas tempranas. Eso es un mecanismo
para advertirle al gobierno que tiene que tomar acciones cuando hay un
riesgo inminente para una población. Catorce alertas y ninguna ha tenido
una respuesta. Muchas veces lo que hace el gobierno es enviar más
tropas a esa zona, pero el problema también radica en que la comunidad
denuncia que hay connivencia entre los paramilitares y el Ejército,
realmente están atrapados en esa situación.
La razón por la que están en esa zona, entre otras cosas, es porque
es un corredor estratégico para narcotráfico, es una zona biodiversa, es
una zona de interés para la minería, los megaproyectos y la minería
ilegal. Hace muchos años hay presencia de mineros ilegales brasileños en
esa zona. Lo que dice la comunidad es que ellos tuvieron un año y medio
de paz, en el que pensaron que todo iba a salir bien después de la
firma de los Acuerdos de Paz. Por ese tiempo sucedieron dos cosas
inéditas. Una es que las FARC fueron a ofrecerle perdón público por la
masacre a la comunidad y durante el plebiscito a pesar de que lo que
sufrieron en esa zona toda la comunidad votó por el Sí a la paz en el
referéndum de octubre de 2016. Entonces, fue un año y medio de paz y
tranquilidad, pero con el nuevo gobierno y las medidas que tomó de no
implementar el Acuerdo y de continuar con el acuerdo con el ELN,
empezaron a volver a sentir la situación complicada.
Duque ha manifestado que el principal problema de Colombia es
el narcotráfico, ¿qué vínculos existen con este conflicto y los
paramilitares? ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno ante esta
situación (en Chocó)?
Efectivamente es un problema que viene de larga data, pero ubicarlo
como el principal problema de Colombia es estar en contra del relato del
gobierno anterior, el de Juan Manuel Santos. Él eliminó la fumigación
aérea, incluyó el punto del narcotráfico en el acuerdo de paz y tomó una
serie de decisiones encaminadas y durante los últimos años planteó que
realmente había que pensarse el tema de la legalización. Este gobierno
tiene una posición absolutamente distinta. Este año está en discusión el
retorno del glifosato para la aspersión aérea en las zonas de cultivos
ilegales y, obviamente, habla de que el gobierno de Santos dejó un
incremento en las hectáreas de coca, lo cual es parcialmente cierto,
porque después del Acuerdo el Estado no llegó directamente a reemplazar
los cultivos ilícitos en algunas regiones del país y obviamente los
grupos armados sí lo hicieron. Los vínculos con este conflicto y los
paramilitares son todo. Siempre ha habido mucha relación entre el
paramilitarismo y el narcotráfico, también con la guerrilla. Hoy no sólo
tenemos a las Autodefensas Gaitanistas, grupos paramilitares que están
absolutamente ligados al narcotráfico, también las disidencias de las
FARC que no se desarmaron o que empezaron el proceso y luego lo
abandonaron para crear grupos que también están ligados al narcotráfico;
y el ELN que también ha tenido esa vinculación, por eso la situación es
compleja.
Las manifestaciones desatadas en noviembre en contra del
gobierno entre sus múltiples reclamos también exigían el cumplimiento de
los acuerdos de paz algo a lo que Duque se ha manifestado reticente.
¿En qué estado se encuentran? ¿De qué manera colaboraría a afrontar la
situación paramilitar actual?
El gobierno a pesar de que durante la campaña dijo que haría trizas
el Acuerdo, lo que se encontró al llegar a la administración es que está
muy blindado desde la comunidad internacional y que, por lo tanto, hay
una serie de actores que tienen que mantenerse. En este caso los
embajadores que han apoyado el proceso han sido claves para que se
mantenga. Entonces, el proceso se mantiene, la gran mayoría de los
reincorporados siguen en el proceso, pero con muchísimas trabas. Aunque,
ahora el gobierno cambió el enfoque y habla de ilegalidad. Ha habido
asesinato de desmovilizados, de excombatientes y muchísimos asesinatos
de líderes sociales. Y esto se lee como una consecuencia directa de no
implementar decididamente el Acuerdo de Paz. Creo que este año va a ser
clave para que sepamos si lo van a mantener o no. Lo que es importante
en la coyuntura de Bojayá es que cuando Iván Duque asume la presidencia,
las negociaciones con el ELN ya estaban avanzadas, hasta que en febrero
del año pasado el ELN hace un atentado terrorista en Bogotá contra una
escuela de cadetes de policías y lleva a que el gobierno con Duque ya en
el gobierno decida cancelar esos acuerdos. También ha habido una
discusión de política exterior bastante tirante con Cuba, porque varios
de los negociadores permanecen allí. Y las comunidades lo que piden es
que por favor se mantenga ese acuerdo y que vuelvan a intentar sentarse
con el ELN porque es clave en esas regiones, porque el ELN ha ido
creciendo.
Entonces, por un lado, la situación del Acuerdo de Paz con las FARC
anda, pero con dificultad. Y los acercamientos con el ELN se han cerrado
completamente y eso está perjudicando directamente a las comunidades en
la zona. La misión de paz de la ONU entregó un informe que dice que va
de manera óptima, pero en detalle cuando lo miras ves una serie de
problemas, mientras el gobierno dice que excombatientes y disidencias se
matan entre ellos. Hay una exigencia desde las marchas que hubo el año
pasado de que se implemente el Acuerdo de paz y en algunos casos que se
vuelva a negociar con el ELN, aunque ahora están paradas el 21 de este
año se reúne el Comité del Paro y se verá qué proponen para este año.
Sí creo que este año va a ser clave para el proceso de paz con las
FARC y para ver en qué termina el del ELN, aunque honestamente no veo
que haya mucha voluntad del gobierno de llevarlo adelante, entre otras
razones porque el ELN ha reaccionado con actos terroristas que en la
ciudad generan mucho impacto. No es que tenga la fuerza que tuvieron las
FARC en otra época, no son tantos, pero sí están en las regiones
fronterizas y están afectados a las comunidades más alejadas de los
cascos urbanos. El ELN tiene otra forma de actuar también, pero están
efectivamente arrinconando a las comunidades en las zonas rurales junto
con los paramilitares.
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