Pablo Álvarez
El
presidente electo, Luis Lacalle Pou, compartió hace una semana por
redes sociales el anteproyecto de una Ley de Urgencia que fue anunciada
durante la campaña electoral y de la que hasta ahora no se conocía su
contenido. La primer pregunta a realizarse es por qué una ley tan
importante no fue presentada durante la campaña electoral; a la luz del
actual anteproyecto la respuesta parece reafirmar lo que podía
suponerse: el contenido de la misma presenta aspectos críticos que
podrían haber incidido directamente sobre el resultado electoral, por lo
que hay que reconocer la acertada estrategia de la coalición de
derechas de esconder el proyecto.
Lo segundo que se hace
inevitable es considerar cuánto de lo que esta Ley de Urgente
Consideración (LUC) presentada, tal como se la conoce, es realmente
urgente. Para ello tenemos que conocer qué implica un carácter de
urgencia. Una LUC es un instrumento privativo del Poder Ejecutivo tal
como se señala en los artículos 160º y 168º numeral 7 de la Constitución
de la República. Dicha declaración de urgente consideración establece
que el proyecto enviado al Poder Legislativo debe ser tratado en un
plazo acotado de tiempo (no más de 90 días) y que, de no ser rechazada o
que no se apruebe un proyecto sustitutivo, se da por aprobado el
proyecto enviado inicialmente. Por lo tanto, este instrumento no sólo
acota considerablemente el tiempo de análisis legislativo y social del
proyecto sino que el tiempo corre a favor del proyecto original, de
forma que el no acuerdo al interior del Legislativo consagra la posición
del Poder Ejecutivo.
Esto nos obliga a pensar entonces cuáles son
los temas que, efectivamente, ameritan un recorte drástico del tiempo
de análisis y por tanto de tiempo democrático como para que sea usado el
instrumento de urgente consideración.
El anteproyecto
El
anteproyecto difundido consta de 457 artículos, organizado en 10
secciones que responden cada una de ellas a grandes áreas temáticas:
Seguridad Pública, Inteligencia, Educación, Economía y Empresas
Públicas, Eficiencia del Estado, Sector Agropecuario, Relaciones
Laborales y Seguridad Social, Desarrollo Social y Salud, Emergencia en
Vivienda y Otras disposiciones (Libre Circulación, Portablidad numérica y
adecuación de Ley de Medios.
Es evidente que el Gobierno electo
considera urgente estos artículos; lo que no es tan evidente es que la
mayoría de ellos no necesiten un tratamiento de urgente consideración,
aún intentando pensar en con la lógica del futuro Gobierno. Una ley tan
amplia en contenidos y tan extensa en el número de artículos choca
frontalmente con las limitaciones de tiempo que dicho instrumento
impone. Lo que lleva, sin duda, a presumir que el futuro Gobierno
pretende resolver de esta forma no solamente el debate con la futura
oposición sino también las disidencias que se puedan expresar al
interior de la propia coalición de derechas, que ya ha comenzado a
visibilizar fisuras.
El análisis del anteproyecto amerita un
estudio detenido de cada capítulo y de cada artículo, pero es notorio el
“espíritu” general, si es que las leyes lo tienen.
Neoliberalismo del siglo XXI
El
contenido general del anteproyecto es una adecuación de la agenda de
los partidos tradicionales de derecha durante los años ’90, durante la
primera generación de reformas en el marco del Consenso de Washington[1].
Las
bases principales son políticas de seguridad basadas en el aumento de
penas y en la flexibilización de la responsabilidad de los funcionarios
de seguridad ante el uso de la violencia, así como la criminalización de
la protesta social; pero el anteproyecto también promueve la
liberalización en materia económica, achicamiento del Estado,
desregulación laboral, fortalecimiento de los empleadores frente a los
trabajadores, y atención a diferentes demandas de grandes empresas y
sectores económicos.
Para el delito y la protesta, más dureza
En
materia de represión se proponen incrementos de pena para el delito de
violación, entre otros, así como la modificación respecto del
tratamiento de los delitos cometidos por las personas menores de edad.
Extiende para la legítima defensa aquello que se consideran
“dependencias de la casa”: balcones, azoteas, garajes, barbacoas, etc. y
la extiende también a establecimientos que realicen actividad agraria.
Asimismo, se exime de responsabilidad penal a policías y militares en
caso de delitos que puedan haberse cometido dentro de este nuevo modo de
entender la “legítima defensa”; esto es, se pretende legalizar el
“gatillo fácil”.
En lo que refiere a la preparación para la
represión social se declaran ilegítimos los piquetes y se faculta el uso
de la fuerza para su disolución; se habilita la detención por
“apariencia delictiva”, reafirmando la estigmatización social, se agrega
al Código Penal el “agravio a la autoridad policial”, que comprende la
obstaculización, el menosprecio, la ofensa, el agravio, entro otros, que
pueden dar lugar de 3 a 12 meses de prisión.
