Uruguay
En
la primera vuelta de las elecciones nacionales, 27 de octubre, el
candidato del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, obtuvo una votación
del 28,6% y el candidato del Frente Amplio, Daniel Martínez, alcanzó un
39%. Dado que la legislación electoral exige para ser electo en la
primera vuelta el 50% de los sufragios emitidos (incluye votos en blanco
y nulos), se convocó al balotaje.
En la misma noche del 27 de
octubre dieron su apoyo público al candidato de la derecha en el
balotaje los líderes de la oposición: Ernesto Talvi, Partido Colorado,
con12,3% de los votos; el general retirado Guido Manini Ríos, de Cabildo
Abierto, con 11%; Pablo Mieres, Partido Independiente, 1%; Edgardo
Novick, Partido de la Gente, 1%.
El 5 de noviembre, la coalición “multicolor” de cinco partidos firmó un documento conjunto, el “Compromiso por el País” (https://partidocolorado.uy/documentos/compromiso.pdf),
haciendo constar que: representaban el 53% de los votos emitidos;
tenían 56 bancas en la Cámara de Representantes (integrada por 99
diputados); lograron 17 bancas en el Senado (integrada por 30 senadores y
el vicepresidente de la República).
Si en el balotaje (24 de
noviembre) todos los votantes de la coalición hubieran apoyado a Lacalle
hubieran obtenido más del 50% de los votos, sin embargo, fue 48,71% a
47,51%, lo que implica un cambio sustancial de preferencias. Cabe
destacar que las encuestadoras hasta el jueves previo a la elección
estimaban que la diferencia sería entre 5% y 7%, pero el resultado fue
de solamente 1,2%.
La reducción de diferencias se explicaría
por tres razones: dos de ellas refieren a técnicas de campaña –se pasó
de los actos masivos a la búsqueda de votos persona a persona; la
campaña para traer frentistas del exterior– la tercera, es la principal y
la políticamente más importante. Guido Manini Ríos1,,
senador electo por Cabildo Abierto, el partido de la corporación
militar, dirigió un video a las tropas identificando al Frente Amplio
como un enemigo de las fuerzas armadas y pidiendo que no lo votaran (https://www.youtube.com/watch?v=x8Qx5ewUqGs),
a lo que se sumó un comunicado del Centro Militar, típico de la guerra
fría, en un estilo Bolsonaro que llama a extirpar el marxismo, asumiendo
que el Frente Amplio es una fuerza marxista (https://www.martes.com.uy/comunicado-centro-militar).
Vale la pena considerar en este contexto las afirmaciones de una alta autoridad de las Fuerzas Armadas brasileñas: “Jair
Bolsonaro no es pura ideología, detrás de todo eso está la estrategia
de la cúpula de las Fuerzas Armadas de construir un presidente propio,
encargado de imponer lo que denomina una "nueva democracia". Esta
consistirá en un programa político ultraconservador y uno económico
ultraliberal, con los condimentos de una participación activa de los
militares en la vida política y la misión de arrancar de raíz a la
'izquierda que engaña a la sociedad". 2
También se difundió un WhatsApp (https://www.elobservador.com.uy)
enviado por un comando autodenominado “Barneix” en el que se amenaza a
los soldados: “Sabemos quién sos y contamos con tu voto y el de tú
familia para salvar a la Patria. Es una orden. Las órdenes se acatan y
el que no lo haga es un traidor. Sabemos como tratar a los traidores.
(…) Empezamos a volver”3.
Para completar el panorama, el Presidente del Centro Militar, que fue
candidato a diputado por Cabildo Abierto, declaró éste lunes que no
descarta que lo que está pasando en la región pueda pasar en Uruguay y
que las Fuerzas Armadas –que tienen “monopolio del uso de la violencia”–
están preparadas para actuar.
Este accionar de miembros de la
“corporación militar” generó un rechazo de la sociedad civil que se
expresó, no solo en un sorpresivo apoyo a la fórmula del FA, sino que
además fue cuestionado por dirigentes políticos, movimientos sociales y
periodistas de todos los medios de comunicación. El mensaje de la
sociedad fue claro: la democracia se respeta.
El nuevo escenario
A
pesar del apretado resultado de la segunda vuelta, el resultado final
de las dos elecciones es que la coalición de derecha tiene mayoría
parlamentaria en ambas cámaras y la presidencia del país, lo que implica
un cambio casi total en la elite gobernante.
Una
diferencia significativa entre la coalición perdedora y la ganadora, es
que el Frente Amplio nació en 1971 y tiene múltiples mecanismos para
garantizar el cumplimiento de las decisiones (disciplina partidaria), en
cambio, la coalición de derecha es un agrupamiento electoral, recién
constituido, y sin ninguna experiencia común de gobierno.
