Pedro Miguel
Entre 1949 y 1954 el peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador de la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), permaneció 63 meses asilado en la embajada de Colombia en Lima, Perú, porque la dictadura militar de Manuel Odría se negaba a otorgarle el salvoconducto requerido para salir del país. A la postre, la presión internacional logró que el régimen accediera a dejarlo marcharse de la nación. El caso se volvió punto de referencia para la legalidad internacional y desde entonces los gobiernos, por opresivos y autoritarios que fueran, procuraron no incurrir en desfiguros semejantes.
Sin embargo, en el trágico septiembre de 1973, los matones que se hicieron con el poder en Chile, le pusieron el cañon de un fusil en las costillas al embajador Gonzalo Martínez Corbalá, quien encabezaba la representación mexicana en Santiago, como una forma de presión para obligarlo a que entregara a los cientos de asilados que se aglomeraban en el recinto diplomático; sin embargo, Martínez Corbalá no se dobló y logró sacarlos, vivos, del naciente infierno pinochetista, para bien de México, de Chile y de la humanidad en general. Con el correr de los años, el diplomático mexicano habría de testificar en contra de Pinochet cuando éste fue pescado en Londres a pedido de la justicia española para juzgarlo por crímenes de lesa humanidad.
El descrédito internacional no le importó gran cosa a los generales que interrumpieron violentamente la vida política argentina en 1976. El menos grave de los crímenes que cometieron fue impedir la salida del país al ex presidente peronista Héctor J. Cámpora, quien buscó refugio en la legación de México en Buenos Aires y se vio obligado a permanecer allí, gravemente enfermo, más de tres años. Hoy, los milicos que se encaramaron al poder son sinónimo de barbarie y en Argentina hay calles, plazas y un salón del Senado que llevan el nombre de Cámpora.
El 21 de julio de 1980 Bolivia sufrió un cruento cuartelazo en el que varios políticos opositores, entre ellos Marcelo Quiroga Santa Cruz, fueron asesinados y centenares de perseguidos buscaron asilo en diversas representaciones diplomáticas. Para el 20 de agosto, el embajador mexicano en La Paz, Bolivia, Plutarco Albarrán López, reportaba a la Secretaría de Relaciones Exteriores que había 69 refugiados en la residencia y 24 en la sede de la embajada. Sin decirlo expresamente, los militares gobernantes retrasaban la expedición de los salvoconductos con la intención de forzar a las autoridades mexicanas a que reconocieran al régimen de facto, cosa que nunca sucedió por la simple razón de que México no otorga ni niega reconocimiento a régimen alguno. A la postre, Luis García Meza, Luis Arce Gómez y otros de los matarifes que participaron en el golpe de julio fueron juzgados y condenados por sus crímenes en tribunales de Bolivia, Italia y Estados Unidos.
Manuel Odría, Augusto Pinochet, Rafael Videla, Luis García Meza: esos son los ejemplos que inspiran a las actuales autoridades bolivianas en su decisión de cercar la representación de México en La Paz con comandos de asalto y de acosar al personal diplomático de nuestro país. Su propósito explícito es perpetrar un atropello: capturar a nueve refugiados que ya recibieron asilo por parte del gobierno mexicano y que legalmente se encuentran, por consiguiente, fuera de la jurisdicción de Bolivia.
Pero más allá de lo expresado, la porfiada insolencia con la que los mandamases bolivianos del momento se han dirigido a nuestro gobierno, así como sus acciones inequívocamente hostiles hacia la legación diplomática, buscan obligar a México a que les otorgue su reconocimiento. Como en 1980, Jorge Tuto Quiroga, Luis El Macho Camacho, Jeanine Áñez, Carlos Mesa y otros cabecillas del actual régimen de facto boliviano ven en los refugiados en nuestra embajada a rehenes que pueden ser intercambiados por un acto de legitimación que no llegará nunca por la sencilla razón de que nuestro país ha recuperado la Doctrina Estrada, que por consiguiente no mantiene relaciones con gobiernos, sino con estadosy que, en consecuencia, no tiene por qué reconocer o desconocer a los primeros.
Pero los golpistas no sólo se caracterizan por su autoritarismo represivo y criminal, sino también por desconocer la historia; por eso, tarde o temprano acaban siendo juzgados, en sus países de origen o en otros. Y los gobernantes del momento en el país andino son responsables de crímenes mucho mayores que el de lanzar agresiones contra una embajada.
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