Por otra parte,
restringe el derecho de huelga y habilita al Poder Ejecutivo a imponer
restricciones a dichas medidas. Cabe recordar que la vulneración del del
derecho de huelga es algo que ya había sido parte de la agenda de los
’90 cuando el Partido Nacional gobernó por última vez. Es claramente un
signo ideológico del nuevo Gobierno.
Por último, se incorpora la
habilitación del derribo de aviones, algo que el futuro presidente ha
estado insistiendo desde hace bastante tiempo y que el anteproyecto deja
en su poder la última orden para realizarlo.
Educación
El
capítulo de educación es uno de los más extensos, pero no todos sus
artículos son sustantivos. Uno de los aspectos más relevantes tiene que
ver con la concentración en órganos unipersonales la dirección de los
subsistemas educativos (Primaria, Secundaria y Técnica) que hasta ahora
eran dirigidos por consejos colectivos de tres miembros; junto a ello
propone la eliminación de la participación de los docentes electos por
sus pares en dichos consejos. Los consejos desconcentrados pasarían a
ser direcciones generales.
Otro cambio tiene que ver con una
modificación a la Ley Orgánica de la Universidad en cuanto a la
validación de títulos extranjeros, pasando esto a la órbita del
Ministerio de Educación y Cultura, así como la eliminación de la
Universidad de la República de algunos ámbitos como el referido a la
educación no formal. Esto se debe entender en un sentido más general,
que apunta a fortalecer el papel del Ministerio de Educación y Cultura
en materia educativa, contrariando una larga tradición autonomista del
sistema de educación público en el país.
Inclusión Financiera, guiño a Un Solo Uruguay
Desde el año 2018, los días 23 de enero el movimiento denominado Un Solo Uruguay[2]
-que reúne fundamentalmente a sectores vinculados a la actividad
agropecuaria- realiza un acto público. Si bien su primer actividad contó
con todo el apoyo de los grandes medios de comunicación, incluida su
transmisión en vivo para volverlo una megamovilización contra el
Gobierno, la participación real no fue tan importante y año a año ha
disminuido. Entre los tantos reclamos que han esgrimido, uno de ellos
fue el intento de derogar la Ley de Inclusión Financiera. El
anteproyecto presentado por la coalición de derechas incorpora varias de
estas demandas y es una de las razones por las quE se puede interpretar
que la LUC se haya publicado dos días antes de dicho acto, para dar
señales y recoger aplausos[3]. Muchos artículos de la LUC se vinculan a los reclamos que Un Solo Uruguay viene realizando desde hace años.
En
esta materia algunos de los aspectos más relevantes tiene que ver con
la habilitación al pago de salarios en efectivo y ya no por tarjeta
bancaria, lo cual expone al trabajador a una negociación frente al
patrón que lo vuelve a colocar frente a las estrategias de evasión
históricas por parte de los empleadores. También se habilita a que el
Estado pague a sus proveedores en efectivo -otra medida reclamada por
los sectores del poder económico concentrado-, lo que implica un
retroceso en materia transparencia.[4]
Achicar y desmonopolizar el Estado
Se
propone también el fin del monopolio de la Administración Nacional de
Combustibles, Alcohol y Portland (Ancap) en lo referente a la “gestión
de la importación, exportación y refinación de petróleo crudo y
derivados”. Esta es otra clara señal de aquella primer ola neoliberal
que quedó inconclusa, entre otras cosas porque el pueblo uruguayo votó
por más del 70% la defensa de sus empresas públicas. El Partido Nacional
-y en particular el sector del presidente electo- ha sido
históricamente abanderado de las propuestas liberales de
desmantelamiento de empresas públicas. Sin embargo, sectores del Partido
Colorado no lo han sido tanto. Puede que este sea uno de los tantos
posibles frentes internos de la coalición.
También se propone
crear el Ministerio de Medio Ambiente y Agua, asumiendo potestades que
hoy están dentro del Ministerio de Vivienda y Medio Ambiente.
En
cuanto al Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los cambios
propuestos en la LUC eliminan lo referido a “implementar, ejecutar y
coordinar Programas de Atención a la Emergencia Social, mediante la
cobertura de necesidades básicas a quienes se hallan en situación de
indigencia y de extrema pobreza”. El Mides ha sido uno de los grandes
frentes de crítica de la coalición de derechas hacia las políticas
progresistas implementadas por el Frente Amplio, y debe recordarse que
en el documento de acuerdos de la coalición, la política planteada por
enfrentar la pobreza era “la esperanza”.
Otro aspecto
significativo de la LUC es lo que concierne a las modificaciones sobre
el Instituto Nacional de Colonización (INC). Los cambios propuestos a la
normativa vigente habilitan que se puedan asignar tierras del Instituto
a personas que no vivan en dichas tierras, algo que contradice la idea
central de la normativa, que es justamente asegurar la posibilidad del
afincamiento rural y combatir el despoblamiento del medio rural. No se
puede olvidar que quien será secretario de la Presidencia del Gobierno
electo -Álvaro Delgado- ha estando utilizando tierras de dicho instituto
sin cumplir con varios de los requisitos, entre ellos el de residir en
ellas y su no explotación[5]. Por
otra parte se desafectan 150.000 hectáreas (el INC cuenta actualmente
con 610 mil hectáreas) que hoy están en manos del Estado, que pasarán a
ser mercantilizadas, favoreciendo el proceso de concentración de la
tierra. Otros artículos planteados tienden a volver a la opacidad el
régimen de propiedad de tierras.