Dentro
del Frente Amplio hay un desplazamiento del voto hacia la izquierda: el
Movimiento de Participación Popular que dirige José Mujica, tiene 24
diputados y 6 senadores; el Partido Comunista y sus aliados tienen 2
senadores y 6 diputados; el Partido Socialista tiene 1 senador y 3
diputados, sumados son 8 senadores en 13 y 33 diputados en 42.
Debe destacarse, además, que el partido de la corporación militar,
obtuvo 3 senadores y 11 diputados por lo cual tiene un peso fundamental
dentro de la coalición “multicolor”, porque son la minoría que garantiza
la mayoría parlamentaria. Cabildo Abierto se inscribe en el avance,
tanto en nuestro continente como en el mundo, de los partidos de
ultraderecha, profundamente regresivos y desestabilizadores de la
democracia.
Uno de los puntos más relevantes del nuevo escenario es la modificación sustancial de la inserción geopolítica del país,
el nuevo gobierno plantea “La defensa de la Democracia y los Derechos
Humanos a nivel regional será promovida en el marco de la OEA y todas
aquellas instancias que busquen reafirmar tales objetivos (por ejemplo,
el grupo de Lima).” (Partido Nacional, Programa de Gobierno 2020-2025,
pg. 30, https://www.partidonacional.org.uy/).
Impulsaran una inserción económica internacional “libre de
condicionamientos ideológicos”, apuntando a priorizar: el acuerdo de
Asociación Estratégica con la Unión Europea; la flexibilización del
Mercosur, para posibilitar la firma de tratados de libre comercio con
terceros países sin necesidad del aval de los países miembros; las
relaciones con la Alianza del Pacífico.
A su vez, se mantendrá
la política de apertura a la Inversión Extranjera Directa, y se
continuará con la construcción de la cuestionada segunda planta de UPM,
sobre el Río Negro. Se plantean incrementar la inversión (básicamente
extranjera) a través de la Participación Público Privada, a través de “Modificar
el régimen, con el fin de reducir plazos legales, eliminar
superposiciones y costos burocráticos, aumentar los atractivos para
invertir…” (Punto 5, Compromiso por el País).
Desde el
punto de vista macroeconómico plantean un fuerte ajuste fiscal, proponen
reducir el gasto y no aumentar los impuestos. Esto reducirá, entre
otros, el personal que tiene vínculos laborales directos con el Estado y
el número de trabajadores tercerizados que se contratan a través de
empresas y ONGs. Elaboran un presupuesto “base cero”, que implica no
aumentar los gastos discrecionales, aquellos que dependen únicamente de
la voluntad del gobierno (insumos, inversiones, cantidad de personal,
etc.).
La asistencia financiera al sistema de seguridad social se tratará de reducir a través de “reformas
paramétricas del régimen jubilatorio por solidaridad intergeneracional
administrado por el Banco de Previsión Social, así como con perfeccionar
el pilar de ahorro individual” (p. 88, Programa del Partido
Nacional). Estas medidas implicarán pérdidas en el monto de las
pasividades de los trabajadores que se jubilen en el futuro.
Para reducir el costo país y lograr mejoras en la competitividad de
precios llevarán adelante un proceso devaluatorio que, como es obvio,
reducirá el poder adquisitivo del salario y las pasividades.
Los derechos de los trabajadores están en cuestión, en la medida que:
eliminaran el derecho de ocupación de los lugares de trabajo en el
sector privado (extensión del derecho de huelga); intentaran reducir el
contenido y ámbito de aplicación de los Consejos de Salarios; pretenden,
además, reglamentar el derecho de huelga y exigir personería jurídica a
los sindicatos.
En esencia podríamos sostener que el
“Compromiso por el País” y los programas de los partidos que integran la
Coalición de derecha se alinean con los planteos de las Cámaras
Empresariales (http://www.ciu.com.uy/innovaportal). Al respecto recomendamos ver el análisis crítico que presentamos en el Semanario “Voces” (http://semanariovoces.com/contra-el-manifiesto-del-capital-por-antonio-elias/).
Las responsabilidades del progresismo
Existen múltiples ejes de análisis para tratar de explicar lo sucedido:
errores en la estrategia electoral, malos candidatos, características
de la campaña, etc.; los medios de comunicación masivos se impusieron en
la población con una campaña favorable para la derecha; se perdió el
peso de los grupos del FA que competían por el centro político con los
partidos tradicionales, implosión del Frente Líber Seregni; las capas
medias pagaron el ajuste fiscal del tercer período de gobierno
(2015-2019) y los desheredados del sistema que –en la necesidad de
sobrevivir cada día, buscan la protección de los “poderosos” sin
importar el partido– fueron los más afectados por el estancamiento de la
economía y la pérdida de empleos.
