Carcaj
Pareciera ser que, tras
30 años de procesos electorales mayoritariamente secuestrados por la
gobernanza neoliberal transitológica, el voto en Chile ha vuelto a
aparecer como una coyuntura importante para las fuerzas transformadoras.
No sólo parlamentarios se han visto forzados a responder ante un pueblo
que ya no es indiferente por las opciones que han tomado desde el 18 de
octubre, sino que también la ciudadanía tendrá esta vez la oportunidad
de hacer valer su voto, para una de las elecciones más significativas
desde el fin de la dictadura: aquella donde se definirá la redacción y
el modo de elaboración de una nueva constitución. En este contexto,
resulta interesante pensar la ambigüedad que rodea una de las
discusiones a la orden del día de las últimas semanas, aquella sobre la
reinstauración del voto obligatorio.
Y es que, sin duda, el rechazo
en bloque de la derecha a la iniciativa que buscaba restablecer la
obligatoriedad de la participación electoral parece obsceno cuando se
viste en defensa de supuestas garantías democráticas (las mismas que
brillan por su ausencia cuando se trata de restablecer el orden social
propicio al régimen de acumulación del capitalismo chileno: en Chile, a
nivel político, no existe tal como el liberalismo). Nadie duda que lo
que hoy está en juego para la derecha es la puesta en marcha de una
estrategia que le permita evitar el triunfo de la opción constituyente
y, en un segundo momento, bloquear la inscripción constitucional de los
derechos políticos y sociales anhelados por las fuerzas progresivas.
Sólo le basta para ello alcanzar un tercio de los constituyentes o de
los votantes (tercio que, según lo establecido tras el “acuerdo por la
paz social y la nueva Constitución”, le otorgará el derecho a veto al
interior del mecanismo constituyente y luego la posibilidad de rechazar
la propuesta constitucional elaborada por éste).
Aun así, no deja
de ser problemático el posicionamiento de una buena parte de la
izquierda en favor del restablecimiento del voto obligatorio. Si
tácticamente esta posición se entiende en vistas de las elecciones
constitucionales a realizarse este año (la tendencia general parece en
efecto ser claramente a favor de una nueva constitución por vía de una
“convención” constituyente, y una mayor participación votante puede
asegurarla con más holgura), su realidad fáctica, esencialmente
coercitiva, representa un peligro para el futuro de las luchas sociales.
Bien sabemos que más de 20 años de voto obligatorio durante la
transición, además de inflar artificialmente la autolegitimización del
sistema político imperante, nunca favorecieron la politización de la
población ni dieron lugar para una política popular transformadora. A
largo plazo, más bien, mucho más cierto pareciera que la restricción
de la abstención secuestra la multiplicidad de las subjetividades
políticas bajo el espectáculo estadístico de una población votante,
comprendida por la política eleccionaria. Bien se puede decir que en
tal escenario todavía existe el derecho de anular: no quita que la
potencia de la negación operada por el que se sustrae queda de tal modo
apagada (porque penalizada), y cautiva de las opciones políticas
institucionalizadas que contempla la papeleta.
A pesar de la
oportunidad concreta que representan las elecciones constitucionalistas
venideras, hoy ante todo resulta evidente que en Chile existe una
política popular cuya potencia excede con creces el sistema
jurídico-político del Estado. No podemos olvidar que la rebelión del 18
de octubre comenzó por un llamado a la evasión masiva surgido desde
organizaciones de estudiantes secundarios que, al día de hoy, siguen
privados del derecho a voto, así como que su fuerza ha continuado
amplificándose con el impulso de los mismos, que durante las últimas
semanas pusieron en jaque otro enclave del sistema al llamar a boicotear
un proceso de selección universitaria discriminatorio y clasista. De
igual modo, no podemos olvidar que una acción significativa de estos
mismos secundarios en el ciclo político previo al 18 de octubre, fue la
de comenzar a disputar políticamente el lugar del no-votante (dentro del
que ellos mismos se encontraban por una segregación absurda del sistema
electoral), promoviendo desde el año 2012, principalmente a través de
la ACES, la abstención del voto y el boicot activo a los procesos
eleccionarios regulares. De tal modo se polemizaba por primera vez la
figura espectral del no-votante, sustrayéndola audazmente de la apatía
desinteresada a la que lo relegaba la sociología de matinal.
Evidentemente
habrá que movilizarse y votar en las elecciones constitucionalistas
venideras. Pero ya conocemos las trampas del partido del orden y podemos
ver las estrategias que se perfilan del lado de la reacción: por eso
sabemos que nada está ganado y que una nueva constitución no debe agotar
el proceso político que comenzó con la rebelión del 18 de octubre. Si
hoy existe la opción de ganar posiciones a través de elecciones, de
conquistar a través de ellas una constitución que sea capaz de blindar
la acción y los desafíos del movimiento popular ascendente, la
posibilidad de una conquista de esta magnitud por vía del voto sigue
siendo solo una contingencia, y tenemos que estar preparados para cuando
el peso de la noche vuelva a infiltrarse por las rendijas de esa futura
nueva constitución, por muy progresista que ella resulte.
Hoy
que en Chile se amplía el campo de las subjetividades políticas y que la
fuerza de éstas ha logrado poner en jaque la estabilidad política de la
clase dominante, hoy que se afirma la lucha callejera, que se
multiplican las asambleas territoriales y que se organiza la potencia
popular con autonomía de los aparatos institucionales del Estado, nadie
puede dudar de la efectividad de una posición estratégica promovida y
efectuada desde los márgenes de la política eleccionaria. Sería mezquino
medir esta efectividad por su habilidad para reclutar una masa mayor o
menor de no votantes: su potencia está en la capacidad para remover el
cerco, evadir la frontera higiénica de la acción votante.
Porque
si una cosa ha quedado clara a partir del 18 de octubre, es que nunca
nadie más podrá decir que la gran política es la que se juega entre las
opciones de una papeleta.
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