Los medios son amigos
El
próximo Gobierno tendrá a su favor toda la agenda de los medios
hegemónicos de comunicación, por lo que era obvio que se incorporaran en
la LUC modificaciones a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual
(SCA).
El artículo 457 del anteproyecto de LUC, que es el último
artículo planteado, establece la derogación de ocho disposiciones de la
Ley de SCA. Esos artículos son los que han sido declarado
inconstitucionales. Estas derogaciones van claramente dirigidas a
favorecer a las grandes empresas de comunicación. Por ejemplo, se deroga
la imposibilidad de que las empresas que presten servicios de
comunicación no puedan incorporarse al mercado de servicios de
telecomunicación. Medidas similares en otros países han generado un
aumento en la desigualdad de acceso a los diferentes servicios de
comunicación.
Otro de los artículos derogados establecía la
preferencia de los servicios públicos por sobre los privados a la hora
de asignar canales radioeléctricos, ubicaciones de estaciones y otras
infraestructuras necesarias. Se deroga también la obligatoriedad de que
las empresas operadoras de cable incluyan a la Televisión Nacional en
sus paquetes de canales.
Comentarios finales y urgentes
La
cantidad de artículos y temas que la LUC contempla sin duda extiende
los conflictos a varios frentes. Sin duda, los aspectos centrales que
pueden generar mayor rechazo social son los que están dirigidos a
cercenar derechos laborales y desregulación, y los que preparan los
dispositivos represivos para combatir la protesta social. Incorpora
también este anteproyecto medidas destinadas a satisfacer demandas de
las grandes empresas de telecomunicación, como la portabilidad numérica.
Si
bien ya se habla de la posibilidad de iniciar el proceso de referendum,
esa estrategia no sólo debe esperar formalmente la aprobación de LUC
sino que supone un debate de la estrategia general dentro del espacio
político y social. También el Frente Amplio, como único partido de
oposición a partir del 1º de marzo, tendrá que valorar el tipo de
oposición que ejercerá, y eso será sin duda parte del proceso de
valoración y autocrítica en el que el Frente Amplio entrará luego de
pasadas las elecciones departamentales y municipales de mayo.
Queda
claro que las derechas no escatimarán medidas o recursos para favorecer
a aquellos que forman parte de sus bases sociales, económicas e
ideológicas. Todo parece indicar que tendremos un Gobierno que
televisará el minuto a minuto del presidente, y que su agenda será
también la de los medios. ¿Se reducirá el tiempo extremadamente
generoso que actualmente los medios destinan a las noticias policiales?
No
obstante, dentro de las propias filas de la coalición las cosas no
serán tan fáciles y es de esperarse que luego de pasada la votación de
la LUC, así como la preparación y envío de la Ley de Presupuesto después
de julio, la interna de la coalición de derechas tienda a fragmentarse y
debilitar al Gobierno, como históricamente ha pasado en los anteriores
gobiernos coaligados de los partidos tradicionales.
El primer paso
del próximo Gobierno ha dejado un claro mensaje de lo que espera: no
confía en su propia agenda para sostener el histórico crecimiento del
salario y los avances en derechos de los últimos años, y ha sentado las
bases para contentar a sus aliados estratégicos y organizar la
represión.
[1]“Los resultados
comiciales [del año 1989] impulsaron así una nueva agenda reformista de
corte netamente liberal, dominada por temas como la reducción del
déficit fiscal como camino prioritario para abatir la inflación, una
fuerte apertura de la economía, la desregulación del mercado laboral, la
reforma del Estado a través del instrumento de las privatizaciones, el
otorgamiento de mayores espacios para la iniciativa privada y para que
el mercado se convirtiera en el gran asignador de costos y beneficios,
etcétera. En realidad se trataba de la llegada al Uruguay de las
reformas de primera generación del llamado Consenso de Washington,
inherentes a la interpretación dada por los organismos financieros
internacionales a la nueva etapa del nuevo capitalismo globalizador.”
CAETANO, Gerardo . “Introducción general.Marco histórico y cambio
político en dos décadas de democracia. De la transición democrática al
gobierno de izquierda” en G. Caetano (comp.).20 años de democracia.
Uruguay 1985-2005:miradas múltiples. Taurus, Montevideo, 2005.Páginas 19
– 48.
[3]“Muchos
se preguntarán a qué venimos a Durazno,.. qué íbamos a reclamar si
todavía no había asumido. La respuesta es clara… no venimos a reclamar
nada al nuevo Gobierno”. http://unsolouruguay.uy/proclamas/
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