Editorial La Jornada
▲ El gobierno de facto en Bolivia movilizó al ejército para
patrullar las calles en prevención de los anuncios de sindicatos leales
al ex presidente Evo Morales para llevar a cabo manifestaciones
callejeras.Foto Afp
El miércoles, el Tribunal Constitucional
de Bolivia otorgó una ampliación de mandato a la autoproclamada
presidenta, Jeanine Áñez, así como a los senadores, diputados, alcaldes y
gobernadores cuyos periodos vencen este 22 de enero. Con dicho fallo,
los funcionarios podrán mantenerse en sus cargos hasta la instalación de
un nuevo gobierno tras los comicios que el régimen de facto fijó para el próximo 3 de mayo.
El jueves, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Wilson Santamaría,
anunció la militarización del país con el despliegue permanente de 70
mil elementos del ejército y la policía en las calles de las principales
ciudades. Por su parte, el ministro de Defensa, Luis Fernando López,
sostuvo que la medida estará vigente hasta el viernes 24, una admisión
tácita de que el despliegue tiene como propósito inmediato disuadir y
reprimir cualquier manifestación ciudadana en el contexto del Día del
Estado Plurinacional, que desde 2010 conmemora el 22 de enero el fin de
la República criolla. Esta intención represora –eufemísticamente llamada
prevención de alteracionespor las autoridades golpistas– queda refrendada con el envío de tanquetas y otros vehículos militares a la región de El Chapare, bastión histórico de la resistencia indígena y plaza fuerte del presidente exiliado Evo Morales.
La sincronía entre los actos referidos supone la ratificación del
golpe de Estado del 10 de noviembre, y de que el gobierno instalado
desde entonces en La Paz constituye una dictadura, pese a los malabares
verbales emprendidos por gobiernos de derecha y medios de comunicación
afines para dotar de un barniz de legitimidad al régimen autoritario.
Así fue desde un principio, como muestra el hecho de que Áñez fuera
aupada al poder mediante una conspiración cívico-militar reconocida de
manera abierta por uno de sus principales líderes, Luis Fernando
Camacho; y así se ha confirmado con el asesinato de manifestantes, el
cierre de medios de comunicación opositores, la instauración de las
detenciones arbitrarias como práctica cotidiana de ejercicio del poder,
la proscripción de líderes opositores de cara a los comicios venideros,
la negación de salvoconductos a los asilados, y los actos de
hostigamiento contra cualquier persona o entidad que la dictadura
considere non gratos, una de cuyas víctimas ha sido el cuerpo diplomático mexicano en Bolivia.
Tan preocupante es la situación en el país andino como sorprendente
el silencio de la comunidad internacional ante la conformación de un
régimen violento que da pasos acelerados hacia la prohibición absoluta
de cualquier disidencia. Más sorprendente resulta este cerrado mutismo,
si se considera la desenvoltura con que esa misma comunidad emite
opiniones e incluso sentencias acerca de la manera en que deberían
conducir sus asuntos internos otros Estados.
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