Todas las razones señaladas
tienen una parte de la explicación, a nuestro entender el factor
fundamental es que el Frente Amplio hizo un corrimiento al centro
dejando de lado su programa. Recordemos qué en el contexto de una
importante crisis económica, el Frente Amplio alcanza el gobierno en
2004, que mantiene en 2009 y 2014, teniendo siempre mayorías
parlamentarias.
En el proceso para acceder al gobierno el FA
desdibujó su programa histórico de cambios, y en el contexto de una
estrategia “realista” incluyó una amplia política de alianzas para
captar el voto del centro político.
El FA en el gobierno no se
planteó en ningún momento aplicar políticas antiimperialistas y
antioligárquicas, no solamente como práctica sociopolítica limitada por
una determinada correlación de fuerzas, sino como sustento ideológico de
su accionar. Las definiciones programáticas se fueron diluyendo:
primero, en forma ambigua; luego, frontalmente para obtener el aval de
los señores del «mercado».
Los tres gobiernos del FA, con sus
matices y diferencias, se inscribieron dentro de las variadas opciones
de la institucionalidad capitalista para administrar la crisis.
Renunciaron a su lucha contra el neoliberalismo y asumieron las reformas
institucionales de “segunda generación” del Banco Mundial como si
fueran un programa superador del neoliberalismo. Los cambios son fuertes
en el plano electoral, mínimos o nulos en lo ideológico, pero en lo
económico e institucional se profundiza el capitalismo dependiente.
En el tercer gobierno trato de administrar la caída de precios
internacionales, el estancamiento productivo, el aumento del déficit
fiscal con un ajuste fiscal gradual sobre el salario directo e indirecto
de los trabajadores sin afectar al capital.
En efecto, la
modificación del ciclo económico mundial y su impacto en el precio de
las materias primas provocó una caída global de los ingresos del país.
Las políticas de conciliación de clases (socialdemocracia) requieren
recursos para atender los intereses del capital y del trabajo. Hasta el
2014 se mantuvieron con dificultades, pero luego el ajuste afectó
fundamentalmente a los trabajadores y no al capital.
La
inseguridad, el crecimiento de los delitos sobre las personas y la
propiedad, se transformó en un problema muy importante, que más allá de
que la población uruguaya esté en mejores condiciones de seguridad que
otros países del continente, lo que compara la gente es su situación
actual respecto a su situación anterior y, objetivamente, empeoró.
No se hizo ninguna política contra el capital transnacional, por el
contrario, se lo favoreció ampliamente (Ley de promoción de inversiones,
Zonas Francas, libertad absoluta para mover sus capitales). Tampoco se
hicieron políticas de preservación del ambiente, las cianobacterias
contaminan los ríos y las costas como consecuencia de los fertilizantes
que aumentan las ganancias del agro negocio.
Por último, lo fundamental, no hubo lucha ideológica contra los principios y valores del sistema socioeconómico vigente.
Esa falencia es una responsabilidad compartida, como señala Rubén
Montedonico (“Uruguay en el trance electoral”, Semanario “Voces”,
21/11/2019, pg. 23) “El FA, asimismo, cortó las poleas de trasmisión
que lo ligaron con sus bases y pasó a ser una mutualidad cupular donde
lo principal se debatió entre líderes; debe añadirse la escasez –en general– de una arquitectura clasista de la central sindical y el papel secundario de la universidad pública.”
Notas:
1
Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas desde el 2 de febrero de
2015 hasta el 12 de marzo de este año, cuando fue destituido por el
Presidente de la República, después de insubordinarse al
criticar a la Justicia Civil y al Poder Ejecutivo, ocultando
información que incriminaba a uno de los principales asesinos y
torturadores de la dictadura cívico militar (1973-1984).
3 https://www.elobservador.com.uy/nota/fiscalia-investiga-amenaza-del-comando-barneix-que-llego-a-miles-previo-al-balotaje-20191128113550?utm_source=planisys&utm_medium=EO-TitularesMediod%C3%ADa&utm_campaign=EO-TitularesMediod%C3%ADa2019&utm_content=9
Antonio ElíasMaster en Economía, Director del Instituto de Estudios
Sindicales Universindo Rodríguez (INESUR), miembro de la REDIU.
Artículo publicado en el #38 del Boletín “Nuestra América XXI. Desafíos y
alternativas”, del Grupo de Trabajo: “Crisis y Economía Mundial” del
CLACSO y en el Semanario “Voces”, 12 de diciembre de 2019, Montevideo,
Uruguay.
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