Nueve de cada diez
chilenos no tienen confianza en los partidos políticos. Esa es una
situación impactante, y más cuando son los políticos los que deberían
encaminar el proceso hacia una nueva Constitución, el mecanismo más
urgente para superar la crisis que quedó en evidencia desde octubre de
2019. Estos y otros resultados arrojó la muy reciente encuesta del CEP
(Centro de Estudios Públicos), confirmando la debacle de la política
convencional, pero también dejando en claro que esa crisis es más
profunda de lo que asume buena parte de la clase política, sea por
derecha como por izquierda (1).
Esta nueva evaluación muestra que
Chile enfrenta unas tensiones que sólo pueden ser descritas como
brutales. Es que la salida a la crisis por medio de una nueva
constitución que deje atrás definitivamente las herencias pinochetistas,
está en manos de políticos, pero casi nadie los respalda. El 98% de los
chilenos desconfía de los partidos, el 97 % del congreso y el 95%
descreen del gobierno. La política convencional ha quedado en manos de
una minúscula minoría a la que casi nadie apoya.
A pesar de
ello, los partidos políticos que sostienen al gobierno siguen
insistiendo en que una de las salidas puede ser una convención
constitucional “mixta”, con un 50% de parlamentarios. No entienden que
los congresistas apenas reciben un 3% de confianza. El sentido común
demandaría centrarse en la otra opción, una convención con
constituyentes específicamente elegidos para esa tarea, y sobre todo
provenientes de movimientos sociales. De todos modos, esos políticos
convencionales ya están entorpeciendo o bloqueando la postulación de
candidatos independientes. Lo hacen de varios modos, como exigirles los
mismos mecanismos que usan los partidos políticos, desatendiendo la
paridad de género, impidiendo que exista representación específica para
los pueblos originarios, y hasta entorpeciendo el acceso a la
televisión.
Al mismo tiempo, Sebastián Piñera, quien de alguna
manera sigue coordinando acciones para salir de este atolladero, se
sumergió en el más bajo nivel de apoyo público a un presidente en el
continente: sólo el 6% de los chilenos lo respaldan. Esto es menor que
las adhesiones a Dilma Rousseff en Brasil (7 %) cuando se trataba su
destitución; y también menos que las recibidas por Fernando de la Rúa en
Argentina (8%) al tiempo de huir en helicóptero desde la casa
presidencial. Dicho de otro modo, casi todos los chilenos desconfían o
creen incapaz a la persona que debería mostrar los caminos de salida a
la crisis.
Ni siquiera los partidos políticos de la oposición
parecen entender esta problemática ya que repiten posturas que los
siguen alejando de los reclamos ciudadanos. Por ejemplo, para enfrentar
la protesta en las calles, los parlamentarios de la coalición de
gobierno están aprobando una “ley antisaqueos” con duras penas. En ella,
acciones como la interrupción de la libre circulación de personas o
vehículos mediante violencia o intimidación o la instalación de
barricadas, pueden ser penadas de 61 días a casi un año y medio de
prisión; y los que lanzan objetos cortantes, punzante o contundentes
(como una piedra), pueden ser encarcelados hasta por tres años (2). Es
una norma durísima, que criminaliza la protesta, pero que de todos modos
recibió votos de apoyo de parlamentarios opositores, e incluso de
aquellos que se llaman a sí mismos de izquierda en Chile, como el PPD de
Ricardo Lagos o legisladores del Partido Socialista.
Esto
permite entender que el descrédito no afecta únicamente al presidente
sino que golpea a todos los demás actores en todo el espectro
ideológico. Según la encuesta del CEP, las evaluaciones negativas
superan largamente a las positivas en líderes de la derecha política,
como Jacqueline van Rysselberghe de la UDI (74% de imagen negativa o muy
negativa frente a 6% positiva, lo que la ubica como la peor evaluada,
incluso por debajo de Piñera). Pero la oposición política también es
castigada por la opinión pública. Por ejemplo, Camila Vallejo, diputada
por el Partido Comunista cosecha un 61 % de imagen negativa. Los líderes
más jóvenes que ilusionaban con una renovación desde la izquierda al
provenir del movimiento estudiantil, sufren el mismo padecimiento:
Gabriel Boric recibe un 46 % de imagen negativa y sólo un 19% positiva, y
Giorgio Jackson, líder de Revolución Democrática y uno de los
promotores del Frente Amplio, tiene 49% de imagen negativa y 19% de
positiva.
