Luis Alberto Arce Catacora*
Sin lugar a dudas,
desde el punto de vista macroeconómico una de las variables de las que
más se hace seguimiento es el denominado déficit fiscal, que en términos
sencillos es la diferencia entre los ingresos que percibe un Estado
menos sus gastos efectuados en una gestión.
En el pasado de la economía boliviana no era extraño que este
indicador fuera negativo, vale decir que los gastos (tanto de inversión
pública como gasto corriente) superen a los ingresos. Tuvieron que pasar
muchos años y la aplicación del modelo económico social comunitario
productivo que desplazó en 2006 al viejo modelo neoliberal, para poder
observar primero un superávit y segundo verlo por ocho años seguidos,
como se logró entre los años 2006 y 2013, es decir durante todos estos
ocho años los ingresos superaron a los egresos del Estado. En 2005 fue
el superávit más alto con 4.5 por ciento del producto interno bruto
(PIB).
Evidentemente, desde 2014 se observan déficits fiscales que han
generado polémica entre analistas y organismos internacionales como el
Fondo Monetario Internacional (FMI). Lo rescatable de esta situación es
que, contrariamente con lo que sucedía durante el periodo neoliberal,
ese déficit se debía fundamentalmente a una mayor inversión pública
(construcción de carreteras, puentes, teleférico, satélite, proyectos
productivos y empresas públicas, entre otros) que gasto corriente (pagos
por compra de bienes y servicios para el Estado, sueldos y salarios,
rentas, etcétera). Sin embargo, durante todo este periodo se observa una
tendencia creciente en la recaudación de impuestos y en la renta
aduanera, que cubrían en su totalidad los gastos corrientes y cuyo
excedente se dirigía a financiar gran parte de la inversión pública.
Esta situación es muy importante subrayarla porque un déficit de esta
naturaleza, es decir que proviene de una mayor inversión pública antes
que de un incremento insostenible de gasto corriente, es temporal y
únicamente dura hasta en tanto y en cuanto se efectúa la inversión
correspondiente.
El año 2018 fue la excepción, por lo que el Ministerio de Economía
extremó esfuerzos para reducir el déficit en la gestión de 2019. En
efecto, en la última reunión celebrada del Grupo Macro que me tocó
presidir el 8 de noviembre del año pasado, el resultado observado del
déficit fiscal del sector público al 5 de noviembre de ese año fue muy
auspicioso, pues apenas llegó a 5.1 por ciento del PIB muy inferior al
8.1 por ciento observado en 2018. La estrategia utilizada para ello se
fundamentó básicamente en controlar el gasto corriente, pero de ninguna
manera en reducir la inversión pública la cual tiene un efecto favorable
importante en el crecimiento económico del país.
El gobierno de facto heredó, por tanto, cifras con
tendencias muy favorables para la macroeconomía del país y las cuentas
fiscales, en las que se registraba la reversión de la tendencia al
aumento de déficit fiscal, mostrando la inflexión de la misma hacia un
déficit menor al registrado en 2018, aspecto que una vez más demuestra
el sesgo exclusivamente político cuando se hace referencia a un supuesto
derrochede recursos estatales durante la administración de Evo Morales.
A esta altura, la gran pregunta es ¿cómo estará el déficit fiscal al
cierre de 2019? Por todo lo mencionado en un artículo anterior,
especialmente al incremento de gastos no programados, es de esperarse
que el déficit registrado al 5 de noviembre sea más alto, no sólo porque
no se hizo todo lo posible por aumentar los ingresos tributarios, sino
porque, al contrario, se relajó la recaudación para pagar facturas
políticas, además también se relajaron otros ingresos en detrimento de
los intereses públicos.
Por tanto, nada raro sería que en los próximos meses se tomen medidas para continuar pagando facturas con
perdones tributarios, condonaciones, reprogramaciones y otros relativos a impuestos y aranceles. En la línea claramente neoliberal que quieren ocultar a la población.
Adicionalmente, la política que dio resultado en reducir el déficit
fue el recorte del gasto corriente, no de la inversión pública. Pero por
los indicadores monetarios y la ralentización de la economía en los
meses recientes, se puede inferir que, bajo este gobierno de facto,
se redujo la inversión pública, aspecto que lesiona varios sectores
afectando el ritmo del crecimiento económico del país, porque les guste o
no, está comprobado econométricamente la incidencia de la inversión
pública en el crecimiento económico boliviano.
En consecuencia, si este gobierno decide reducir la inversión pública
para equilibrar sus finanzas, no habrá el crecimiento económico
necesario.
* Ex ministro de Economía del gobierno del presidente boliviano Evo Morales
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