Más allá de los límites de encuestas como las del
CEP, y la calidad de esos indicadores, lo que parece evidente es que las
mayorías ciudadanas no sólo no se sienten reflejadas en los dichos y
acciones de los políticos, sino que cada vez más desconfían de ellos. El
problema es mucho más agudo para las izquierdas, ya que se esperaría
que sintonizaran mejor con las demandas en las calles.
De
hecho, el viraje hacia la izquierda que ocurrió en varios países vecinos
a inicios de los años 2000 fue el resultado de severas crisis en
gobiernos conservadores o neoliberales, y que incluyeron estallidos
sociales en algunos casos. En esos países, las izquierdas escucharon,
aprendieron, aprovecharon y lideraron esos procesos, y por ello
vencieron en las elecciones. Es cierto que una vez alcanzado el
gobierno, esos grupos político partidarios transitaron desde aquella
izquierda al progresismo, como sucedió en Ecuador con Alianza País con
Rafael Correa, o en Bolivia con el Movimiento al Socialismo con Evo
Morales. Pero ese progresismo se conformó como resultado de un largo
proceso que tuvo lugar mientras estaban en el gobierno, alimentado entre
otras cosas por repetidas concesiones al economicismo convencional o
los extractivismos.
Al contrario de esa evolución, parecería
que la izquierda chilena muta rápidamente al progresismo, sin haber
ganado el gobierno y estando en la oposición. Esto no es exagerado y
basta repasar la reciente carta de renuncia de casi 70 militantes al
Partido Socialista (PS), quienes claramente sostienen que su partido
“hoy vive la deslegitimación social más profunda de su historia”, por un
liderazgo que nunca asumió la voluntad de la militancia en favor de un
“programa antineoliberal y crítico al capitalismo”, y que se alejó de
los movimientos sociales, para sumarse a un “polo socialdemócrata
conservador”. La carta es lapidaria: “Chile despertó, pero el PS sigue
sumido en el letargo” (3).
Similares reclamos se escuchan desde
importantes líderes que actuaban dentro del Frente Amplio (FA). El
alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, expresa la raíz del problema: “No
entiendo cómo el FA prefiere dialogar con estos sectores autoritarios de
la derecha y no con los movimientos sociales”, y agrega que la derrota
de ese autoritarismo no se hará con la derecha sino “trabajando y
construyendo con la gente” (4). Sharp renunció en el pasado noviembre a
Convergencia Nacional, uno de los grupos del Frente Amplio, cuando su
líder, Gabriel Boric, se sumó al programa del gobierno para una nueva
Constitución.
Los analistas y académicos más cercanos a los
partidos y más alejados de los movimientos sociales no siempre parecen
interesados en estas paradojas, y siguen apostado a la clase política
convencional. Por ejemplo, el sociólogo y consultor Eugenio Tironi
estima que dado el bajísimo respaldo a Piñera, la alternativa es
"cogobernar" con el parlamento y en lo posible con los municipios, en lo
que llama un "semipresidencialismo de facto" (5). Pero esto lleva a
preguntarse si Tironi, como muchos otros académicos, realmente entienden
lo que esa altísima desconfianza significa, ya que su receta es
persistir con quienes gobiernan con el 97 % y 95 % de rechazo. No hay
novedad sustancial en ello. Por eso no puede sorprender que alabe a
Piñera, afirmando que "ha demostrado el tipo de ductilidad que se
adquiere en el mundo de los negocios y eso es meritorio para gobernar en
los tiempos" actuales. En esa afirmación se revela que Tironi, como
otros analistas, siguen apostando a una estrategia de gobierno como si
fuera un gerenciamiento empresarial; no es el país el que está en
crisis, sino la “compañía” y basta un buen “gerente” para lidiar con
ello. No habría una crisis profunda en los modos de concebir y practicar
la política como discusión pública, sino que lo que se padece es una
mala gestión.
Por el contrario, es más apropiado aceptar que el
estallido social de octubre de 2019 resulta de unas tensiones y
contradicciones mucho más complejas y profundas que un simple problema
de gerenciamiento. En ese sentido, está mejor encaminada Kathya Araujo,
al alertar sobre un “efecto de fisión” donde se rompen las adhesiones a
las normas e instituciones de la vida en común, prevaleciendo la
“desconfianza, la impotencia, la resignación o, en su versión más
preocupante”, el rechazo radical (6).
No se está frente a la
caída del respaldo o popularidad de algunas figuras políticas, o de un
partido, sino a un derrumbe generalizado de la confianza en todos y cada
uno de los políticos y de sus organizaciones. La gravedad es alarmante,
pero parecería que muchos todavía no lo entienden. Las tensiones que se
generan son brutales.
Es cierto que el rechazo a los modos
convencionales de la política permiten nutrir reclamos de cambios
profundos, como puede ser una nueva constitución, terminar con la
mercantilización de la seguridad social o la medicina, recuperar el
control sobre el agua, tomarse en serio la plurinacionalidad, y así
sucesivamente. Esa reacción contra la política clásica ha permitido
romper con mitos anquilosados, retomar debates postergados, alimentar el
activismo, y una apertura a alternativas de cambio que parecían
impensables hace unos meses atrás.
Pero a la vez, el rechazo
puede ser tan extremo y sostenido, que carcome las opciones de
construcciones políticas alternativas, justamente cuando más se necesita
de ellas. El proyecto de lograr una nueva constitución para que sea
exitoso requiere una recomposición del tejido político, un regreso de la
confianza. Esto no será sencillo ya que aunque amplios sectores de la
ciudadanía han “despertado”, los políticos convencionales y los gerentes
siguen actuando para silenciarlos. Es necesaria una apertura a la
pluralidad de los movimientos, y en lugar de criminalizarlos, callarlos o
inmovilizarlos, es urgente escucharlos, respetarlos y cobijarlos, ya
que es con ellos que se podrá reconstruir la confianza con la política.
Al mismo tiempo, esos movimientos también deben asumir desafíos: se
están acercando al momento en que deberán organizarse, coordinarse y
representarse para que sus voces se escuchen, deberán crear una política
a su medida para que sus demandas de cambio se realicen.
Referencias
1. Estudio Nacional de Opinión Pública N° 84, Diciembre 2019, Centro de Estudios Públicos, en: https://www.cepchile.cl
2. Senado aprueba “ley antisaqueos” con división opositora, F. Cáceres, La Tercera, 13 enero 2020, https://www.latercera.com/politica/noticia/senado-aprueba-ley-antisaqueos-division-opositora/972665
3. Siguen las renuncias en el PS: 70 militantes dejan el partido con
críticas a la directiva de Elizalde, El Mostrador, 16 enero 2020, https://www.elmostrador.cl/dia/2020/01/16/siguen-las-renuncias-en-el-ps-70-militantes-dejan-el-partido-con-criticas-a-la-directiva-de-elizalde
4. Jorge Sharp: “Tenemos que ver cómo aprovechamos el
proceso constituyente para ir por todo”, entrevista de F. Cáceres, La
Tercera, 18 enero 2020, https://www.latercera.com/politica/noticia/jorge-sharp-alcalde-valparaiso-tenemos-ver-aprovechamos-proceso-constituyente-ir/978600
5. Eugenio Tironi: “Piñera ha demostrado una capacidad de
dominar su propio ego que era bastante inimaginada”, entrevista de F.
Artaza, La Tercera, Santiago, 19 enero, https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/eugenio-tironi-pinera-ha-demostrado-una-capacidad-dominar-propio-ego-bastante-inimaginada/978621
6. Katya Araujo, "Desmesura, decepción y desapego", Santiago No 8, Universidad Diego Portales, diciembre 2019.
Eduardo Gudynas es analista en temas de desarrollo en CLAES (Centro Latino Americano de Ecología Social).
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